En los próximos meses, el caso va a juicio oral y público, y se preparan las audiencias. Según dirigentes del movimiento social, la Fiscalía no tiene pruebas que ellos hayan participado en el asesinato de una familia de terratenientes por conflictos de la lucha por la tierra.

“Este caso es especial, donde se conjuga una lucha social por la tierra, una cuestión política, donde están de por medio los intereses más oscurantistas de la zona. La situación del caso es delicada ya que los jueces están coludidos con los terratenientes de la zona. No hay ninguna esperanza de ganar el caso por la vía judicial. Detrás del caso está la mafia de la zona, donde se conjugan intereses de terratenientes, jueces, fiscales, policía y la droga.” señaló el dirigente campesino, Rafael Alegría.

El juicio más que jurídico, es un juicio político. Las tierras que se disputan los campesinos con los terratenientes, fueron otorgadas a los campesinos a través de un decreto de ley emitido por el Congreso Nacional en 1990. El Estado las compró en 18 millones de dólares para fines de reforma agraria.

Todo el caso es paradójico porque las tierras le pertenecen a los campesinos y están presos. El movimiento social y popular a través de la Coordinadora Nacional Resistencia Popular (CNRP) ha decidido tomar este caso como bandera de lucha popular por la libertad de los compañeros campesinos, afirmó Alegría. 

Solamente la presión popular va a  ganar la lucha por eso la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) acordó en el último conversatorio impulsar manifestaciones públicas en Tegucigalpa, Trujillo, Ceiba.

El 19 de febrero es la primera marcha popular en Trujillo, donde participarán organizaciones populares de todas las regiones del país.

Para los próximos meses estarían llegando a Honduras organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional para estudiar el caso.

Datos tomados de COMUN-Noticias