| Subdirector de Fiscales
Villanueva fue fiscal especial de las Etnias y el Patrimonio Cultural antes de ocupar su actual cargo de Sub Director de Fiscales del Ministerio Público en Honduras. Explicó que el problema que confronta a los indígenas de Montaña Verde con los dos fiscales asignados en Gracias, Lempira tiene dos situaciones diferentes: una, dijo, la acusación criminal que los fiscales radicaron en contra de dos miembros de la comunidad que fueron denunciados por otros indígenas de Montaña Verde por comisión de algunos delitos que iban en relación con robo y daños. En este caso, dijo, los fiscales presentaron su acusación, la sustentaron con los elementos probatorios que creyeron que permitían que la decisión se mantuviera y la judicatura de Gracias absolvió a los indígenas y los declaró inocentes (Felipe Bejarano y Luis Benítez). Informó que los fiscales de Gracias iban a apelar la decisión del Juzgado de Letras "pero que la Dirección de Fiscalía estimó que la apelación no debía ser formalizada porque la sentencia del tribunal de primera instancia había sido apegada a derecho". Villanueva dijo, además, que un informe de la Supervisión Nacional del Ministerio Público concluyó que los fiscales asignados en el departamento de Lempira (Lavaire y Carías) "actuaron con apego a los procedimientos y normas legales que rigen el país" en el caso de la detención de los indígenas de Montaña Verde la madrugada del 8 de enero (en el caso de Leonardo y Marcelino Miranda). La dirigencia del COPINH y la defensa de los indígenas presos acusan a los fiscales de haberse parcializado con los terratenientes de la zona. El subdirector de Fiscales del Ministerio Público no dio detalles del informe final de los investigadores de este caso, incluso, dijo desconocer si en el mismo se estableció la hora en que se realizó el allanamiento. No obstante, indicó que una orden de aprehensión no puede ejecutarse a las 12 de noche como han denunciado los indígenas, sino que debe de ejecutarse en horas del día. Defensa de los fiscales "La actuación de los fiscales ha estado apegada al sistema procesal que permite su comportamiento", indicó. Ambos fiscales son señalados por la comunidad indígena como aliados de los terratenientes de la zona. Dijo, además, que la Fiscalía de las Etnias tienen avances sustantivos sobre la denuncia de agresiones, torturas, uso indebido de la fuerza en Montaña Verde y si hubo violación de las normas en los que los fiscales debían seguir y de las policías. Procedimiento abreviado "Nosotros lo que hemos establecido es la posibilidad de que vía un procedimiento especial (establecido) en el Código Procesal Penal se pueda resolver el problema desde el punto de vista legal mediante un procedimiento abreviado que permita mediante la aceptación por parte de los indígenas de la comisión del ilícito por el cual se les acusó originalmente puedan salir excarcelados vía algunas formulas jurídicas que las leyes permitan", dijo. "Es perfectamente legal, es posible y en el Ministerio Público hay la mejor voluntad de resolver el problema de la detención de los indígenas basándose en un procedimiento abreviado que los podría poner en libertad muy pronto", señaló. Los derechos de los indígenas "Esta es una lucha por la defensa de sus derechos que sin duda encuentra un obstáculo en el sistema procesal porque no se están cumpliendo las disposiciones normativas del convenio 169 (de la OIT)", indicó. A partir de la suscripción del convenio 169 se inicia un movimiento reivindicativo que ya tiene una sustentación jurídica fundamental para reclamar y defender los derechos de los indios. El Estado de Honduras todavía no diseña los mecanismos que garanticen el respeto a los derechos de los indios. Los derechos de los indígenas deben ser prioridad en las actuaciones del Estado de Honduras, teniendo en cuenta que son el sector más vulnerable de la población hondureña y sobre el que tradicionalmente ha pesado una marginidad mayor aun que la de los campesinos. El convenio 169 no podrá ser denunciado por el gobierno porque el mismo contempla que no podrá ser desconocido por el Estado sino hasta después de cumplidos de al menos 10 años. "Denunciarlo no es posible. El convenio está apegado a las normas constitucionales, forma parte de la estructura jurídica de defensa de los derechos humanos de la comunidad internacional y Honduras quedaría muy mal si asumiera la posición de denunciar un documento tan importante para la defensa de los derechos especiales de los pueblos indígenas de Honduras", dijo Villanueva. Consideró que hay elementos para pensar que el gobierno está queriendo hacer un esfuerzo para sistematizar acciones en defensa de los indígenas, pero reconoció que hay mucho por hacer, sobre todo crear una estructura estatal especializada para la atención de los derechos indígenas. La defensa de los derechos de los indios es un paradigma fundamental
para la democratización en Honduras, advirtió. |