Por: Ernesto Paz Aguilar
Conviene tener presente que el punto de partida del proceso
de reforma judicial que experimenta nuestro país, se
encuentra en el Informe Especial del Comisionado de los Derechos
Humanos sobre "La necesidad de proteger la independencia
judicial" (06-04-00), cuyo objetivo fundamental es dotar
al país de un Poder Judicial independiente, profesional
e imparcial.
Sustancialmente, se trata de ponerle fin a un sistema de casi
un siglo de vigencia que produjo, en la mayoría de los
casos, inseguridad jurídica, impunidad, corrupción
y falta de imparcialidad. Se aspira sustituir un procedimiento,
en el cual, la elección de los magistrados del Tribunal
Supremo ha sido el producto de oscuras negociaciones entre las
cúpulas de los partidos políticos y los grupos
de interés, donde ha privado el interés particular
sobre el interés general.
Entonces, para evitar que el sistema judicial colapsara totalmente,
el comisionado propuso una operación de salvataje institucional,
mediante el establecimiento de un "régimen de autogobierno
de la magistratura bajo la dirección y exclusiva competencia
de un Consejo General del Poder Judicial y de sus órganos
inspectores... e instaurar un sistema de ingreso a la carrera
judicial libre de injerencias políticas y rigurosamente
técnico, que asegure el derecho de toda persona a acceder
a las funciones públicas en condiciones de igualdad y
conforme a su capacidad, méritos y formación moral".
Las reformas aprobadas no van exactamente en la dirección
propuesta por el comisionado, pero éste tiene el mérito
de haber puesto la primera piedra en la nueva arquitectura institucional
del sistema de justicia del país. Las reformas propuestas
fueron apoyadas por la Iglesia Católica, el empresariado
nacional y algunas organizaciones de la sociedad civil. Seguidamente,
el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa de conformar una
comisión de notables que elaboró un documento
que sirvió de base a las mencionadas reformas. Finalmente,
el Congreso Nacional estableció las normas y los procedimientos
para la elección de los candidatos a magistrados de la
Corte Suprema de Justicia.
Nuestro país, Honduras, vive un proceso de transición
de una democracia representativa hacia una democracia más
participativa. En ese sentido, quizás el rasgo definitorio
de esta nueva etapa, sea la creciente participación de
la sociedad civil en la conducción de los destinos de
la nación.
Estamos pues, en presencia de un proceso de transferencia parcial
de un poder del Estado, que históricamente han controlado
y manipulado las cúpulas de los partidos políticos,
o un conjunto de organizaciones no electivas de la sociedad
civil. En pocas palabras, según la reforma en marcha,
la sociedad civil hace la selección y el poder político
hace la elección.
El proceso de selección, que debería significar
también evaluación de los candidatos, es el que
genera mayores preocupaciones porque no se dispone ni de la
voluntad, ni de mucho tiempo para elaborar las normas básicas
que deben orientar el mismo.
De igual manera, las instituciones y organizaciones que conforman
la Junta Nominadora corren el riesgo de caer en la politización
sectaria y seleccionar a personas que sean afines a sus intereses
particulares. Así las cosas, los candidatos podrían
nacer con el sello de la improvisación producto de la
precipitación.
Como sabemos, la selección la harán siete instituciones
u organizaciones, las cuales elegirán a un representante
ante la Junta Nominadora y elaborarán una lista de veinte
candidatos a magistrados. El presidente del Congreso convocará
a la junta de referencia y seleccionarán 45 candidatos
de una nómina de 140, antes de la instalación
del nuevo Congreso Nacional. Finalmente, el pleno de la cámara
elegirá por una mayoría de dos tercios a los quince
magistrados.
El tren de las reformas avanza en la dirección correcta,
pero existen muchos peligros y no pocas dificultades que pueden
truncar las legítimas aspiraciones del pueblo, porque
en nuestro país abundan compatriotas que sus ambiciones
no conocen límites y no tienen conciencia de sus limitaciones.
Por ello, es necesario que las personas que aspiran a tales
cargos se hagan un examen de conciencia y se interroguen si
ellos son parte del problema o de la solución. Si representan
un pasado con el que se quiere romper o un futuro que hemos
decidido construir.
En tal sentido, es útil recordar que los funcionarios
a elegir, además de llenar los requisitos formales, deben
ser juristas con credenciales morales y éticas irreprochables
y tener las manos limpias de actos de corrupción o de
represión.
En fin, es indispensable tener las manos limpias, pero sería
mejor que esas manos limpias no estén vacías,
vacías de obras técnicas y académicas (libros,
trabajos de investigación o artículos especializados).
En definitiva, el país necesita una Corte Suprema de
Justicia integrada por los mejores hombres y mujeres con la
mejor hoja de vida profesional y académica, estudiosos,
justos, honestos y experimentados, dotados de independencia
de criterio y libertad de espíritu.
Al Supremo Hacedor del Universo le pedimos que ilumine a los
miembros de la Junta Nominadora y a los diputados al Congreso
Nacional para que seleccionen primero y elijan después
a las personas con más idoneidad para tan señaladas
dignidades, en cuyas manos estarán los fines últimos
de la política: La convivencia civilizada y la solución
de los conflictos que amenazan nuestra existencia como sociedad.
La Tribuna Pág. 5
volver arriba
