¡El Surgimiento de las Empresas de Seguridad y el padrinazgo
con el poder! |
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De acuerdo al documento "Diagnóstico
sobre Seguridad Privada en Centroamérica",
el surgimiento de las empresas de seguridad privada,
no se puede desligar de lo que se conoció como
la “época
fría” o “década
de los ochenta” y con lo que se desencadenó el
lucrativo negocio que representa para sus propietarios,
las empresas privadas de seguridad en Honduras.
El estudio realizado por
la Fundación Arias en el 2003 dice que en los
años
80 se acrecentó la violencia en lo interno de
la sociedad hondureña.
La amenaza de la seguridad
del Estado por la revolución Sandinista en
Nicaragua y la presencia guerrillera del Frente Farabundo
Martí para
la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador,
más los brotes de subversión en Honduras,
dieron paso a una carrera armamentista, sobre todo
en lo interno de las Fuerzas Armadas, aumentando
en más de un cincuenta por ciento el gasto
militar entre 1980 y 1990, cita el documento.
El imperativo de financiar la subversión,
dio lugar a que se desencadenara una ola criminal dirigida,
primordialmente, a obtener recursos para las actividades
de la guerrilla en la región. En esa época,
surgió además, una ola de secuestros
perpetrados por grupos guerrilleros que tomaban sobre
todo, como víctimas a los empresarios y a sus
familiares, a las casas de valores y a la banca privada,
de acuerdo al análisis.
Lo anterior repercutió en la necesidad
de brindar una respuesta a la seguridad de los sectores
de poder de Honduras. Es aquí donde se ponen
en boga los servicios de escoltas y guardias privados,
puestos ocupados en su mayoría por ex militares
o ex agentes policiales, señalan.
Precediendo y dando vida al lucrativo
negocio de la seguridad privada en Honduras, surgen
también los “convenios de servicios” entre la
banca privada y la entonces, Fuerza de Seguridad Pública
(FUSEP), órgano dependiente de las fuerzas armadas,
a través de lo que se conoció como Escuadrón
de las Fuerzas Especiales, colocando con ello a la
institución castrense, como el principal oferente
de este servicio en el país, dice el diagóstico.
Aunque por nadie son desconocidas las
millonarias ganancias que recibieron las Fuerzas Armadas,
por concepto de servicios de seguridad privada durante
esa época, estimaciones aproximadas presumen
que alrededor de unos 300 millones de lempiras entraron
a sus arcas en los casi ocho años que brindaron
seguridad privada al país, sin que esos
recursos financieros generados, se utilizaran para
el mejoramiento policial, de acuerdo a lo que estipulaba
el Artículo No. 6 de su Ley Constitutiva, que
le atribuía la función exclusiva de ejercer
la vigilancia privada en el país, dice la Fundación
Arias en su investigación.
En 1996 con el decreto número
229-96 emitido el 17 de diciembre, la policía
fue traspasada del mando militar al civil, con ello
las Fuerzas Armadas pierden el control, no solo sobre
la policía Nacional, sino también sobre
lucrativo negocio de la seguridad privada en el país.
Con la reducción de personal sufrida
por las Fuerzas Armadas entre 1987 y 1995, estimada
en unos 3 mil soldados y oficiales que pasaron a situación
de retiro, y con la cesanteada de más de 400
agentes de investigación que laboraron en la
desaparecida Dirección Nacional de Investigación
(DNI), florece aun más la seguridad privada,
pues la mayoría de esos militares y policías
encontraron fácil cabida en el negocio, según
cita la fuente.
¿Quién las regula en la actualidad?
Es en 1998 que a través de la
Ley Orgánica de la Policía, se comienza
a regular el marco legal de las empresas privadas de
seguridad, mediante la aprobación del Decreto
Legislativo número 156-98 del 28 de mayo del
mismo año.
En su Título IV, de los Servicios
Privados de Seguridad, la L ey de la Policía
establece los parámetros bajo los cuales se
autoriza la operación de los servicios privados
de seguridad. De igual forma designa a la Dirección
General de Servicios Especiales como la instancia encargada
de llevar el registro y extender licencias a las empresas
de seguridad.
Danilo Amaya, Coordinador de las empresas privadas de seguridad de la Secretaría de Seguridad. |
Sin embargo y pese a que desde 1998 existe un mecanismo de regulación, es hasta en febrero del año 2003, cuando las empresas privadas de seguridad comienzan a inscribirse y a pagar al Estado por el rubro, asegura Danilo Amaya, Coordinador de las empresas privadas de seguridad de la Secretaría de Seguridad.
