INDÍGENAS MARGINADOS DE LA JUSTICIA EN HONDURAS
 Marcelino Martínez |
La aseveración de un ex embajador de Estados
Unidos en Honduras, Crescencio Arcos, de que en esta nación
centroamericana la serpiente de la justicia solo pica a los de pies
descalzos quedó evidenciada una vez más en este caso. Y esta historia se comienza a tejer con una acción judicial en contra de los pobladores de Montaña Verde que se realizó en horas inhábiles y la complicidad de un fiscal del Ministerio Publico que reportó a sus jefes superiores haber ido al lugar del conflicto, aunque nunca estuvo allí. |
El fiscal esperó el resultado de la operación en la comunidad de Potrerillos, comunidad distante unas cinco horas a pie desde Montaña Verde.
Los policías llegaron a pie a Montaña Verde, por ser este el único modo de acceso a la distante comunidad, para realizar un acto que “es prohibido, es inconstitucional, no se puede entrar a una casa después de las seis de la tarde ni antes de las seis de la mañana”, explica Martínez.
Durante el asalto, los policías ejecutores de la orden de allanamiento, al mando del teniente Tulio Henríquez, nunca entregaron este documento a los requeridos aduciendo que solo andaban una copia y que no podían deshacerse de ella. Además, en ningún momento se identificaron como policías o autoridad alguna, contraviniendo totalmente lo que establece el Código Procesal Penal.
Además, Henríquez iba designado como juez ejecutor, lo que le obligaba a proteger el domicilio a allanar, lo que incumplió. Y ese no fue un allanamiento, explica, fue una situación de guerra, no fue nada relacionado con el procedimiento de allanamiento que mandan las leyes de Honduras. La comunidad fue sitiada desde las 12 de la noche hasta las 6:30 de la mañana.
Estamos hablando de pequeños comandos policiales que llegaron a la comunidad, que se la dividen en sectores y empiezan a hacer ráfagas en contra de la comunidad, explicó.
Primero ametrallaron la sede del COPINH y luego se dirigieron a la casa de Leonardo Martínez. Comenzaron los gritos y los insultos a las personas de la comunidad, les llamaron guerrilleros, perros; sacaron a los hombres de las viviendas llamándoles delincuentes.
Fueron también a la casa de Marcelino Miranda. Lo sacaron a él con toda su familia de la casa, su suegra, los niños pequeñitos de tres, siete y nueve años de edad.
Al escuchar los disparos y los gritos de auxilio de las familias de Leonardo y Marcelino Miranda comenzaron a salir de sus viviendas otros vecinos, quienes se agruparon para venir a ver que sucedía.
Y ellos fueron recibidos con disparos sobre sus cabezas y la recomendación de que se retiraran del lugar. No querían testigos. Pero la comunidad fue testigo de lo sucedido y ahora cuentan con terror como los policías les gritaban a Leonardo Martínez “hoy es tu último día, venimos a matarte”.
A los detenidos se los llevaron a pie y en el camino les zambulleron en una poza de agua fría para que aceptaran su supuesta militancia guerrillera y la tenencia de armas.
Hay que resaltar que ese día la temperatura en la zona estaba a seis grados centígrados, es la época más helada en la zona y en el país, pero a los policías no les importó. Les amenazaban con los fusiles, les disparaban, les ahogaban en el agua fría (tortura conocida como el “submarino”).
Pero las torturas no terminaron allí, cuenta Martínez. Los dos hombres fueron golpeados en el trayecto a la cárcel de Gracias, Lempira, al grado de que Leonardo Miranda perdió la conciencia.
Marcelino Miranda llegó inconsciente al hospital. La versión policial al internarlos en el hospital es que el hombre se cayó del carro en que lo trasladaban y perdió la conciencia, misma que es cambiada en el contra interrogatorio de la audiencia inicial del juicio oral abierto por esta causa, donde los policías “aceptan haber hecho uso racional de la fuerza” para poder capturar a los detenidos.
En medio de la oscuridad y en la mañana, los vecinos de Montaña Verde dicen haber reconocido entre el contingente de policías a Brígido Benítez y a dos personas más que se dicen dueñas de las tierras. Estas personas andaban hasta con camillas para halar heridos.
Heridos que se dieron en medio de la refriega, y por causalidad los mismos eran policías.
De los hechos, los policías acusan a los lugareños quienes, aducen, les recibieron con fuego, aunque los partes médicos, que han tratado de ser alterados en el proceso, dicen lo contrario. Que los policías fueron heridos con armas que ellos mismos portaban.
Cambian las versiones
Y como era de esperarse, las versiones de los policías contradicen
la de los pobladores en los juicios abiertos en los tribunales de justicia
de la ciudad de Gracias, Lempira.
