¿Quienes son las víctimas?

Las organizaciones de Derechos Humanos estiman que se ha registrado más de 2 mil muertes extrajudiciales entre 1998 y el 2002. Los estudios revelan que la mayor parte de las víctimas viven en la pobreza, marginados de la sociedad y carecen de un nivel elevado de educación.

Sin embargo las investigaciones que desde finales de los 90s comenzaron a realizar los Organismos de Derechos Humanos arrojaron como resultados que los miembros de las pandillas y un gran porcentaje de policías fueron los responsables de las muertes, tanto de delincuentes como de personas inocentes, ajenas a esta situación y cuyo único delito fue haber estado con la persona equivocada y en el lugar equivocado.

Cada organismo de defensa de los Derechos Humanos, lleva su propio registro de muertes Sumarias, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, CODEH, cuenta con un total de 68 muertes extrajudiciales y el nombre del presunto victimario, incluyendo entre éstos el de algunos policías.

"En los años 90, Honduras vivió una época militarizada y hoy tenemos un estado policíáco que es tan grave como el anterior, pero lo más grave aún es que son los mismos militares de aquella época que están en puntos claves de la policía, para hacer lo mismo que hicieron en los 80s", aseguró a REVISTAZO.COM la Coordinadora del Comité de Detenidos y Detenidos en Honduras, COFADEH.

Las estadísticas que Casa Alianza registra incluye también un informe que se elaboró hace algún tiempo y que arroja que el 68 por ciento de los asesinatos de menores y jóvenes fueron atribuidos a desconocidos, el 14 por ciento a pandillas, el 12 por ciento a ocupantes de "carros de la muerte", 3 por ciento a la Policía Nacional, el 2 por ciento a civiles y el 1 por ciento a guardias privados.

"Desconocidos"
El 68 por ciento de las muertes se le achacan a personas "desconocidas" y entre estos se considera que podrían estar miembros de pandillas, de las fuerzas se Seguridad y otros entes parapoliciales, así como ocupantes de "carros de la muerte" o civiles que han decidido tomarse la ley por sus propias manos.

"Pandillas"

El segundo grupo lo constituyen las "maras" o pandillas con un 13 por ciento. Muchos miembros de las pandillas han sido también víctimas de manos de terceros.

"Carros de la muerte"

Un grupo de mujeres u hombres fuertemente armados que se trasladan en vehículos sin placas y vidrios obscuros y usando pasamontañas, son los personajes que se acuerdo a las investigaciones y testimonios de personas que los han visto, constituyen el tercer grupo y denominado "carros de la muerte" y que según los registros, constituyen el tercer grupo que estaría ejecutando jóvenes en el país. Este grupo ocupa el 13 por ciento del total de personas asesinando personas en el país.

"La policía nacional"

Diversos informes sobre el tema señalan que un cierto porcentaje de las muertes de niños y jóvenes son "ejecuciones extrajudiciales", homicidios ilegítimos y deliberados perpetrados por agentes del estado o con su complicidad o consentimiento.

Según el estudio de Casa Alianza, el hecho de que las autoridades correspondientes no hayan investigado y sancionado las numerosas muertes en las que se involucra a miembros de la Policía Nacional, podría implicar el consentimiento del estado.

Comités de Seguridad y Guardias Privados

En el año 2002, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, CODEH, dio a conocer un documento que contenía 12 casos de asesinatos presuntamente llevados a cabo por miembros de Comités de Seguridad Ciudadana.

Los comités de Seguridad están contemplados en el artículo 102 de la ley Orgánica de la Policía Nacional, publicado en La Gaceta del 18 de Julio de 1998 y el que dispone que los Municipios podrán"promover la organización de Comités Comunales de Seguridad " de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento respectivo.

Los Comités de Seguridad, llamados también Comités de Vigilancia, surgieron como respuesta a la creciente violencia e inseguridad que comenzó a raíz de la ausencia de la presencia policial en muchos sectores del país.

Los casos que a continuación le presentamos son parte de los casos que Casa Alianza ha documentado.

