Ultima actualización Viernes 10 Diciembre, 2004 1:32 PM
 
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Miles de guardias de seguridad en desamparo
Mario Vallecillo, guardia de seguridad de Delta Security Services
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Muy poco se ha escrito sobre las empresas de seguridad en el país y menos aún, sobre la serie de violaciones que contra los derechos de los guardias de seguridad se cometen. En Honduras, pese a contar con una Secretaría de Trabajo que en teoría vela por la seguridad de la clase obrera, los guardias son los trabajadores a quienes mayormente se lesiona su dignidad como empleados.

Hay empresas a las que se denuncia constantemente, pero en voz baja; todo mundo sabe que existen y nadie hace nada por cambiar sus reglas y con ellas cometen violaciones a derechos laborales, pagando cuando se les antoja e imponiendo jornadas extenuantes de trabajo.

Una de esas voces que corren por todos los corredores de la Secretaría del Trabajo y de los Juzgados de esa área y que nadie parece escuchar, es la de los empleados de la Delta Security Services, una empresa que comenzó a operar en el país desde 1996 y que actualmente provee el servicio de seguridad a una gran cantidad de instituciones del Estado, sin embargo así como se trata de una de las más grandes del país, es también una de las empresas que más quejas ha presentado en las instancias a las que recurre el trabajador para defender sus derechos.

Hice unos turnos a puro sol y ni agua se podía conseguir y trabajando 24 horas, ni comida se conseguía, hay supervisores que solo revisan una vez y a veces el reenganche que le dicen porque talvez el compañero no llega...uno sale cazando por ir a dormir, uno va halado porque uno ni comida camina porque el sueldo no le da, dijo Mario Vallecillo, un guardia de la empresa Delta Security Services, una de las más de 200 empresas de seguridad en Honduras.

Mientras Antonio López Sánchez, también guardia de seguridad de esa empresa dijo que “La primera vez que yo fui al ministerio del Trabajo, fue un inspector y solo fue a hablar y allí quedó todo, fuimos a denunciar que no nos pagaban todo el sueldo y no hicieron nada...he aguantado porque uno es pobre y no puede andar de empresa en empresa”, aseveró Antonio López, otro de los trabajadores de esa empresa de seguridad.

Antonio López

“A mi no me parecen, (las deducciones), pero usted sabe que uno lo hace por necesidad....ahora son mil lempiras, mil lempiras duelen, verdad y usted sabe que uno tiene familia y todo eso verdad, tiene que pagar la vivienda y a uno no le dan nada fiado”, dijo Antonio Pérez otro de los empleados de la Delta Security a quien no le pagaron completo su décimo cuarto mes de salario en este año.

Los testimonios son abundantes y no solo hablan del no pago de horas extras sino de deducciones injustificadas de salario, despidos verbales injustificados, pagos incompletos de sus aguinaldos,décimo cuarto mes, pagos de uniformes, no goce ni remuneración de vacaciones, jornadas extenuantes de 12 y 24 horas, en relación a lo que pasa en Delta Security Services.


Antonio Pérez

Si bien es cierto que el Código del Trabajo ya señala cómo un trabajador debe apoyarse en la Ley para que se le respeten sus derechos, en la práctica las instancias que tienen la potestad de accionar en favor de un empleado se queda corta en sus acciones.

Empresas de seguridad operan a su antojo

El rubro de la seguridad privada es uno de los más desprotegidos en Honduras en cuanto a protección de los derechos laborales y amerita la urgente intervención del Estado para restablecer a más de 15 mil guardias su dignidad como personas.

Hasta mayo de 2003 se contabilizaban unas 200 empresas de seguridad privada en el país, a estas alturas suman más porque el rubro ha crecido, pero de esas, menos del 50 por ciento se ha inscrito en la Secretaría de Seguridad, tal como está estipulado en la Ley de Policía, emitida por el Congreso Nacional.


Luz Eugenia Aguilar-ASEMSIPH

El no cumplimiento de esa obligación legal por parte de las empresas las hace operar a su antojo y la consecuencia inmediata es que quienes se enlistan en las filas de la seguridad privada para obtener un trabajo no tienen la opción de tener un salario digno sino que por debajo incluso del salario mínimo, esto último ha sido señalado por la Asociación de Empresas de Seguridad Privada e Investgación de Honduras (ASEMSIPH) a través de su presidenta,Luz Eugenia Aguilar.

