Horacio Martínez Martínez dijo que el gobierno con la nueva ley lo que pretende es legalizar la tenencia de la tierra a grandes grupos económicos y empresarios que haciendo uso de su poder han acaparado de manera ilegal grandes extensiones de tierra, principalmente en el sector atlántico del país. "Hay bastantes grupos poderosos que tienen en sus manos nuestras
tierras, especialmente los vinculados con el grupo Cressida de los Facussé
Barjum y precisamente esta ley viene a legitimar el acaparamiento que
en forma ilegal y fraudulenta ha venido haciendo con las tierras de los
pueblos afrogarífunas que son tierras ubicadas en zonas ecológicamente
frágiles y con una gran riqueza biológica y cultural",
planteó. "Esas tierras nos pertenecen, pero él las ocupa", lamentó el dirigente indígena, quien a su vez denunció que quienes osan hacer estas denuncias son constantemente amenazados de muerte. El gobierno promueve la ley como un instrumento que beneficiará a miles de hombres y mujeres de escasos recursos económicos, principalmente del área urbana, que levantaron sus viviendas en tierras que no les pertenecen. Pero el sector garìfuna califica la misma como "una ley bastante subversiva y sobre todo una ley antidemocrática, porque es una imposición desde la zona central del país para que el resto del país se supedite a una ley que atenta contra el Convenio 169 de la OIT que garantiza los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y tribales". "Es una ley que viene a desalojar técnicamente a los pueblos afrogarifunas e indígenas de sus tierras", insistió. Por eso , solicitó, "esta ley no debe de presentarse como lo tiene imaginado el gobierno" y demandó que antes debe de cualquier aplicación de una legislación como esta "debe haber un saneamiento de las tierras de los pueblos indígenas y garìfunas, como establece el Convenio 169 de OIT y la Constitución de la República". |