Tortura, intimidación y cárcel contra indígenas lencas en Lempira
La marginación y la pobreza, más la permanente lucha por la tierra en la que habitan desde hace más de 200 años les han convertido en uno de los sectores sociales más vulnerables de Honduras: ellos son parte de la etnia lenca que habita mayoritariamente en el departamento de Lempira.
Sus miembros han "bajado de la montaña" en más de cinco ocasiones a la capital de Honduras para exigir atención a sus problemas prioritarios.
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Han llegado para demandar escuelas, centros de salud y mejoramiento de la infraestructura carretera. Cosas que deberían de ser atendidas sin mayores reclamos de parte de esta población. También han venido para reclamar justicia en el caso de varios de sus compañeros presos en las cárceles de la zona acusados de varios delitos, que van desde el robo de ganado hasta la usurpación de bienes y propiedad privada. |
 Marcelino Miranda |
 Leonardo Miranda |
Por estas causas estuvieron presos más de dos años los indígenas Felipe Bejarano y Luis Benítez, declarados inocentes en sentencia definitiva el 30 de abril anterior por el juzgado de Gracias. Dos hombres más, los hermanos Leonardo y Marcelino Miranda, guardan prisión acusados de lesiones y atentados contra policías al momento de su captura y robo de ganado, entre otros delitos. |
La dirigencia del COPINH considera que estos solo son ejemplos de la cruda realidad que viven los indígenas en Honduras.
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Víctimas Como ejemplo, citan la persecución constante de que son objetos miembros del COPINH en Montaña Verde, un hermoso paraje natural, que se disputan terratenientes del sector. |
 Casquillos de balas encontrados en Montaña Verde |
Dos hombres de esta comunidad guardan prisión y otros dos fueron liberados el 30 de abril tras dos años de prisión. Ninguno de los delitos que se les acusaron fueron probados.
Otro caso que se denuncia es el asesinato, el 8 de mayo anterior, del dirigente de la étnia Tolupan en la Montaña de La Flor, Teodoro Martínez, de 50 años de edad, quien fungía como vicepresidente del consejo directivo de la tribu San Juan.
 Impacto de bala en casa de Montaña Verde |
En el atentado, perpetuado por desconocidos, resultó con heridas de bala uno de los hijos de Teodoro Martínez, Santos Modesto Martínez. Dirigentes de las agrupaciones indígenas consideran que ambos casos tienen como trasfondo la lucha por la tierra y los recursos naturales. En la Montaña de La Flor la problemática se ha agudizado por la creciente ambición de "ladinos" de querer apoderarse de las tierras de los indígenas y la demanda de agua en la zona, agudizada por la tala inmisericorde de bosques. |
En Montaña Verde -señala la dirigencia del COPINH- los problemas se dan por la ambición de un grupo de terratenientes que pretenden la posesión de más de 1000 hectáreas con un título de propiedad registrado en 1997. El antecedente más antiguo de este título se remonta a uno del 25 de junio de 1960.
Los indígenas basan sus reclamos y derechos de petición en el Convenio 169 de la OIT que les protege.
El abogados del COPINH, Marcelino Martínez, dice no asustarse con estas situaciones, las que más bien considera comunes. Señala que son muchos los que en el sector pretenden apoderarse de las tierras de los indígenas con títulos de orden privado.
"Son personas que se limitan a denunciar las tierras que pretenden y a solicitar su medición", explica el abogado Martínez.
"Nuestra lucha es ardua. Luchamos contra poderosos grupos de terratenientes y políticos, gente que haciendo uso de su acceso al poder quiere apoderarse de nuestras tierras", dice el dirigente indígena Silvestre Bautista.
Como ejemplo cita el de Montaña Verde. "Esas tierras nos pertenecen", dice con énfasis, "pero los terratenientes hacen uso de todos los mecanismos que están a su alcance para apropiarse de lo que no les pertenece".
"Los terratenientes acosan a los indígenas, les persiguen, les achacan delitos que no cometieron, les mandan presos", denuncia.
Montaña Verde es una pintoresca comunidad a la que se llega tras andar a pie más de cinco horas. La tierra aquí es propicia para la siembra de cafetales y la realización de otras actividades agrícolas.
En el sector habitan unos 800 hombres y mujeres, quienes han sufrido los peores vejámenes policiales en operativos montados para intimidarlos y capturar a quienes "han osado enfrentar el poder" organizándose para defender lo que saben les pertenece.
