CORRUPCIÓN, EXTORSION Y CHANTAJE
MINAN PODER JUDICIAL: COMISIONADO

ESTO HACE QUE LOS JUECES Y MAGISTRADOS SEAN NOMBRADOS ATENDIENDO CRITERIOS POLÍTICOS, ECONOMICOS Y PERSONALES, ASEVERA EN UN INFORME LEO VALLADARES.

Poderosas influencias externas, provenientes de sectores políticos y económicos, tienen minada la independencia del Poder Judicial. Esto hace que se produzcan decisiones judiciales mediatizadas, provocando de cierto modo, la desaparición del Estado de Derecho.

Así lo manifiesta un informe especial del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, denominado, "La necesidad de proteger la independencia judicial", al que tuvo acceso Diario El Heraldo.

El análisis se realizó en respuesta a la cantidad de quejas recibidas por el Comisionado contra el Poder Judicial. Las quejas evidencian falta de imparcialidad de algunos jueces y magistrados en la resolución de los casos sometidos a su jurisdicción.

Asimismo , prevaricación, cohecho, corrupción, extorsión, chantaje, amenazas, revisión ilegal de los expedientes, violación de la secretividad del sumario, denegación maliciosa de la justicia y retardo malicioso de la administración de la justicia, registros y detenciones ilegales, negativa del juez a fallar o a inhibirse en la contienda jurisdiccional.

"En relación con la politización del Poder Judicial, el Comisionado ha constatado la existencia de un marcado interés político en la elección del personal integrante del Poder Judicial". Esto proviene primeramente en la elección del presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el Congreso Nacional.

Esto hace también, que los jueces y magistrados sean nombrados atendiendo meros criterios políticos, económicos y personales.

"La realidad del sistema judicial hondureño revela un gobierno e inspección del Poder Judicial muy mediatizados por el interés político", dice el Comisionado.
Las intromisiones indebidas en el Poder Judicial por parte de instancias externas, han llegado a producir anulaciones, revocaciones o revisiones judiciales ilegales. Estas suelen proceder de altas esferas del Poder Judicial o de poderosas instancias políticas y económicas dice el informe.

Además indica, la gravedad de estas intromisiones se acrecienta al advertirse el clima de impunidad en el que actúan las personas, dada la reticencia de los afectado a denunciar estos hechos.

El informe señala que un Estado de Derecho requiere que la administración de justicia se realice a través de un sistema procesal regular, ordenado y coherente, que garantice adecuadamente la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

Por tal situación, el Comisionado advierte, que el Estado de Derecho se encuentra en una situación precaria o no existe de modo alguno cuando no se aplican las garantías procesales legalmente establecidas, cuando los derechos de los detenidos y procesados no son respetados, cuando hay amplios espacios de la actividad pública que, injustificadamente, no se sujetan a los recursos administrativos y judiciales que marca la ley, o cuando el poder político se inmiscuye en la actuación de los tribunales.

En tal sentido, denuncia la vulneración del artículo 303 de la Constitución, que es el principio que garantiza la independencia del Poder Judicial.

Señala, que la protección efectiva de este principio constitucional permitirá que la administración de justicia sea objetiva e imparcial, impidiendo que ciertas personas, instituciones o poderes del Estado utilicen el Poder Judicial en beneficio propio y en detrimento de la legalidad y la inseguridad jurídica.

El informe presenta una serie de recomendaciones y hace alusión a los jueces que en una acción heroica trabajan conforme a la ley y no se han dejado corromper

En lo que es la declaración final del documento, el Comisionado Nacional advierte que las propuestas de reformas al Poder Judicial no deben ser aprovechadas para satisfacer intereses electorales, sino para defender los interese de la sociedad.

En tal sentido, llama a un diálogo nacional para que, incluyendo a todos los sectores de la sociedad, se discuta una auténtica reforma del sistema judicial que enmiende los errores antes apuntados.

