La Junta Nominadora, aunque sin una sede definida, tuvo ayer
su primera sesión de trabajo para discutir los mecanismos
de análisis y evaluación de los currículum
de los nominados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de la Junta Nominadora, Darío Humberto
Montes, dijo que también trataron sobre el procedimiento
que seguirán para la recepción de denuncias contra
los nominados.
La Junta Nominadora, integrada por 14 representantes de diferentes
sectores, deberá seleccionar a 45 magistrados de un total
de 140 candidatos. Entre las entidades que ya nominaron sus
candidatos a magistrados está el Colegio de Abogados
de Honduras, la Sociedad Civil, la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras y la Corte Suprema de Justicia. Faltan los candidatos
de los obreros, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Montes dijo a los periodistas que no le temblará la
boca ni las manos para descartar a las personas nominadas que
tengan denuncias comprobadas de actos de corrupción,
y agregó que prefiere renunciar antes que ceder a presiones
políticas.
Explicó que en estos momentos no tienen una sede definida
para realizar las sesiones, sin embargo, añadió
que una vez que consigan el local sesionarán en forma
intensiva para avanzar en el trabajo.
Indicó que ellos deberán intensificar el trabajo
porque deben examinar 140 curriculums y recibir denuncias de
la población sobre las personas propuestas. "Lo
malo es que esto empiece tan tarde, vamos a partir de las pruebas,
si no hay pruebas no hay nada", dijo Montes cuando se le
preguntó si tomarían en cuenta las denuncias de
la población.
Por su parte, Leo Valladares, uno de los secretarios de la
Junta, dijo que los 140 nominados serán examinados uno
por uno con el propósito de evitar que se vaya a filtrar
una persona con antecedentes dudosos.
"Tenemos que revisar muy bien su trayectoria, no es por
proponer nombres, la Junta debe estar abierta a recibir cualquier
denuncia que se haga sobre cualquiera de los nominados",
dijo.
Consideró que la idea es que los candidatos sean examinados
no sólo por la Junta Nominadora sino por la población
porque la persona que tenga una "mancha" en su trayectoria
debe ser desechada.
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