La pasividad que el Estado ha demostrado para poner mano fuerte y obligarlas a cumplir con la Ley hace fácil el camino para todas las empresas que no están registradas porque les abre la posibilidad de no pagar los impuestos correspondientes y otras obligaciones como el respeto por los derechos laborales, estos últimos violentados también por la mayoría de las que sí están inscritas.

Pero hay que señalar también que el mismo Estado se aprovecha de su propia inacción y pasividad, pues a través de licitaciones públicas para contratación de servicios de seguridad, pretende ahorrarse un poco de dinero al darle el contrato a aquellas empresas que presentan los precios más bajos, en detrimento de los derechos laborales de miles de guardias de seguridad. Cómo decirle responsabilidad, cómo se va a investigar por sí solo. Incluso hay renovaciones de contratos porque los precios bajos se mantiene, un ejemplo es el afirmado Moisés Quan, jefe del Departamentos de Sevicios Generales de la ENEE .

ASJ inicia investigación sobre este tema

Esta problemática fue conocida por la Asociación para una Sociedad Más Justa, a finales de julio de este año, con denuncias de varios guardias de seguridad de la compañía Delta Security Services, que a medida que avanzaban los días llegaban más y más aseverando que permanecían laborando en condiciones laborales muy precarias.


Eda Velásquez

"En este caso pudimos constatar que varias de las demandas estaban en una situación casi de abandono, casi a punto de caducar, no creo que sea tanto por la falta de interés de los procuradores, sino porque en la misma ley existe la ausencia de supervisión y de obligatoriedad para que las empresas puedan cumplir con los derechos de los trabajadores", dijo la abogada Eda Velásquez, representante de la ASJ y que está a cargo del caso.

La Delta Security Services, tiene domicilio en La Ceiba, pero con empleados a nivel nacional y en especial en las instituciones del Estado: Empresa Nacional de Energía Eléctrica(ENEE); Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); Secretaría de Educación y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

En Tegucigalpa Revistazo.com trató de que la empresa en mención pudiera dar su versión, pero sus delegados en esta capital no se dejaban ver para evitar a toda costa que los entrevistáramos para saber el por qué se estaban dando esas condiciones.

La Secretaría del Trabajo por su parte a través de sus funcionarios, argumentó sentirse con las manos atadas para concluir los casos y terminar la investigación de reclamos de muchos trabajadores que aseguraban haber sido despedidos verbalmente y en forma ilegal, sin una nota por escrito de ese acto que se repetía una y otra vez.


Lesvy Chinchilla-Directora Regional Trabajo

Los funcionarios invocan una y otra vez su papel conciliador a pesar que sabían a ciencia cierta de las violaciones laborales y de la renuencia de la empresa a llegar a las citas de conciliación, a pesar de estar en el propio domicilio de esa compañía en La Ceiba, donde la Directora Regional de Trabajo, Lesvy Chinchilla dijo sin asomo de asombro que todas las compañías de seguridad violaban los derechos laborales y sin empacho enumeró algunas de las violaciones.

De acuerdo al criterio de los ex sindicalistas Gladys Lanza del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE) y Oscar Rodríguez , de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), hay muchas fallas en la Secretaría del Trabajo que facilitan la violación de los derechos laborales de los trabajadores, “el ministerio da por bien hecho lo que dice el patrón sin investigar si efectivamente las planillas con los salarios es efectivamente el dato que se les paga a los trabajadores”, expresó Rodríguez.


Oscar Rodríguez

“Eso no es viejo, eso es reciente, se demuestra en casos de las maquilas, es decir que no hay una posición de la Secretaría en defensa de la justicia, por el hecho de considerar solamente la institución como un ente literalmente mediador, la letra muerta de la Ley, pero esa conciliación tiene que ir involucrada con la justicia si no ¿qué estamos haciendo desde esa instancia?”, dijo Lanza.