"Allí vivimos desde que nacimos, nuestros ancestros también, esas tierras nos pertenecen y por eso las pelamos, son nuestras, de nuestras familias", dice Leonardo Miranda, uno de los dos indígenas presos en el penal de Gracias, Lempira por un "rosario de delitos" que asegura nunca haber cometido.
Leonardo tiene 42 años, se dedica a la agricultura y es celebrador de la palabra. También es dirigente del COPINH en su comunidad. A él se le acusa de haber agredido a dos policías parte del operativo con una escopeta, lo que niega.
En el penal de Gracias recuerda que fue capturado, junto a su hermano Marcelino, en un operativo montado la noche y madrugada del 8 de enero.
"Fue una noche de terror", dice, "los policías llegaron tirando bombas lacrimógenas, amenazándonos, disparando para todos lados".
Dice que son inocentes de los delitos que les imputan. "Eso es mentira, nosotros no teníamos armas, entonces no pudimos disparar contra los policías", se defiende.
Libres La dirigencia indígena recibió la noticia con optimismo, pero a su vez anunció que estarán pendientes del curso de los juicios que se siguen a los hermanos Leonardo y Marcelino Miranda, aún presos en el penal de Gracias, y también que estarán vigilantes de amenazas de nuevas órdenes de captura en contra de otros miembros de la comunidad. |
 Felipe Bejarano |
 Silvestre Bautista |
Silvestre Bautista dice que estarían listas otras cuatro órdenes de captura más. "Este es un círculo vicioso, es la de no acabar. Nos liberan dos y nos capturan cuatro más, parece que siempre tendrán a alguien preso para intimidar a la comunidad", lamenta. "La liberación parece ser un acto de relevo, un cambio de víctimas", dice por su parte el abogado defensor de los indígenas, Marcelino Martínez. |
Martínez dice ser testigo de un caso grave de injusticia en Honduras en el proceso de defensa de dirigentes lencas presos por la comisión de "un rosario" de delitos. Lo que más reciente del proceso, señala, es la confabulación de los representantes del poder económico del sector con los del sector político y gubernamental en detrimento de los más pobres: los indios lencas.
Como ejemplo, cita la captura de dos de sus defendidos en un operativo policial que se realizó en horas inhábiles. "Un acto que es prohibido, es inconstitucional", señaló.
Dijo que durante el operativo, los ejecutores del allanamiento nunca presentaron la orden judicial respectiva y que tras el mismo, los dos hombres capturados fueron salvajemente golpeados. Los partes médicos que se realizaron así lo prueban. Los hombres presentaban traumatismos múltiples, uno de ellos llegó inconsciente al hospital. Los policías se justificaron diciendo que el hombre se cayó del carro en que lo trasladaban a Gracias.
Cuenta que en muchas ocasiones se ha intentado cambiar los partes médicos y lamenta el papel de los fiscales asignados en el sector, quienes, dice, a todas luces actúan en confabulación con los terratenientes de la zona que buscan apoderarse de las tierras de los indígenas.
Acusa a los fiscales Benjamín Lavaire y Virgilio Carías de actuar premeditadamente en contra de sus defendidos. Están ocultando información y protegiendo a las personas que torturaron a los indígenas, dice.
Esta es una de las razones por la cual la dirigencia del COPINH dice que entablará denuncias criminales en contra de Lavaire y Carías.
Tras presiones de la comunidad lenca, el gobierno integró una comisión para investigar lo actuado en Montaña Verde. El Ministerio de Seguridad retiró a su representante de la misma, al denunciarse que éste llegó al penal a intimidar a los indígenas presos.
Los lencas habitan una de las zonas más pobres de Honduras: El Informe de Desarrollo Humano del año 2002 dice que Lempira, junto a los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Intibucá y Copán conforman la región (occidental) con "mayores privaciones humanas" en el país.
A pesar de los avances políticos y de fortalecimiento de la democracia que registra el país en las últimas décadas, es evidente que en esta región no se han reducido los índices de pobreza y mucho menos generado oportunidades para que esta población pueda aspirar a mejores condiciones de vida, agregan.
El padre Lucio Amaya dice que ésta es una zona con graves problemas. "Problemas de agua, de salud, de educación, destrucción de los bosques, malos alcantarillados, en fin, todos los problemas, las diferentes enfermedades, la desnutrición, es la zona del país con más altos índices de desnutrición y mala atención en salud".
"Aquí se está minando la población con la pasividad del gobierno", señala el religioso.