El Heraldo jueves 6 de abril del 2000

volver arriba

EN REPRESALIA A SU INFORME:
CORTE SUPREMA ORDENA ACUSACIÓN CRIMINAL CONTRA LEO VALLADARES

Mientras, magistrado Manuel Enrique Alvarado, acusa de "temeraria" la publicación de El Heraldo e insinúa represalias contra el medio por difundir una noticia "alarmante" que daña el país.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia instruyó ayer a la juez Primero de Letras de lo Criminal de Tegucigalpa, para que inicie diligencias sumariales a efecto de investigar el informe del comisionado nacional, Leo Valladares Lanza, denunciando "corrupción, extorsión y chantaje en el Poder Judicial, además de influencias políticas y económicas".

El magistrado suplente. Geovanny Martínez, dijo que el juez de instrucción determinará que es lo que procede, pero negó que el incicio de las diligencias sumariales sea una forma de presión para coaccionar y callar al comisionado nacional, y hacer que desista de sus propias investigaciones.

El funcionario judicial reiteró que el juez de instrucción será al final quien determinará, según la investigación, si corresponde iniciar una acusación criminal contra el comisionado nacional, a quien podrá llamar previamente.

Martínez defendió lo que llamó trabajo "serio y responsable" de la Corte Suprema de Justicia, donde toda actuación está "cimentada en la Constitución y demás leyes, con fallos apegados a ley y sin influencias de ninguna naturaleza".

Según el magistrado Martínez, al pleno del Poder Judicial le extraña que las imputaciones se generalicen y por eso, dijo, "pedimos a todos los usuarios del sistema que señalen casos concretos, con nombres y apellidos, para deducir las responsabilidades que correspondan".

"La Corte Suprema de Justicia, como poder del Estado, no recibe ninguna influencia de personas políticas o de sectores económicos, nacionales o extranjeros para tomar sus decisiones" protestó el magistrado Martínez.

El magistrado Manuel Enrique Alvarado, dijo por su parte, que analizado el contenido de la publicación de El Heraldo, a la que llamó "temeraria", el pleno resolvió levantar diligencias sumariales de investigación para llegar hasta la veracidad de lo que se expresa en la denuncia.

Del resultado de la investigación del juez Primero de Letras de lo Criminal de Tegucigalpa, dijo el magistrado Alvarado, se enjuiciará de inmediato a las personas que vertieron la aseveración que hay actos constitutivos de delito en jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial.

El comisionado nacional hizo llegar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia un informe especial titulado "La necesidad de proteger la independencia judicial" el que, según el magistrado Alvarado, será analizado antes de responder y sin perjuicio de las investigaciones sumariales que sigue el juez de Letras Primero de lo Criminal de Tegucigalpa.

"No hablamos de enjuiciamiento criminal sino de levantar investigaciones sumariales con el objeto de llegar a la verdad del contenido de la publicación y del informe especial emitido por el comisionado nacional, con el resultado el juez emitirá la resolución que en derecho corresponde" indicó Alvarado.

Según Alvarado, la publicación es "desafortunada" porque no se lleva de encuentro a magistrados y jueces sino al país dado que la noticia "alarmante" recorrió el mundo y es conocida por países y organismos cooperantes, poniendo en predisposición para seguir ayudando a la modernización del Poder Judicial.

"Corrupción, extorsión y chantaje son actos constitutivos de delito, tenemos que responder porque hemos sido muy conservadores y nos hemos llamado al silencio ante éstas publicaciones, creo que rebalsó la copa y tenemos que defendernos los magistrados y jueces y que presenten pruebas contundentes para enjuiciar y destituir" a los culpables, sentenció el magistrado Alvarado.

El funcionario judicial exigió al comisionado nacional que de las pruebas correspondientes ante el juez, no sólo lanzar un comunicado sino dar nombre de magistrados y jueces de Letras y de Paz están involucrados en "corrupción, extorsión y chantaje".

"Estamos actuando de la mejor manera posible, en lo particular no le llega esta situación, me siento fuera de ella pero me molesta porque pertenezco a un órgano colegiado y estimo que se deben probar todas éstas falsas imputaciones y que den nombres para sanear de una vez por todas el Poder Judicial, si es que existen estas situaciones". Puntualizó el magistrado Alvarado.

EL HERALDO, 7 ABRIL, 2000.

volver arriba