Pero para Anibal Sandoval, Procurador General de la Secretaría de Trabajo, la falta de presupuesto les dificulta movilizarse para citar a los patronos, porque el gobierno mantiene una política de austeridad en el gasto público lo que ha impactado para que en esa dependencia se cumplan con las funciones encomendadas, permaneciendo inamovibles los casos en lo referente a la Delta. Sin embargo menciona lo importante que ha sido para solventar el problema, la intervención de la Asociación para una Sociedad más Justa.


Anibal Sandoval

En la capital, algunos casos agotaron el trámite administrativo de Trabajo y continuaron en los juzgados donde en los libros de entrada de los Juzgados Primero y Segundo de Letras del Trabajo , hay muchos expedientes que no han sido cerrados porque no se había podido citar a los representates de la empresa, pues su domicilio está en La Ceiba y en la capital no tenían una sucursal.

ASJ acciona en el Estado de Derecho, Secretaría de Trabajo responde

Para hacer incidencia y lograr cambios a favor de los guardias de seguridad de Delta Security Services, la ASJ decidió actuar y fue el 06 de septiembre que esta organización presentó una solicitud de investigación completa de esa empresa, ante la Inspectoría General de Trabajo donde solicitaba que "CONSTATEN CONDICIONES LABORALES. LEVANTAMIENTO DE ACTAS. LIBRAMIENTO DE COMUNICACIÓN. RENDICIÓN DE INFORMES. APLICACION DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO". La respuesta de Selvin Martínez, Inspector General de Trabajo fue rápida, la diligencia con que actuó en este caso facilitó las acciones. Ahora él dice que esa dependencia a su cargo vigilará lo que sigue.


Selvin Martínez

Martínez, giró instrucciones a la regional en La Ceiba para que iniciaran las investigaciones, la nota fue entregada por tres delegadas de ASJ, el 16 de septiembre a Sotero Mejía, Jefe de Inspectores de La Ceiba y éste nombró al inspector Marlon Sánchez para que hiciera la inspección el 17 de septiembre.

Sánchez llegó a las oficinas de Delta Security Services, en la colonia Carmen Elena, pero su trabajo no fue cubierto en su totalidad tal como le fuera ordenado pues no revisó libros, ni documentos de la empresa sino que levantó un acta solo con la versión que le diera el jefe de recursos humanos, Roberto Fúnez, ante esos resultados que no cubrían casi en nada los elementos de la solicitud de inspección completa de la empresa, la ASJ presentó otra petición, esta vez de una ampliación de la petición anterior, el 23 de septiembre, siendo resuelta positivamente por Martínez quien nombró tres inspectores.

Ellos procedieron a realizar la inspección el 29 de septiembre, en las oficinas de La Ceiba, encontrándose con la renuencia de la empresa a dejarse inspeccionar porque argumentó que no le avisaron con tiempo y en ese momento realizaba una auditoría. Los inspectores levantaron un acta con la respuesta de la empresa y la autorización para realizar entrevistas a sus guardias tanto ese lugar como en Tegucigalpa y además se fijó el 25 de octubre para evacuar la solicitud de ASJ que vigilaba el proceso con dos delegadas que desplazó a aquella ciudada para verficar el cumplimiento de la Ley.


Inspectores de Trabajo

Secretaría de Trabajo toma cartas en el asunto

El 26 de octubre nuevamente los tres inspectores viajan a La Ceiba, ASJ siempre llega al lugar para constatar que la Ley se hiciera efectiva y la solicitud de ASJ fuera cumplimentada. Antes habían entrevistado alrededor de unos 70 guardias de seguridad de esa empresa.

Hay que señalar que los ejecutivos de Delta y en especial Roberto Fúnez se mostró muy estresado y hasta enojado cuando delegadas de ASJ llegaron a las oficinas de Delta donde ya se encontraban los inspectores. La puerta esta cerrada para esta organización, pero lograran entrar aunque no fueran bienvenidas.

Los tres inspectores permanecieron del 26 de octubre hasta el 29 de octubre haciendo su trabajo, revisando planillas y libros para constatar las denuncias. Aunque había un ambiente tenso y a ellos se les miraba un poco nerviosos, lograron culminar el trabajo encomendado, ante la persistencia de ASJ que estaba pendiente del proceso.