El responsable del operativo policial y juez ejecutor, Tulio Henríquez, dice que solo llevaban una orden de allanamiento y que por eso no entregaron la misma a los detenidos.
Niega que se haya realizado un allanamiento a las 2:00 de la mañana, como denuncian los afectados, pero no detalla la hora del operativo. También establece que los detenidos se entregaron solos. “La gente salió y nosotros les pusimos las chachas”.
La verdadera intención
Pero detrás de todos estos operativos y hostigamientos en contra
de los indígenas lencas, Marcelino Martínez cree que hay
un solo objetivo: destruir a la dirigencia y el movimiento indígena
organizado que lucha por la defensa de los derechos de esta población,
una de las más pobres de Honduras.
Basa sus sospechas en el estudio del informe policial donde acusa sin sustento alguno que la dirigencia del COPINH en Montaña Verde “es una banda de delincuentes armados con AK-47 que se dedica en la zona a robar ganado y asesinar personas”.
“Esa es la razón real por la que ellos se trasladaron a Montaña Verde desde la perspectiva policial, pero no querían ir si no llevaban el andamiaje del allanamiento de morada ordenado por el juez”, explica.
Triste papel de fiscales
El abogado defensor de los indígenas también se refiere
al triste papel de los fiscales del Ministerio Público, Virgilio
Carías y Benjamín Lavaire, en el caso.
Ambos, dice, están claramente confabulados con los terratenientes de la zona que quieren apoderarse de las tierras de los indígenas. Las actividades de Virgilio Carias y Benjamín Lavaire nos dan un mensaje a nosotros: ellos están tras bambalinas apoyando la posición de los terratenientes.
Los dos fiscales llevan las cinco causas en contra de los indígenas, pero han sido incapaces de ir al lugar de los hechos a investigar lo sucedido. Ni siquiera se apersonaron el día del asalto a la comunidad, aunque han reportado a sus jefes superiores que sí lo hicieron.
Aunque resalta que Carías estuvo presente en la sesión de torturas de que fueron objeto Leonardo Martínez y Marcelino Bejarano tras su captura, cuando eran trasladados al penal de Gracias, Lempira.
“Delante de Virgilio Carías les hicieron el submarino a los presos, y les quemaron las orejas y las encías con cigarrillos y no hizo ni ha hecho absolutamente nada”, expone.
¿Y hay pruebas de eso?, se le consulta, y responde: Don Marcelino le puede identificar plenamente y la gente que les siguió cuando les capturaron también.
Los fiscales, desconociendo los mandatos de ley, omitieron en el juicio los 10 testimonios que la defensa presentó ante ellos. Lavaire “está ocultando información y está protegiendo a las personas que torturaron a los indígenas”.
Ahora la defensa trabaja en una denuncia criminal en contra de los fiscales, que se han defendido de las acusaciones diciendo que las mismas son falsas.
Martínez dice que a los fiscales Lavaire y Carías se les debe acusar criminalmente “porque allí hay delitos que se cometieron. No son faltas administrativas. Allí hay responsabilidades penales que hay que deducir”.
Por eso no comparte la idea de recusar a los fiscales en mención de los juicios.
“Yo no estoy de acuerdo con recusar porque entonces queda la misma situación, no se castiga si solamente se le separa del juicio sigue igual, la actividad de él permanece igual, y va a seguir haciéndolo, entonces es mejor acusar criminalmente y ver que resultados hay o se desenmascara este sistema de que es lo que está sucediendo”, dice.
Marcelino Martínez también reciente del papel del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en este caso. “Es nulo totalmente”, expresa.
Dice que ni siquiera conocen al delegado del CONADEH de Lempira. Lo cierto es que hemos querido tener contacto con ellos pero no ha sido posible.
Desvinculados
Martínez dice que la población de Montaña Verde “está
como desvinculada del ambiente del derecho que se vive en otras partes
del país”.
“La gente siente que es tan volátil la cuestión de sus derechos porque es lo que ha aprendido en la práctica, como si no fueran parte de un Estado de Derecho, como que vivieran en una isla donde los terratenientes tienen mucho poder y donde se dan relaciones cuasi feudales, incluso hay indígenas que están al servicio total del terrateniente”.
Y como ejemplo cita los de Brígido Benítez y Demetrio Benítez, dos de los supuestos dueños de Montaña Verde.
“Ellos no son de afuera, son del sector del Vertiente y viven en Mejocote ahora, y tienen las características físicas de los indígenas lencas, pero son de los que fueron convencidos por parte del terrateniente para prestar sus nombres y para ser ellos la punta de lanza en contra de sus mismos cimientos”, explica Martínez.
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