PRETENDEN DAR MARCHA ATRÁS
CON LAS REFORMAS AL PODER JUDICIAL

La anhelada, prometida y sobre todo, necesaria reforma del Poder Judicial hondureño podría dar marcha atrás, en virtud de la actitud retardataria de sectores estrechamente ligados a los dos partidos tradicionales, según se logró confirmar ayer en fuentes del Congreso de la República.

El primer paso para la reforma del Poder Judicial está dado, y su realización constituye el resultado de una prolongada campaña de cuestionamientos y duras crítica al impartimiento de la justicia, a su politización desmesurada y a las influencias que ejerce el poder entre los responsables de inclinar la balanza de la Diosa Temis.

La creación de la Junta Nominadora en el Congreso Nacional supone el primer gran paso hacia la transformación del Poder Judicial, en un proceso que ha sido seguido por la nominación de los candidatos de parte de los distintos sectores organizados.

Los sectores de avanzada de los partidos políticos, la Sociedad Civil, la Iglesia Católica y los gremios profesionales, obreros y campesinos han mantenido desde años el dedo sobre la llaga, en procura de hacer realidad un Poder Judicial que no continúe manchando de cieno la imagen del país y permitiendo el libre albedrío en el latrocinio público.

Sin embargo, en fuentes íntimamente ligadas a los partidos políticos mayoritarios se confirmó el fin de semana el crecimiento de un movimiento dirigido a echar marcha atrás en el proceso que pretende depurar el Poder Judicial.
En el movimiento que comienza a nacer se agrupan diputados electos, dirigentes políticos y hasta algunos empresarios conservadores.

La nueva Corte Suprema de Justicia estará conformada por 15 magistrados propietario, quienes durarán en sus funciones 7 años, tres más que el Presidente de la República.

El Congreso Nacional escogerá a los 15 togados de una lisa de 45 candidatos que le presentará en enero próximo la Junta Nominadora que tiene en su poder una lista de 145 nominados.
De acuerdo a informes obtenidos, diputados liberales y nacionalistas conservadores habrían entrado en un franco contubernio, con miras a dejar sin valor ni efecto las reformas efectuadas hasta ahora y bajo la justificación de que el proceso se inició de manera tardía-postergar las reformas y elegir una Corte Suprema exactamente como la vigente.

La fuente consultad no entró en detalles, pero afirmó de manera clara y precisa que el "movimiento va", porque, además de los argumentos antes señalados, los azotes de las reformas no están conformes con el proceso de selección que está usando la Junta Nominadora.

"Lo que pasa es que la Junta Nominadora sólo quiere meter ñangaras en la lista y eso no lo vamos a permitir, porque después vamos a tener una Corte que se va a dedicar a hostigar a los políticos, a los empresarios y a todo aquello que no huela a izquierda", justificó una fuente consultada.

Sin embargo, se supo que representantes de los organismos internacionales de crédito y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, principal financista de las reformas junto al gobierno de España están opuestos firmemente a cualquier pretensión política que conlleve una marcha atrás en el proceso de las reformas judiciales.

Inclusive, se supo que esos organismos estarían dispuestos a suspender la ayuda económica a Honduras si el Congreso Nacional se atreve a postergar las reformas al sistema judicial del país.

Según se supo, el presidente electo, Ricardo Maduro, está decidido a cumplir su promesa en torno a las reformas judiciales, pero, para su desgracia, su partid no alcanzó la mayoría en el Congreso de la República.
A lo anterior se suma el hecho de que Maduro no controla la totalidad de su bancada, en vista que existen sectores recalcitrantes que ya comenzaron a conspirar para elegir una Junta Directiva que responda a intereses políticos y no a un Plan de Gobierno debidamente concertado con todos los sectores de la sociedad.
Se ignora si el ex candidato presidencial liberal y actual presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce, respaldará las pretensiones de esos sectores de su partido y del nacionalismo que están detrás del movimiento encaminado a dar marcha atrás con las reformas judiciales.

El Heraldo, lunes 3 de diciembre del 2001