“Antes de febrero del año pasado
no se hacía nada, no se rendía tributo
a nadie, precisamente por eso nos ha costado un poquito,
porque la gente ya estaba acostumbrada a que nadie
la regulara”. Según registros, en el país
operan más de 200 empresas de seguridad, las
que según
el artículo 95 de la ley de Policía,
tienen que pagar la cantidad de 100 mil lempiras
por la emisión de la licencia de operación,
además el pago de 10 lempiras como canon anual
y 20 lempiras anuales por cada guardia de seguridad
autorizado al 31 de diciembre de cada año.
Una vez cancelado el costo, la licencia
de operación se extiende por tiempo indefinido,
sin embargo y no obstante al esfuerzo realizado por
esta dependencia, existe en el país empresas
de seguridad fantasma que operan sin su respectivo
registro, “consideramos
que algunas no han continuado el proceso y tendrán
que cerrarse, estaríamos hablando de al menos
unas ocho”, aseguró Amaya, pese a que se presume
que ese número es mayor.
Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón. |
Para el presidente del Comité para
la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés
Pavón, la Ley de Policía no es suficiente
para regular a las empresas de seguridad.
“Están trabajando de manera
arbitraria, yo diría que esas empresas son
ilegítimas pese a que la Secretaría
de Seguridad les otorga un permiso, ese permiso está fuera
del marco legal porque hace falta un reglamento”.
Otro de los estipulados de la ley que
el defensor de los Derechos Humanos cuestiona es
el que establece que el número total de guardias
de seguridad de las empresas de seguridad no debe
sobrepasar el 15 por ciento del total de los miembros
activos de la policía. “Yo creo que eso
puede andar en unos 150 miembros o empleados o quizás
menos, pero aquí hay empresas que se han organizado
de tal forma que son cuatro personerías jurídicas,
pero de la misma persona, entonces talvéz tienen
800 en una, 500 en otra, no hay ninguna regulación
que logre marcar ese asunto”, agregó.
Grandes Ganancias vrs. míseros
beneficios
Durante años no existió ningún órgano
contralor de las empresas de seguridad, desde los
inicios de este negocio, se generaron y se siguen
generando millonarias ganancias a quienes viven de
este rubro, sin embargo, una de
las demandas más frecuentes que se escuchan
entre el personal que labora como guardia de seguridad,
es el raquítico sueldo que perciben por su
trabajo.
El salario de un guardia de seguridad de acuerdo al decreto 012-04 del 2 de abril del 2004, emitido por Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, es de dos mil trescientos veinte lempiras (L.2, 320.00), sin embargo con el incumplimiento del pago total devengado, los guardias de seguridad perciben una cantidad menor de la pactada.
Paradójicamente, los guardias
de seguridad que exponen sus vidas en sus puestos
de trabajo, no cuentan con un seguro que beneficie
o indemnice económicamente a sus familias
en caso de muerte.
Mary Isabel Salgado es guardia de seguridad de la empresa Servicios de Seguridad Lempira, SERSEL. |
Mary Isabel Salgado es guardia de seguridad
de la empresa Servicios de Seguridad Lempira, SERSEL;
a las siete de la mañana se le puede encontrar
muy amable y atenta en la Secretaría de
Salud, instancia gubernamental, donde presta su servicio
de vigilancia.
Ella asegura que en su empresa todo
está en orden, sin embargo dice, “nosotros
como vigilantes merecemos un seguro de vida, porque
nosotros estamos arriesgando nuestras vidas, el servicio
de guardia de seguridad es bien delicado, porque
uno trata con todo tipo de personas y hay personas
que son tranquilas y hay soberbias que hasta tratan
de pegarle y si es posible hasta de matarlo y uno
puede perder hasta la vida y talvéz por nada”.
Para Amaya, el problema radica en la sub valoración que se hace al trabajo de seguridad, incluyéndose su pago dentro de la categoría de salario mínimo, “¿qué sería lo apropiado?”, se pregunta, mientras el mismo responde, “que se haga un esfuerzo y que todos los empleados tengan un seguro de vida, pero eso no lo podemos imponer a las empresas”. La pregunta obligada que sobra es, ¿entonces quién lo hará? |