"Cuatro puntos Cardinales"

El caso "Cuatro Puntos Cardinales inicia con la detención de Marco Antonio Servellón, de
15 años de edad, Diómedes Obed García, de 19, Rony Betancourt Hernández, de 17 y Orlando Álvarez Ríos de 32.

En redadas llevadas a cabo por la Fuerza de Seguridad Policial, FUSEP, actualmente Policía Nacional, el 15 de Septiembre de 1995 en los alrededores del Estadio Nacional, los cuatro jóvenes fueron detenidos y llevados al Comando Regional No. 7 de Tegucigalpa;
decenas de compañeros, fueron testigos de las torturas y amenazas a muerte de agentes la FUSEP en contra de los cuatro detenidos.

De acuerdo a los informes del caso, el registro de salida de la comisaría incluía los nombres de las cuatro víctimas con fecha 16 de Septiembre de 1995 a las 11: a.m. Sin embargo no registraba las firmas de los jóvenes y en su lugar aparecía la firma de la Juez Policial.

Con varios disparos en la nuca, los cuerpos de las cuatro víctimas fueron encontrados en los
Cuatro puntos cardinales de Tegucigalpa, el 17 de Septiembre de 1995. Posteriormente, los médicos forenses determinaron que todos murieron entre las cinco y las seis de la mañana, mientras que la evidencia balística confirmó que los cuatro habían muerto por la misma arma.

Las órdenes de captura contra cuatro oficiales de la FUSEP y una jueza policial fueron presentadas el 6 de Mayo de 1996 por homicidio y encubrimiento del crimen. Tres meses después, el Juez de Primera instancia anuló las ordenes alegando que los testigos eran delincuentes, dejando a un lado la versión de la docena de individuos, detenidos sin órdenes de captura, que presenciaron las amenazas y la tortura de las víctimas.

Por un par de zapatos

En compañía de Luis Alberto Sosa Ardón se encontraba Alexander Obando Reyes en el parque La Merced de Tegucigalpa. Eran aproximadamente las 9: 30 de la noche del 10 de abril de 1999, cuando de repente llegó un Policía uniformado, quien les pidió que se quitaran los zapatos.

Alexander se negó a obedecer la petición y en respuesta el oficial les hizo un disparo con su pistola calibre 38, agregando a ello, que los iba a matar. Corriendo con la intención de escapar, Alexander logró parar un taxi, mientras el policía continuaba disparando.

Las balas fueron a dar a las llantas del taxi, deteniendo la marcha del vehículo, el policía saco por la fuerza a Alexander quien pudo escapar emprendiendo veloz carrera. El policía que fue tras él, le disparó en la espalda provocando que Alexander cayera al río Choluteca, para posteriormente huir de la escena del crimen.

El servicio de emergencia del Hospital Escuela rescató a Alexander donde falleció al día siguiente como resultado de las heridas que recibió en sus pulmones.

Como Luis Alberto Sosa, acompañante de Alexander, logro escapar, colaboró con la producción de un retrato hablado que le solicitaron agentes de la Dirección General de Investigación Criminal para investigar este asesinato. Según informes, el agente de la policía responsable del crimen había huido y desertado de la policía sin volverse a saber nada de él.

El 10 de Diciembre del 2002, el Juzgado competente emitió la orden de captura contra el agente y según declaraciones del Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, el agente había sido detenido " hacía unos meses".

Presuntas pandilleras

El 23 de mayo del 2001, se encontraron los cadáveres de Cintia Waleska Rivera y de su amiga Wendy (de apellido desconocido), en una hondonada del cerro El Estiquirín, cerca de las colonias La Pradera y Altos de Tiloarque, en Comayaguela. Aunque nuca se comprobó, ambas eran presuntas integrantes de la pandilla"18".

Sus cuerpos fueron encontrados en un estado avanzado de descomposición y según Medicina Forense habrían sido asesinadas unas 48 horas antes. Los cuerpos se encontraron a 20 metros de profundidad con evidencias de haber sido torturadas y violadas.

