Jubilaciones en la era de los bancos quebrados
Los viejos en Honduras sobreviven en condiciones deplorables

El evidente desinterés del Estado en la implementación de políticas de previsión social esta condenando a mas de medio millón de hondureños a vivir su vejez en condiciones deplorables. La situación es tan grave que directivos de institutos de previsión revelan que las pensiones y las jubilaciones en Honduras son irremediablemente "un lanzamiento a la pobreza" ya que en su mayoría no alcanzan siquiera para la cobertura de la canasta básica familiar.

"En el país hay jubilados con asignaciones mensuales de 200,400,800 y 2000 lempiras, y hay que imaginarse lo que eso significa", dice sobre el tema el director del Instituto de Previsión de la Universidad Nacional (INPREUNAH), Warren Valdemar Ochoa, quien considera que esta es una situación que te lanza "irremediablemente a la pobreza".

Estudios de organismos de Naciones Unidas en Honduras coinciden en señalar que un 70 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza extrema.

Parte de este grupo son los adultos mayores (mayores de 60 años) quienes después de una larga vida laboral no lograron ser parte de una institución de previsión que les garantizara una vejez digna.

La jubilación en Honduras varia de régimen a régimen, pero en promedio la misma es de 50 años la voluntaria y 65 la obligatoria.

Es esta la razón que les vuelve, junto a las mujeres y los niños y niñas, parte de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Se estima que en el presente año unos 500,000 hombres y mujeres mayores de 60 años "no tienen absolutamente ninguna pensión, nada de seguridad social, o sea que el adulto mayor está en estos momentos desprotegido".

"Es una generación de viejos desprotegidos", dice la gerontóloga Gladis Gaviria, quien considera que los pocos que gozan de una pensión forman parte de un selecto grupo de privilegiados.

Sin embargo, explica que muchas de las pensiones y jubilaciones que se devengan actualmente no alcanzan siquiera para cubrir la canasta básica familiar.

El promedio de pensiones en los diferentes institutos de previsión varía entre 400,800 y 2000 lempiras. Paradójicamente, se dan casos como el del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) donde un ex ministro de Educación se retiró con una pensión mensual de 33,000 lempiras.

—Entrevistas-

Drama Humano

Sistemas de Previsión

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Más del 85 por ciento de los jubilados del Instituto de Previsión Social de los Empleados Públicos (INJUPEMP) subsiste con pensiones de 2000 y 4000 lempiras mensuales. Sin embargo, se reporta que médicos lograron pensiones superiores a los 50,000 lempiras ya que acreditaron hasta tres salarios de igual número de empleos en la administración pública.

La falta de políticas estatales en este campo "está originando una sociedad de excluidos, donde la seguridad y la previsión social figuran como elementos del drama de una población que vive en la incertidumbre", señala Gaviria.

Los modelos de previsión social vigentes en Honduras solo permiten obtener un seguro de vejez a empleados, a quienes ejercen un trabajo y cotizan a institutos durante su vida laboral. En países desarrollados este es un seguro que tiene una cobertura casi total para toda la población.

Pobres y abandonados

Los estudios revelan que los viejos en Honduras además de no tener acceso a pensiones, son parte de una población abandonada incluso dentro de sus mismos hogares, donde se ven confinados a oscuros cuartos y a la soledad. "Dentro de nuestras propias casas hay familias que tienen a sus viejos en un rincón, que le da pena mostrar sus viejos, que le da pena sacarlos a las calles, que le da pena darle la mano, porque cree que es un ser sucio, que huele mal", expresa Gaviria "Entonces, en estos momentos nuestros viejos están sufriendo de abandono y están sufriendo porque nadie los quiere sacar adelante", señala. Muchos otros, se ven obligados a realizar trabajos como el cuidado de niños para agenciarse algún dinero que les permita atender alguna de sus necesidades.

Y estos son los más afortunados porque un buen numero de ancianos están siendo despojados, por hijos inescrupulosos, de sus pensiones, son maltratados y hasta los han mandado a asilos de ancianos. "Ese es el papel excluyente que juegan en su mayoría las personas cuando llegan a la tercera edad, reemplazados por una nueva generación que no los mira como la experiencia para consultarlos, sino con una actitud explotadora", plantea la especialista en gerontología. Y advierte que el problema se agravará en los próximos años si no se establecen políticas de atención a los adultos mayores, ya que los estudios revelan que la población de Honduras avanza aceleradamente hacia el envejecimiento temprano.

Especialistas prevén que este es un proceso irreversible que se marca por factores preponderantes como el de los controles de la natalidad y el incremento de las expectativas de vida de los hondureños y hondureñas.

Se considera que Honduras tiene una de las poblaciones más jóvenes de América, con 22 años de promedio, pero los indicadores establecen que en el 2050 el porcentaje de personas de la tercera edad habrá crecido del 5.4 al 13 por ciento de la población, es decir casi un millón de ancianos.

No hay políticas
Organismos de Naciones Unidas como La Asamblea Mundial del Envejecimiento ha determinado que la atención integral del adulto mayor debe ser integrado como un eje primordial en la política de los gobiernos, así como lo son las políticas de atención a la infancia.

Pero en Honduras parece que este mandato todavía no se ha captado en su totalidad y se sigue sin definir políticas que le garanticen a todo este sector poblacional una vejez digna.

Con el paso del tiempo se han invertido millones de lempiras en estudios para definir las líneas de atención a esta problemática, pero las recomendaciones realizadas no han sido aplicadas.

Lo que ha quedado evidenciado con los estudios, a dos de los cuales tuvo acceso REVISTAZO.COM, es a que se deben plantear reformas en cada uno de los sistemas con el objetivo de volverlos más efectivos y universales.