No hay políticas
Sobre el tema, el padre Lucio Amaya dijo que "el gobierno no tiene
políticas de atención a la problemática indígena.
Aquí toda la vida ha sido zona abandonada. El gobierno jamás
se ha acordado, aquí solamente se acuerdan cuando quieren el voto,
después de eso está totalmente olvidado".
Insistió en que los indígenas lencas viven una situación bastante grave, de abandono, de marginación y de engaño.
"La zona lenca está marginada. Lempira es de los departamentos más olvidados y marginados en Honduras y de las comunidades más marginadas es especialmente esta tribu lenca", señaló.
Sobre el problema de Montaña Verde, dijo que éste tiene como trasfondo "que el pobre no tiene derechos en este país, lastimosamente. Se le irrespeta, aunque él tenga la razón o esté en el derecho, siempre se le irrespeta".
Consideró que los terratenientes se confabulan con las autoridades para querer despojar a los indígenas de lo poco que tienen. "Aquí hay todo un pueblo que merece ser respetado, escuchado, que se aplique la justicia tal como debe de ser, sin favorecer solo a los grandes", demandó.
Intimidaciones
Los dirigentes y la comunidad lenca coinciden en expresar su temor por
la continua amenaza en contra de sus vidas. "Ya no podemos vivir
en paz en nuestras comunidades. Tenemos miedo de que nos lleguen a matar,
a capturar", dijo Bautista.
"Somos desalojados a media noche de nuestras viviendas, nuestros niños son amenazados junto a sus padres y tratados como prisioneros de guerra y torturados sicológicamente", dijeron en una solicitud de asilo político (que les fue denegada) cuatro mujeres de la comunidad.
 Luis Benítez |
"Pero nosotros no tenemos otro lugar adonde ir. Hoy volvemos a nuestra comunidad, allí nacimos", dijeron a REVISTAZO.COM Felipe Bejarano y Luis Benítez tras obtener su libertad la tarde del 30 de abril pasado. Cargando dos bolsas plásticas en las que portaban sus escasas pertenencias salieron de la cárcel, en la que estuvieron por delitos que la justicia probó que jamás cometieron. |
"Este es un ejemplo de que no mentimos, que nuestra lucha es real, por eso nos mantendremos siempre de pie, exigiendo al gobierno, a las autoridades respeto para los derechos de los indígenas", dijo Bautista.
Otra visión del problema
Sobre el tema, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón
Custodio López, dice que "en el caso de Montaña Verde
hubo violación a las leyes del país en contra de bienes
de otras personas que fueron debidamente indiciados y en un acto de captura
se revelaron contra la autoridad" y que el personal del CONADEH en
Gracias "dio fe" que los indígenas capturados en el operativo
"no habían sido maltratados,
de que todo se había hecho y que el uso de la fuerza era después
de un guardia herido o muerto, o algo así".
"Había orden de captura y se quiso ejercer la orden porque él era un prófugo, son prófugos, y los prófugos tienen que someterse a la autoridad (...) cualquier prófugo puede ser capturado en cualquier parte a cualquier hora", agregó.
Por su parte, el subdirector de fiscales, Eduardo Villanueva, dice también que un informe de la Supervisión Nacional del Ministerio Público concluyó que los fiscales asignados al caso "actuaron con apego a los procedimientos y normas legales que rigen el país".
Villanueva no dio detalles del informe en mención, sin embargo, comentó, contrario a lo expresado por Custodio López "que una orden de aprehensión no puede ejecutarse a las 12 de la noche" como han denunciado los indígenas.
Los dictámenes médicos realizados a los detenidos confirman en el operativo de Montaña Verde se cometieron abusos contra la comunidad y los detenidos.
Pero será el endeble sistema de justicia el que al final decidirá que pasó en Montaña Verde la noche y madrugada del 8 de enero del 2003. Entre tanto, dos hombres aguardan en la prisión juicios justos y expeditos. Leonardo y Marcelino confían plenamente en su libertad, aunque están concientes que no será fácil pues las pruebas en su contra se fabrican y se destruyen día a día.
Otros dos, Felipe Bejarano y Luis Benítez han retornado a su comunidad, con sus familias, cargando, nada más, dos bolsas de plástico con sus escasas pertenencias dentro, entre ellas una Biblia en la que aprendieron a leer dentro del penal.
Ambos hombres guardaron prisión por más de dos años por delitos que no cometieron. Al abandonar el penal nadie les pidió perdón por el error cometido en su contra, el protocolo se limitó a la lectura de una carta definitiva de libertad.
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