Para mostrar el lado oscuro de la policía
Desafió el poder

"Si a mi me quieren mandar a los tribunales como chivo expiatorio, esta policía va a retumbar, porque yo le puedo decir al propio ministro de Seguridad en su cara que yo lo único que hice fue cumplir con sus instrucciones" fue la respuesta que según Maria Luisa Borjas emitió el comisario Juan Carlos Bonilla cuando éste respondió sobre sus vínculos en las ejecuciones extrajudiciales ante la titular de la Unidad de Asuntos Internos.

Borjas además asegura que el oficial inmediatamente tomó su teléfono celular, marcó un número que tenía registrado en el aparato y llamó al ministro de Seguridad Oscar Álvarez y le expresó: "señor ministro, yo estoy teniendo problemas por haber seguido sus instrucciones, yo necesito que usted me de una audiencia".

Éste fue uno de los episodios que vivió Borjas, tras hacerse cargo del departamento de Asuntos Internos de la Policía Preventiva en marzo del 2002. El 19 de julio de ese año el entonces viceministro de Seguridad, hoy ministro, Oscar Álvarez, le dio una orden por escrito a la comisionada para que investigara cual era la participación de los oficiales de policía en las muertes extrajudiciales, específicamente del comisario Bonilla, conocido como "El Tigre" .

Basada en la ley, la comisionada asegura que nunca tuvo temor de luchar frontalmente contra el crimen organizado y el narcotráfico al desempeñarse en la jefatura de Tocoa, Colón; Choluteca y Danlí, El Paraíso.

Gracias a su labor el coronel Wilfredo Leva Cabrera se encuentra preso por sus vínculos con el narcotráfico. Asimismo el ex comandante del Regimiento de Caballería Blindada "Recablin" con asiento en Choluteca, coronel Emilio David Rodríguez Alvarado está prófugo de la justicia, luego que ella lo descubriera y lo capturará por dirigir una banda de asaltantes de furgones.

La oficial, junto con el comisario Aldo Rodolfo Oliva y la profesional del derecho Lastenia Díaz iniciaron las investigaciones, presentándole a diario, un resumen al ministro de Seguridad.

Resultados de las investigaciones

"Es necesario encontrar las AK-47 que portaban los policías ya que es con éstas con las que andan ejecutando a los supuestos delincuentes", fue una de las sugerencias que Borjas y su equipo de investigación hicieron en el primer informe que le entregaron al Ministro de Seguridad el 21 de agosto del 2002 y en el que se daba a conocer el nombre de las víctimas y se involucraba a los oficiales de policía Juan Carlos Bonilla Valladares, Carlos Arnoldo Mejía López, José Ventura Flores Maradiaga y Carlos Zavala Velásquez.

Asuntos Internos había comprobado la participación de estos cuatro oficiales en ejecuciones de supuestos delincuentes en San Pedro Sula. "Digo supuestos porque a estas personas nunca se les llevó a un juicio y se les comprobó que estaban involucradas en algún hecho delictivo o sea que no tuvieron derecho a la defensa y su vida les fue arrebatada de forma abrupta", sostuvo Borjas.

Borjas cuenta, entre sus documentos, con las declaraciones de un joven a quien según su narración, varios policías lo desplazaron en un vehículo policial destinado a las ejecuciones. Además revela que fue tomado en calidad de rehén para que señalara las viviendas de sus conocidos, vinculados a actos delictivos y quienes al día siguiente aparecieron muertos, siendo él, testigo de una de esas muertes

En su declaración el joven señala al oficial de apellido Motiño, como presunto dirigente del grupo "los Magníficos", uno de los 20 escuadrones de la muerte, llamado así por no dejar evidencia en su trabajo.

Borjas recuerda que lo que recibió a cambio de su informe fue la solicitud de su renuncia en el cargo, supuestamente porque ya no era una persona de confianza del ministro. Ella asegura que nunca pensó que el hacer el trabajo de la manera correcta, sería el ocaso de una carrera policial iniciada hace 26 años.

Con un expediente completo presentado ante la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, en octubre del 2002 los juzgados emitieron una orden de captura contra Bonilla, quien anduvo prófugo por más de un año hasta que fue capturado. Luego los tribunales de justicia emitieron órdenes de captura contra los otros tres oficiales, dictándoles auto de prisión. Juan Carlos Bonilla pago una caución de más de 100 mil lempiras como medida sustitutiva para evitar ir a prisión mientras concluye todo el juicio.

