Celinda Villeda
La ley parece favorecer a centenares de hombres y mujeres de extensos
sectores urbano marginales en los que levantaron sus viviendas a principios
de la década del 80, las que no han podido legalizar debido a que
particulares reclaman la propiedad de los predios a pesar de que en su
mayoría éstas son de origen ejidal. La actual propuesta de Maduro ha generado expectativas entre los pobladores de comunidades como ésta, quienes ven como una ley de este tipo podría resolver su problemática de años en un corto período. No obstante, estas personas desconocen que la ley en su totalidad daña los intereses nacionales ya que abre las puertas para que "los dueños del poder" puedan saquear los pocos bienes nacionales y ejidales que aún quedan en manos del Estado y las Municipalidades. El gobierno ha buscado el apoyo de grupos de patronatos en Tegucigalpa, a quienes les han expuesto nada más "las bondades" de la ley en el área urbana, obviando lo que pueda suceder en el área rural. "Esto preocupa mucho porque podría generarse un enfrentamiento entre gente del área urbana que cree que la ley les favorece y los del área rural que saben les afectará", dijo Celinda Villeda, especialista del área forestal y presidenta de la organización Pro Bosque. "Parece una ley maquiavélica", dijo la profesional que demandó a la vez de la sociedad civil organizada acciones encaminadas a lograr reformas sustanciales al documento en poder del Congreso Nacional antes de su discusión y aprobación final. Este es un tema, señaló, que debe ser de análisis en el gran Dialogo Nacional que promueve el presidente Maduro.
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