La mala administración, la corrupción y la politización son aspectos que llevan indudablemente a la debilitación de un sistema que debe ser pilar en las políticas de desarrollo de una nación con los más altos índices de pobreza del continente americano.

El director del INPREUNAH reconoce que la administración de los fondos es ineficiente y que muchos de estos fondos han estado signados por una corrupción fuerte.

"Y estamos hablando aquí de miles de millones de lempiras que ha llevado a estos sistemas a situaciones críticas con relación a sus reservas actuariales", señaló.

Limitantes de los sistemas de previsión
En Honduras, el sistema de previsión lo integran al menos ocho institutos de jubilaciones o retiros, y otros programas de retiro que tienen algunas empresas privadas.

Entre esos institutos están el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo, (INJUPEMP), el Instituto de Previsión Magisterial (INPREMA), el Instituto de Previsión Militar (IPM), el Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), el Instituto de Previsión del Periodista (IPP), y el Instituto de Previsión de los Profesionales del Derecho (IPSPD), el Fondo de Retiro del Banco Central de Honduras y el sistema de retiros del Colegio Médico de Honduras.

Son sistemas que tienen como limitante que solo pueden acceder a ellos los empleados de cada uno de los sectores favorecidos con su creación. La gran mayoría de empleados que forman parte del mercado laboral informal de la nación, y principalmente el campesinado y quienes viven de la producción de pequeñas parcelas en el sector rural, no tienen acceso a los mismos. Cada sistema tiene su propio reglamento o ley.

Privatización, no
Las malas políticas administrativas, los altos índices de corrupción prevalecientes y la politización, elementos que han puesto en precario la estabilidad de los sistemas de previsión, han llevado a varios sectores a plantear la necesidad de la privatización de los mismos.

Tras la propuesta es manifiesto el interés de grupos de empresarios de manejar la millonaria cantidad de fondos disponibles en cada uno de los sistemas de previsión.

El sueño de muchos, de uno que otro banquero en Honduras es que algún día puedan controlar las pensiones del seguro social para ellos también sacar ganancias y que sea una obligación que todos los trabajadores estén afiliados a una administradora de fondos de pensiones.

En los últimos años proliferaron en el país las administradoras privadas de pensiones, creadas al margen de bancos comerciales, sin que existiese una ley que les regulase.

Técnicos de la previsión social dicen no oponerse a que el sector privado se dedique a esta actividad, siempre y cuando sea regulada por el Estado y a la misma accedan de manera voluntaria y alternativa quienes tengan las posibilidades económicas.

Pero dejan claro que no debe ser una política de Estado, porque no se puede hacer de la previsión social un negocio privado.

La presencia del estado en los servicios de previsión es indispensable, dice Gaviria, contrario a lo que pregonan los precursores del neoliberalismo y el libre mercado

Y aunque el Estado todavía no define una política al respecto a comenzado a aprobar leyes que favorecen esta tendencia, como ser una ley que regulara el funcionamiento de las empresas privadas que se integren en el país para tal fin.

La ley se aprobó meses después de que dos planes de previsión social creados a la sombra de dos bancos comerciales fueran a la quiebra: Uno de éstos fue el Plan Vital, un fondo de Jubilaciones creado por el Banhcreser.

Quienes habían invertido en este fondo perdieron todos sus ahorros al momento de la quiebra del banco "madre". Al Plan se encontraban suscritos más de 1000 personas y la cartera del banco ascendía a unos 800 millones de lempiras.

El Estado garantizó los ahorros depositados en los bancos, no así los depositados en los planes de ahorro privado.

El caso ha sido denunciado como estafa continuada, pero no han sido castigados los responsables de la misma. Los fiscales del Ministerio Publico han abierto juicios y solicitado ordenes de captura para mas de 30 personas responsables de estos delitos, pero estos siguen libres.

Esta es una de las razones que exponen quienes se oponen a la privatización de los sistemas de previsión, además, recuerdan que estas experiencias en otras empresas del Estado no han favorecido a las mayorías poblacionales.

"La experiencia dice que los procesos de privatización favorecen más a las minorías, profundizando mas los índices de pobreza e indigencia de las mayorías. Y claman, por eso, que no se cometa aquí el mismo error cometido con otras empresas del estado sometidas al proceso y en otras naciones del continente que no tienen una buena experiencia que contar".

La privatización de los sistemas representaría la profundización de la brecha entre ricos y pobres, en un país donde los niveles de empleos formales se reducen día a día y se incrementan las tasas de empleo informal.

El gran reto del sistema
Quienes estudian el tema coinciden en plantear que el principal reto del gobierno en este campo es el de la aplicación de leyes que garanticen el cumplimiento de los pilares de la previsión social: la solidaridad, la equidad, la universalidad, igualdad.

"Lo prioritario es planificar un futuro mejor a través de los beneficios y servicios que todo asegurado puede gozar y que pueden garantizarle una vida saludable y plena hasta su tercera edad", plantea el estudio del PNUD "Pobreza, Seguridad Social y Desarrollo".

Otros actores plantean readecuaciones a los sistemas que garanticen la perpetuidad de los sistemas existentes, sin que esto represente la privatización de los mismos. Se coincide claramente que esta no seria la respuesta a la problemática.

"Tenemos que defender las instituciones de previsión social, es el ahorro que uno hace para cuando se está viejo y la gente no entiende", demanda Gaviria, quien reconoce que la privatización "podría" ser una salida a la problemática.

Pero dice que el Estado debe ser el tutor de este proceso, pues están en juego los ahorros de los ciudadanos y ciudadanas de un país.

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