"Se ha visto el proteccionismo con estas personas; hubo una orden de captura para este comisario Juan Carlos Bonilla Valladares y el anduvo visitando lugares públicos, todo el mundo lo miraba, incluso salía hasta en los periódicos y nunca fue detenido" asegura Borjas.

Afloran los resultados
"Custodio y Álvarez me piden la renuncia"

Contrario a lo que se podría esperar, las investigaciones de Maria Luisa Borjas y su personal, en lugar de recibir mayor apoyo para esclarecer la participación de policías en muertes Sumarias, atrajo el rechazo y el marginamiento dentro del Ministerio de Seguridad.

Cuando Borjas recibe la orden de investigar el caso, también recibe las instrucciones de contactarse con el Comisionado de los Derechos Humanos y con la fiscalía para coordinar la investigación

Una de los primero resultados de la investigación y del informe presentado, fue la sugerencia que le hiciera el 18 de septiembre del 2002, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio y mediante la que Borjas asegura, le pidió que renunciara para evitar que le dañaran su carrera, ya que el ministro de Seguridad le mandaba a pedir su dimisión..

La respuesta de Borjas fue, que si el Ministro tenía algún artículo que aplicarle que procediera. Dos días después, el 20 de Septiembre, el propio Ministro le pidió que renunciara, pero como no lo hizo comenzó un hostigamiento contra ella, aseguró.

Pero la petición anterior fue sólo el comienzo del suplicio de María Luisa Borjas en el Ministerio de Seguridad. El 25 de septiembre el Ministro convocó a una conferencia de prensa donde anunció una reestructuración de Asuntos Internos porque, según él, no estaba llenando las expectativas.

A raíz de un boletín que circuló donde Borjas describía todo, se le mandó a llevar con un elemento del Escuadrón Cobra; cuando llegó a la oficina del Ministro, Borjas asegura que Álvarez estaba con sus asesores de imagen Jesús Boerleggi y Leo Torres. Ellos le dijeron a la oficial que harían un trabajo donde ella debía retractarse de la información que acababa de publicar, a lo cual la comisionada se negó diciéndoles que en ningún momento se retractaría.

Otra medida recibida en su contra, asegura, fue la ocupación forzada de las instalaciones de la Unidad de Asuntos internos, el 28 de Noviembre, por parte de un grupo de policías cobras, quienes acatando una orden superior, impidieron el ingreso de Borjas y su personal a esa oficina.

"Esto me evitó que yo pudiera sacar más documentos y expedientes de mi oficina", asegura la Comisionada, quien agrega que para esa fecha ya no contaba con personal a cargo, pues este se le había suspendido desde el 11 de septiembre del mismo año.

Con el retiro de todo el personal de Asuntos Internos, comenzaron una serie de llamadas telefónicas donde le decían que si continuaba empecinada en seguir con los casos que se atuviera a las consecuencias, recordándole que tenía hijos.

Interviene CONASIN

El Comité Nacional de Seguridad Interna, CONASIN, es una instancia que controla y supervisa las actividades de la policía y a la que el Ministro solicito su intervención.

Borjas manifestó a REVISTAZO.COM que el CONASIN nombró una comisión AH-DOC integrada por Andrés Pavón, representante del CODEH; Maria Luisa Venegas, representante de la Federación de Asociaciones Femeninas Hondureñas y Jorge Gómez Bonilla, representando al COHEP.

"Ellos iban a estar monitoreando de cerca las investigaciones, viendo que no tuviera ningún obstáculo y además que se me devolviera el personal administrativo que se me había retirado y que se me diera todo el apoyo logístico", asegura María Luisa que fue el acuerdo al que se llegó, sin embargo asegura que hasta la fecha nada de lo prometido se cumplió.

"El consejo es solo un órgano asesor, no puede exigir, todos debimos haber asumido el rol de exigir que se cumpliera esta recomendación" manifestó a REVISTAZO.COM, Andrés Pavón, representante del CODEH ante el CONASIN, a la interrogante, ¿ Por que no se le dio apoyo ni se le restituyó el personal a la Comisionada?.

Pavón agregó que se emitió un comunicado sobre las recomendaciones que el CONASIN hizo al Ministro de Seguridad, pero que los medios de comunicación no le dieron la importancia del caso y éste no fue publicado.

Proceso de destitución.

Borjas manifestó que el 28 de noviembre del 2002, estando aun en sus funciones, el Ministro de Seguridad convocó a una reunión a todo el personal de Asuntos Internos y sin tomarla en cuenta a ella, el Ministro de Seguridad le prometió apoyo a la Unidad.

