Ley de
Propiedad
LA PIÑATA PARA SAQUEAR A HONDURAS
• Se podría crear una CONADI Predial
• Quieren titular sin verdaderos tractos sucesivos
• Los grandes beneficiarios serían terratenientes que acaparan
bosques nacionales
• Demagógicamente dice ser una "Ley para Reducir la
Pobreza"
• Es un proyecto empujado por el Banco Mundial a través del
P.A.A.R
• A los pobres les ponen techo, a los terratenientes no
• El gran señuelo es la titulación de invasiones urbanas
• Maliciosamente se mezcla lo urbano con lo rural
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La Ley de la Propiedad que promociona el gobierno del presidente Ricardo Maduro se perfila como el principal instrumento de un proceso de "repartición", similar al de una piñata, de las tierras nacionales entre aquellos que ostentan el poder económico y político en el país. Es el anteproyecto más dañino presentado a consideración de los congresistas hondureños, plantean dirigentes campesinos y populares que analizan actualmente con detalle la propuesta de ley entregada personalmente por el presidente Maduro al titular del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa. "Es un proyecto más dañino que el de Ley Forestal", "con esta ley estamos a las puertas de un nuevo saqueo de los bienes nacionales similar a lo ocurrido en la CONADI en décadas pasadas, "lo que el gobierno pretende es legalizar lo que terratenientes, empresarios y políticos han obtenido ilegalmente", fueron algunos de los criterios vertidos en una reunión convocada para analizar los alcances de la ley. |
 Presidente Ricardo Maduro |
El anteproyecto de ley fue presentado por el presidente Maduro a sectores del gobierno y la sociedad civil el 28 de julio anterior, en un evento en el que sus asesores en la materia hicieron gala de un novedoso sistema de informática que pasará a ser la base de datos más completa de la nación en materia de tierras.
Maduro, al igual que sus asesores, hicieron gala en el evento de que la ley beneficiará a miles de pobres que levantaron sus viviendas en tierras urbanas que no eran de su propiedad, por lo que nunca pudieron tener un título de propiedad.
"Se trata de una estrategia equitativa que permitirá que los pobres tengan una propiedad legalizada que les faculte para ser objeto de crédito en cualquier institución bancaria", dijo el mandatario.
En el evento no se habló de los alcances de la ley en el sector rural donde terratenientes, empresarios y políticos haciendo uso del poder se han apropiado de miles de hectáreas de tierras nacionales y ejidales.
Se insistió, sin embargo, en los beneficios que tendrán pobladores del sector urbano - marginal de Tegucigalpa y Comayagüela que levantaron sus viviendas en terrenos, en su mayoría ejidales, invadidos entre la década del 70 y el 80.
La propuesta gubernamental suena interesante, pero es muy peligrosa, dijeron los participantes en una reunión de organizaciones que se proponen la creación de una coalición para oponerse a la aprobación de la ley en los términos en los que ha sido presentada.
Actualmente la mayoría de las tierras del Estado y las Municipalidades están en manos de particulares que haciendo uso del poder político y económico que ostentan se han apoderado de ellas mediante prácticas dolosas como la remedida y la emisión de títulos supletorios ilegales.
Por esta razón, los dirigentes populares ven con resquemor una ley que abre las puertas para oficializar todas las ilegalidades cometidas en el pasado por quienes han manejado el poder en la nación y como siempre en detrimento de los pobres.
 Marvin Ponce |
Marvin Ponce, dirigente del Consejo Hondureño de Organizaciones Campesinas (COCOCH), dijo que la intención de la ley es muy buena porque urge regular la tenencia de la tierra en el país, pero, advirtió, debe ser un proceso que beneficie a los pobres de la misma manera en que se pretende beneficiar a los ricos. Ponce ve con buenos ojos que se proponga una solución a la problemática de la tenencia de la tierra en las áreas urbano marginales de Tegucigalpa, pero lamenta que este esfuerzo se esté empañando con las pretensiones de terminar con un endeble proceso de reforma agraria al proponer la legalización de tierras a terratenientes en el área rural a quienes acrediten la permanencia en un terreno por un período determinado de tiempo y nada más. |
DEBILIDADES DE LA LEY
REVISTAZO.COM conoció en detalle un análisis del anteproyecto de ley realizado por el ex gerente de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) y ex funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), Rigoberto Sandoval Corea.
"El análisis y comentarios se elaboran con el propósito de contribuir a la formulación de una ley con visión de país y en beneficio del pueblo hondureño, y no como una crítica al documento presentado", dijo Sandoval Corea.
El análisis se hizo tras estudiar al menos dos de los borradores y el documento enviado finalmente a la Cámara Legislativa con algunas modificaciones, entre las que resalta el haber incluido un techo a las posibles titulaciones masivas en el área rural (aunque ese techo solo es impuesto a los pobres: indígenas y campesinos).
El documento que Maduro promueve como el "Programa: Propiedades Más Seguras para la Gente" y asesores presidenciales le llaman "Ley Para Transformar el Sistema de la Propiedad" , pero fue enviado al Poder Legislativo con el nombre de "Ley para la Reducción de la Pobreza Mediante la Normalización de la Propiedad Predial y de las Actividades Económicas".
En el documento no se contemplan, sin embargo, políticas ni instrumentos que conlleven a la reducción de los alarmantes niveles de pobreza que abaten al pueblo hondureño, más bien se vislumbra una concentración de la riqueza mediante el acaparamiento de tierras estatales.
El gobierno considera que la titulación de predios es una acción clara a favor de la lucha contra la pobreza ya que permitirá a los dueños de los predios hipotecar sus viviendas en busca de préstamos para mejora de los mismos u otros proyectos productivos.