Wendy tenía las manos atadas hacia adelante con los cordones de las zapatillas deportivas de Cintia. Según testigos, la última vez que fueron vistas con vida había sido en una fiesta el Sábado 10 de mayo.

En respuesta a una comunicación oficial enviada por la Relatora Especial de la ONU, el gobierno hondureño había indicado que el caso se estaba investigando y que de la instrucción policial se desprendía que Cintia pudo haber sido asesinada por miembros de la pandilla "18".

Esta versión nunca fue confirmada y contrario a la misma, los informes arrojaron que las dos jóvenes habían recibido torturas y un tiro en la cabeza después de ser violadas, coincidiendo esto con el modus operandi de los autores de las ejecuciones sumarias.

Torturados y mutilados

Oscar Daniel Medina de 16 años y José Hernández de 14, caminaban tranquilamente cerca de una plaza de El Progreso, Yoro, cuando sorpresivamente fueron detenidos por cinco hombres fuertemente armados que viajaban en una camioneta pick-up.

Los hombres, dos de los cuales fueron identificados por testigos, como miembros de la Dirección General de Investigación Criminal, sacaron sus armas y subieron a Oscar y a José Luis a la parte trasera del vehículo.
A la mañana siguiente y con señales de tortura y mutilaciones, fueron encontrados sus cuerpos en la carretera a Mantecal, Municipio de La Lima. Los informes señalaron que uno de ellos tenía una herida de bala en el entrecejo y otra en la espalda.

La madre de Oscar Medina Cortes, dijo a la Relatora Especial de la ONU, en su visita, que había intentado presentar una denuncia contra los policías que presuntamente habían asesinado a su hijo, sin tener éxito y que nadie quería dar testimonio, ante las autoridades, de lo que había ocurrido aqueL 11 de Enero de 1998.

A raíz de su denuncia ate la Relatora, en Agosto del 2002, el caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Casa Alianza y el Centro de Justicia Internacional, CEJIL.

¿Obviar una orden ... el costo de una vida?

Departiendo junto a sus amigos en un bar de Comayaguela, la noche del 20 de Julio del 2001, se encontraba Juan Ramón Antúnez Alvarado, cuando llegó una patrulla de la policía Nacional.

Uno de los agentes les pidió que les mostraran sus documentos. Al igual que Juan Ramón, la mayoría de sus compañeros eran menores de edad, motivo por el cual los agentes de policía les solicitaron irse a sus casas, advirtiéndoles que si los volvían a encontrar en el bar los llevarían detenidos.

Tiempo después los policías regresaron, sin embargo el malestar de encontrar a los jóvenes en el mismo lugar, provocó una discusión entre ellos que orilló a Juan Ramón y a un amigo suyo a salir corriendo. De acuerdo a los testigos, los agentes de policía salieron en su persecución al tiempo que desenfundaban sus armas, disparando contra los jóvenes.

El amigo de Juan Ramón salió ileso, sin embargo él corrió con poca suerte; Juan Ramón recibió un disparo en la espalda que lo dejó tirado en el suelo. Sin prestarle ningún auxilio, los policía se fueron en la patrulla.

La falta de atención inmediata provocó que horas más tarde, Juan Ramón falleciera en el hospital. Según informes, la investigación de la Fiscalía así como las actuaciones judiciales no han progresado pese a que hay testigos del incidente que han identificado plenamente a los policías responsables de la muerte de Juan Ramón Antunez Alvarado

Aunque a finales de la década de los 90, los registros de crímenes y asesinatos de jóvenes, a quienes de acuerdo a las circunstancias de muerte, sugerían que habrían sido ejecuciones Sumarias, eran pocos, estos ya mantenían alerta a la población.

De acuerdo a los registros que desde 1998 llevan instituciones como Casa Alianza, el asesinato de Juan Ramón Antunez Alvarado, es solo uno de centenares reportados en donde policías cuya labor estuvo desempeñada al margen de la ley, fueron los responsable de éstas muertes.

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