Recuerda la Comisionada que la tarde de ese mismo día el comisario Bustillo Salgado al mando de su Unidad, se tomó las instalaciones de Asuntos Internos, con el objetivo de que ella y su personal de confianza no pudieran sustraer más documentos de las investigaciones, mismos que después desaparecieron, aseguró.

Los posteriores días, Maria Luisa siguió yendo a su oficina y asegura que junto a su personal de confianza continuaron, sin el apoyo del Ministerio, las investigaciones de más casos de policías involucrados en ejecuciones Sumarias.

Sin embargo el 2 de Diciembre y sin haber recibido ningún acuerdo de suspensión, la esperaba en la entrada de su oficina, un oficial con la orden de evitar su ingreso. Ese mismo día a las 9 de mañana recibió simultáneamente el acuerdo de suspensión y la citación para presentarse al día siguiente a una audiencia de descargo,"me suspenden antes de ir a la audiencia de descargo y ese mismo día nombran a Elia Ramírez en mi lugar".

Trece días después, el 15 de enero del 2003, Borjas fue junto a la abogada Lilian Ávila Talavera, a levantaron una acta notarial de su expediente. Sorpresivamente no encontraron en el ningún acuerdo de destitución. "Cuando revisamos el expediente, no había ningún acuerdo de mi destitución, solo el de mi suspensión, pero cuando revisamos el libro de acuerdos había una nota manuscrita de parte de la Secretaría del Ministerio de Seguridad donde decía que a mi, el 9 de Enero se me había entregado mi acuerdo de destitución y que yo no había querido firmar el libro", aseguró Borjas.

A través de un apoderado legal, Borjas procedió a solicitar mediante una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la restitución de su cargo, o uno de igual categoría, la restitución de su personal y de sus derechos.

"Desde cuando los asesinatos son delitos confidenciales si son delitos de orden público que cualquier ciudadano puede denunciar ", fue la respuesta que Borjas, asegura emitió en el juzgado cuando se esgrimió en su contra que había violentado el principio de secretividad en asuntos confidenciales de la policía al dar a conocer a la opinión publica los nombres de policías involucrados en muertes Sumarias. Acusación que ratificó su suspensión del cargo.

El 19 de Enero, su Abogado presentó un recurso de impugnación por considerar que el fallo anterior no estaba apegado a ley.

De Comisionada de Policía a Asesora Técnica

Es hasta el 11 de abril del mismo año que la Directora de la Policía, Coralia Rivera, la nombra en el cargo de Asesora Técnica. Borjas impugna este nombramiento y la Procuraduría General resuelve a su favor por considerar que el cargo no existe dentro de la institución y que además, quien la nombró no tiene la potestad para hacerlo.

A raíz de la impugnación, Borjas asegura que en el Ministerio se decidió crear un nuevo puesto bajo el nombre de "Asesor Técnico", nombrándola a ella por segunda vez en el mismo. Decidida persistir en su lucha, presenta una nueva impugnación el 19 de Septiembre del 2003.

Aduciendo falta de presencia en sus labores, fue llamada a una audiencia de descargo el 25 de septiembre." Yo les llevé una copia de la demanda interpuesta en la corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y les especifiqué los fundamentos legales por los que yo no podía aceptar el cargo", sostiene Borjas.

El tiempo transcurrió y Borjas asegura que jamás obtuvo una resolución de la audiencia
Pese a ello, el día 24 de Febrero Borjas recibió de manos de un oficial de policía una citación del jefe de Recursos Humanos para comparecer al día siguiente a recibir un acuerdo, del que asegura solo recibió un número, sin especificar el tema a tratar.

Al acudir a la cita, su sorpresa fue recibir un acuerdo de cancelación de la policía de forma deshonrosa, supuestamente por haber abandonado el servicio.

Borjas asegura que en respuesta al acuerdo de su cancelación, dejó una nota donde especificó que su cancelación era ilegal porque estaba pendiente aun el fallo del recurso de casación que su abogado había interpuesto días atrás.

Durante sus días al frente de Asuntos internos, asegura la comisionada, se investigaron en una primera etapa, 32 casos de muertes extrajudiciales cometidos por policías, luego en fecha diferente pero siempre en el 2002, presentaron otros 22 casos más y también se presentó el caso de la destrucción de las armas por parte de la cúpula policial.

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