El documento de 264 artículos plantea un marco institucional "poco claro" que ha generado resquemores en la dirigencia campesina ya que tras la creación de un Instituto de la propiedad (IP) se prevé la desaparición de instituciones como el Instituto Nacional Agrario (INA), motor del proceso de reforma agraria, la fusión de otras y la creación de un complejo aparato directivo.
Sandoval Corea resalta, para el caso, que el documento no incluye disposiciones sobre el papel de la Administración Forestal del Estado (AFE -COHDEFOR) y el Archivo Nacional en el proceso.
TITULAR SIN TRACTO SUCESIVO
Uno de los puntos de la ley que más temores ha generado en las organizaciones populares, campesinos e indígenas es la facilidad con que se propone la titulación de tierras tanto en el área urbana como en el área rural.
La ley faculta al IP a ejecutar un programa de regularización, titulación y registro de la propiedad inmueble que no se encuentre registrado o que estándolo presente problemas.
Como ejemplo, señalan el que "se faculte a los registradores a registrar los títulos de propiedad de predios que presenten como única irregularidad la no inscripción en el Registro de la Propiedad".
También el que "podrá aplicar de oficio o a petición de partes las disposiciones especiales para la regularización de la propiedad inmueble en áreas urbanas y rurales siempre y cuando las mismas favorezcan a grupos campesinos, étnicos o personas naturales que ocupen o mantengan menos de 10 hectáreas de tierra".
"Sin embargo, es necesario definir el techo cuando se trata de propiedad comunitaria de grupos y establecer el o los techos para los otros beneficiarios del proceso, o expresar claramente si el techo de 10 hectáreas es aplicable a todos los productores agroforestales, sean estos pequeños, medianos o grandes empresarios", recomienda Sandoval Corea.
Se cuestiona el que se proponga para casos específicos la celebración de audiencias públicas para que la comunidad decida a quien se titula, procedimiento bajo el cual el Estado podría perder muchas tierras nacionales y ejidales.
Cuestiona el que la ley mande que se podrán otorgar títulos supletorios aunque no se legisla sobre títulos supletorios emitidos y posiblemente inscritos sobre tierras nacionales y ejidales con anterioridad
 Rigoberto Sandoval Corea. |
Sandoval Corea advirtió que "una ley que dice que se faculte lo que es ilegal es grave", por lo que propone definir con claridad el procedimiento a seguir en el proceso y demanda el cumplimiento correcto del tracto sucesivo ya que las propuestas planteadas en la ley "no constituyen un verdadero y real tracto sucesivo, el tracto sucesivo existe o no existe, no se trata de enmendarlo o recomponerlo".
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MERCADO DE TIERRAS
Ponce y Sandoval Corea concuerdan en que la ley tiene como una de sus
principales finalidades la creación de un mercado de tierras mediante
"...el empleo de mecanismos expeditos, económicos y seguros
que incorporen y conserven dentro del mercado reconocido por el Estado,
el mayor número de participantes y derechos de propiedad sujetos
a registros".
"La ley contiene una serie de disposiciones para favorecer y facilitar el mercado de garantías hipotecarias y prendarías y arrendamiento financiero todas orientadas a fortalecer el mercado de tierras y a facilitar la concentración de la propiedad", señala el ex funcionario.
Dada las condiciones de pobreza que vive el país, el 90 por ciento de los participantes en el mercado lo harían como oferentes lo que conllevaría a la concentración de propiedad inmobiliaria y de otros bienes como el bosque y las playas lo que más bien incrementaría los niveles de pobreza, dijo Ponce.
En otro tema, advierte que el facultar a varias instituciones -.como el IP, el INA, las municipalidades, los juzgados mediante certificaciones; la Corte Suprema mediante la definición de la tenencia y autoridades mediante resoluciones definitivas, podría generar un caos administrativo.
Pide atención para los artículos que establecen la expropiación forzosa como procedimiento administrativo ya que es una disposición que exige una estricta y correcta aplicación de la misma.
Señala, finalmente, que con el anteproyecto de ley, de la manera que ésta elaborado, lo que se pretende es "desposeer al Estado de Honduras y con ello a su pueblo de los bienes de la propiedad nacional mediante la titulación en dominio pleno a personas naturales y / o jurídicas que han acaparado esos recursos al margen de la ley".
En un documento, Sandoval Corea no deja de señalar los aspectos positivos de la ley, resaltando entre estos puntos, el que se faculte al INA a titular tierras nacionales y ejidales de vocación agroforestal a favor de grupos o asentamientos campesinos que las hayan ocupado por lo menos durante tres años anteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Un segundo aspecto es el de la introducción de la técnica del Folio real para los registros catastrales, aunque advierte que el desconocer el verdadero rol del tracto sucesivo podría dar lugar a cometer actos no acordes con los intereses del país.
Considera positivas las disposiciones encaminadas a asegurar la permanencia de asentamientos humanos establecidos en tierras privadas, mediante el proceso de expropiación forzosa para la venta y titulación obligatoria a favor de sus ocupantes.
Sin embargo, demanda establecer con claridad los mecanismos que se seguirán para determinar el valor de las indemnizaciones y el costo de los terrenos a los beneficiarios.
Como recomendación final, Sandoval Corea plantea que se separe el aspecto urbano del rural. Mejor hacer una ley específica para solucionar el problema de títulos de propiedad para las invasiones urbanas, lo cual es loable y urgente, además de ser algo factible pues la mayoría de las tierras donde están los barrios marginados son ejidales.
De persistir el gobierno de Maduro en la aprobación de la Ley enviada al Congreso Nacional, será necesario hacerle fuertes cambios para evitar convertir el patrimonio territorial estatal en una piñata para unos pocos terratenientes.
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