Delta dispuesta a rectificar

Previo a eso la empresa hacía algunas correcciones en sus actuaciones como el venir a la capital a cumplir con los reclamos que se le tenían en la Procuraduría de Trabajo y nombrar un gerente regional para abordar los casos en Tegucigalpa. Alrededor de nueve personas lograron que por lo menos sus derechos adquiridos les fueran pagados. Solo uno de ellos logró que se le pagaran prestaciones, Lucas Avila, cuyo caso permaneció por más de un año, con el acompañamiento de Carlos Ayala, procurador del Trabajo.

Solicitaron unas dos reuniones a ASJ para continuar abordando la problemática, podemos destacar aquí que de una u otra forma la Delta ha mostrado interés de cambiar las cosas a pesar sus ejecutivos han dicho una y otra vez que solo ésta es investigada y no otras o que la ASJ podía formar parte de una campaña de la competencia para dañarles la imágen.

Pero poco a poco se dieron cuenta de que las cosas no iban en ese sentido sino orientadas a mejorar las condiciones laborales no solo de los guardias que nos dieron sus testimonios porque el beneficio sería de las de 800 empleados que tiene la empresa.

En una reunión sostenida entre las delgadas de la ASJ con Richard Swasey y Roberto Fúnez, el 27 de octubre anterior, el primero dijo que su empresa estaba en toda la disposición de rectificar, se discutieron los reclamos y hubo un compromiso de llevarlos a la práctica. Fue una entrevista de las más tensas, en el interior de una empresa de seguridad donde lo que más abunda son armas.

Sin embargo hay buenas noticias, la empresa continúa dando indicios de que en efecto quiere rectificar, su gerente propietario Richard Swasey, argumentó desconocer a ciencia cierta el problema y se quejó de sus mandos intermedios y de un apoderado legal ya despedido, por no resolver los casos de reclamos, por lo que nombró otro apoderado legal para ese asunto.

Todavía no tenemos los resultados de la inspección, pero datos recogidos a través de las entrevistas con los empleados de Delta seguramente contenían sus reclamos, los que sirvieron de pilar de esta investigación que llevó más de tres meses.


Richard Swasey

ASJ logra que Delta firme acta de compromiso

El 03 de noviembre enmedio de reclamos de los personeros de Delta y un ambiente colmado de tensión, esos acuerdos fueron ratificados en Tegucigalpa, Delta solicitó una reunión en ASJ, allí llegaron su gerente regional Mario Castro, Roberto Fúnez y su apoderado legal Jacabo Cálix . Por parte de ASJ se planteó que esos acuerdos debían hacerse ante la Secretaría del Trabajo, instancia del Estado encargada de velar por el respeto de los derechos laborales, los delegados de Delta se comprometieron a dar respuesta a esa petición previa consulta con las altas autoridades de la empresa.

Unos días más tarde ASJ recibió respuesta positiva a la solicitud y después de dos oportunidades en que Delta no asisitió a la firma por diversos motivos, el acta fue firmada en Inspectoría del Trabajo ante la presencia de los inspectores Denni Arturo Carranza y José Ramón Barralaga, dos de los encargados de hacer la investigación sobre la empresa.

Por Delta estuvo presente Mario Castro, en su condición de gerente regional de esa compañía y por ASJ la abogada Eda Velásquez, quien presentó por la organización las solicitudes de inspección de la empresa.Castro dijo que su empresa había llegado a la conclusión que lo mejor es cumplir con la Ley.


Mario Castro firma acta de compromiso

Los puntos centrales del compromiso de Delta son: que Delta les devolverá el dinero correspondiente al pago de uniforme al momento de que ellos se vayan o sean despedidos; les harán efectivos todos sus derechos laborales, la empresa compartirá en un 50% el gasto por giro de los sueldos; se les pagará el bono educativo; se compromete a dejarse evaluar cada tres meses por la ASJ para ver los avances en de cumplimiento de lo acordado.(Vea contenido completo de compromisos firmados por Delta)

Revistazo.com publicará en las siguientes ediciones si en efecto, la empresa hizo efectivo los acuerdos a favor de los guardias de seguridad. Sin embargo, en manos de la Secretaría del Trabajo queda el solventar la problemática laboral de los guardias de seguridad en Honduras, sobre la que debe actuar de oficio.


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