| ¿Obviar una orden ... el costo de una vida? Departiendo junto a sus amigos en un bar de Comayaguela, la noche del 20 de Julio del 2001, se encontraba Juan Ramón Antúnez Alvarado, cuando llegó una patrulla de la policía Nacional. Uno de los agentes les pidió que les mostraran sus documentos. Al igual que Juan Ramón, la mayoría de sus compañeros eran menores de edad, motivo por el cual los agentes de policía les solicitaron irse a sus casas, advirtiéndoles que si los volvían a encontrar en el bar los llevarían detenidos. Tiempo después los policías regresaron, sin embargo el malestar de encontrar a los jóvenes en el mismo lugar, provocó una discusión entre ellos que orilló a Juan Ramón y a un amigo suyo a salir corriendo. De acuerdo a los testigos, los agentes de policía salieron en su persecución al tiempo que desenfundaban sus armas, disparando contra los jóvenes. El amigo de Juan Ramón salió ileso, sin embargo él corrió con poca suerte; Juan Ramón recibió un disparo en la espalda que lo dejó tirado en el suelo. Sin prestarle ningún auxilio, los policía se fueron en la patrulla. |
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| La falta de atención inmediata provocó que horas más tarde, Juan Ramón falleciera en el hospital. Según informes, la investigación de la Fiscalía así como las actuaciones judiciales no han progresado pese a que hay testigos del incidente que han identificado plenamente a los policías responsables de la muerte de Juan Ramón Antunez Alvarado Aunque a finales de la década de los 90, los registros de crímenes y asesinatos de jóvenes, a quienes de acuerdo a las circunstancias de muerte, sugerían que habrían sido ejecuciones Sumarias, eran pocos, estos ya mantenían alerta a la población. Según los registros que desde 1998 contabilizan las instituciones como Casa Alianza, el asesinato de Juan Ramón Antunez Alvarado, es solo uno de centenares reportados en donde policías cuya labor estuvo desempeñada al margen de la ley, fueron los responsable de éstas muertes. Antecedentes Para las organizaciones de Derechos Humanos en honduras es imposible abordar el tema"ejecuciones arbitrarias o Sumarias", sin remontarse a las década de los 80; época en donde los abusos y atropellos hacia la ciudadanía que discrepaba contra el actuar político del gobierno de turno dio como resultados decenas de "desapariciones forzadas" y de personas a quienes sus Derechos Humanos les fueron mancillados. Aunque fueron muchas las víctimas, ninguno de los victimarios guarda prisión; en todos los casos donde se abrió una investigación sobre violaciones de Derechos Humanos, se aplicó la Ley de Amnistía de 1991, dejándose en libertad a todos los acusados sin conocerse la verdad quedando la impunidad como protagonista de esta historia. Debido a las presiones que se hicieran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno decidió indemnizar a 17 de los 184 "desaparecidos" registrados oficialmente. Para las ONGs. la acción fue bien vista, pero dejaron claro que ésta no eximía al gobierno de continuar investigando los casos y enviar a prisión a los responsables. Aunque se registraban crímenes y asesinatos, en el inicio de los
años 90 imperaba una relativa calma y no es hasta después
de l995 cuando comienzan a aparecer los cadáveres de personas a
quienes de acuerdo a los respectivos exámenes forenses, habrían
fallecido bajo torturas y con tácticas que fueron utilizadas por
los llamados "escuadrones de la muerte" que integraban en la
década de los 80, miembros del aparato de seguridad del estado. Paralelo a las apariciones de cuerpos supuestamente ajusticiados, se hacía notable el crecimiento de jóvenes integrando pandillas o "maras", lo que provocó que la responsabilidad de estos crímenes les fueran inculpados. Sin embargo para el Comité de Detenidos en Honduras, CODEH, las Muertes Extrajudiciales tenían otro origen. "Se comenzó a sospechar de la participación del sector empresarial de financiar este tipo de ejecuciones, incluso el dueño de un hotel de San Pedro Sula, me acusó de difamación y calumnia, sin que eso fuera una limitante para que el CODEH continuara registrando para darle seguimiento y poner en evidencia como era que funcionaban todas estas estructuras" manifestó Andrés Pavón, presidente del CODEH. En aumento Muertes Sumarias Durante la administración de Carlos Flores Facussé, entre los años 98 y el 2001, se registró un número considerable de Muertes Sumarias en Honduras. Sin embargo y de acuerdo a las estadísticas de las Organizaciones no Gubernamentales como Casa Alianza, institución que trabaja a favor de los llamados "niños de la calle", el número de Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias ha aumentado en su mayoría, en la administración Maduro. En 1998, año en que Casa Alianza comenzó el registro de muertes extrajudiciales, se documentaron 93 ejecuciones de menores; 283 en el 1999; 225 en el 2000; 418 en el 2001, 549 en el 2002 y 557 en el 2003, lo que implica que desde el inicio del registro hasta el 2003, las ejecuciones aumentaron en más de un cien por ciento. El clima de inseguridad y de impunidad era tan obvio que llamó
la atención de Organismos Internacionales que no dudaron en constatar
lo que era una secreto a voces. Al finalizar su visita, la Relatora Especial de las Naciones Unidas dio a conocer los hallazgos de sus investigaciones; en ellas encontró que solo en los primeros meses del 2001, se habían documentado 66 asesinatos de menores, la mayoría de los casos sin esclarecerse. "El gobierno posee datos que demuestran que algunos de estos niños han sido asesinados por las Fuerzas de Seguridad y me han asegurado que los acusados serán enjuiciados", fue otra de las aseveraciones que hizo la relatora, en una conferencia de prensa, al pueblo hondureño. En esa oportunidad la Relatora también descartó que las
Ejecuciones Extrajudiciales provenían de una Política del
Estado, sin embargo fue categórica al afirmar que se producían
por la indiferencia, negligencia e irresponsabilidad al
no asumir el papel de protector de la niñez |
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