Respuestas del Actual Gobierno

Desde el inicio de su gobierno, el 25 de enero del 2002, el presidente Ricardo Maduro dijo en uno de sus discursos a la población hondureña que su gobierno seria de
"Cero Tolerancia a la delincuencia" y que, literalmente, le "declaraba la guerra a los delincuentes".

Como un esfuerzo por combatir el crimen común y organizado, el gobierno decide adoptar algunas medidas como la incorporación de seis mil soldados a las calles de las principales ciudades del país; posteriormente la formación de una Comisión Interinstitucional y una Unidad Especial de Investigación dentro de la policía.

Otra de las medidas y que mayor rechazo causó, sobre todo entre las instancias de Derechos Humanos, fue la reforma del artículo 332 del Código Penal. Estas reformas ampliaron las penas a aquellas personas que son delincuentes o "mareros" y que pertenecen a algún tipo de asociación que el gobierno llama ilícita.(link artículos / reformado y anterior)

La creación de una Unidad de investigación de Asuntos Internos dentro del Ministerio de Seguridad y el nombramiento de la Comisionada Maria Luisa Borjas al mando, para investigar los vínculos de miembros activos de este ministerio en las Muertes Sumarias, fue otra de las acciones emprendida en la Administración Maduro.

Coincidentemente, es en estos años donde se registra un incremento abrumador de crímenes y asesinatos en las principales ciudades del país. Para algunos sectores esta solo fue una respuesta de la delincuencia a lo que tomó como un reto de parte del gobierno de turno

Ministro de seguridad
Hay Una Distorsión de la Realidad

Oscar Álvarez

"Ha sido el gobierno que mayor número de delincuentes ha detenido y que mayor cantidades de droga ha decomisado", aseguró, el ministro de Seguridad Oscar Álvarez, al momento de referirse a las medidas adoptadas por el gobierno en la lucha frontal contra la delincuencia. Sin embargo, "La palabra Ejecuciones Extrajudiciales tiene una motivación no sólo de interés público e internacional sino de crear lo que nosotros llamaríamos una distorsión de la realidad", fue otra de las respuestas que dio a REVISTAZO.COM cuando se le abordó sobre las implicaciones que en opinión de los Organismos de Derechos Humanos tiene el actual gobierno y el ministerio de Seguridad en las muertes Sumarias. En tono un tanto airado, Álvarez manifestó que el gobierno reconoce que existe el problema "ejecuciones sumarias" y la vinculación de policías, pero que con la creación de la Unidad de Investigación de muertes de menores se trata de evitar que los delitos queden impunes.

"Sí hay policías involucrados van a ser investigados y acusados en los tribunales correspondientes" sostuvo el ministro de Seguridad quien además aseguró que cuentan con 302 casos de los cuales 58 ya están remitidos a la fiscalía, más 244 que están en investigación.

"Hay que establecer parámetros iguales de medición tanto para un delincuente que no es policía, como para un policía delincuente" sostuvo al hacer la crítica de que los organismos de Derechos Humanos se quejan cuando se detiene a un delincuente y piden que se exija el proceso, contrario cuando ocurre la detención de un policía que se pide su captura y puesta en prisión sin haberse investigado a profundidad el caso, acotó.

Muertes Sumarias ... Política de Estado?
Para algunas ONGs de Derechos Humanos, las ejecuciones Sumarias obedecen a una política de estado que el actual gobierno impulsa para poner fin a la delincuencia en Honduras. Sin embargo Álvarez asegura que "esa es una apreciación completamente equivocada " poniendo en duda si esas acciones obedecen a captar fondos y apoyo a las ONGs.

"Estos delincuentes que son los "mareros" y pandilleros tienen en un estado de terror a tantos hondureños y yo me pregunto dónde están los derechos humanos de todas las víctimas de estos delincuentes" manifestó Álvarez.

El ministro aceptó la participación de algunos policías en las muertes sumaria, ya que aseguró que es imposible hablar de una policía totalmente transparente, sin embargo descartó en todo momento que los asesinatos son parte de una política de estado.

Asuntos internos ha enviado en los últimos años cien requerimientos a la fiscalía en los cuales hay mas de 35 oficiales involucrados en delitos de hurto, abuso de poder, homicidio y otro tipo de delitos que denotan el interés que el ministerio tiene en depurar la institución, acotó el ministro, sin detallar en el avance de los casos antes mencionados.

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