José Maria Palacios

Juan Arnaldo Hernández

Felipe Enamorado Suazo  

Irma Violeta de Rosa Bautista

Miguel Ángel Rivera Portillo

José Eduardo Gauggel Rivas

Carlos Alberto Gómez Moreno

Edgardo Cáceres Castellanos

Rigoberto Espinal Irías

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IJM RECUSA A IRMA VIOLETA ANTE JUNTA NOMINADORA

RECUSADOS 11 NOMINADOS
A MAGISTRADOS DE LA PRÓXIMA CORTE SUPREMA

DOS MAGISTRADOS Y FISCAL ADJUNTO OBJETADOS PARA FORMAR NUEVA CSJ

DOS MAGISTRADOS Y FISCAL ADJUNTO OBJETADOS PARA FORMAR NUEVA CSJ

Un profesional del Derecho cuestiona a Miguel Ángel Rivera Portillo (ver también recusación por Casa Alianza) y José Maria Palacios, al Fiscal General Adjunto, Juan Arnaldo Hernández y al abogado Felipe Teobaldo Enamorado Suazo

Formal objeción contra la nominación de cuatro candidatos a la nueva Corte Suprema de Justicia, y del coordinador de la Junta Nominadora, Darío Humberto Montes, ha presentado el profesional del Derecho, Norman Torres, amparándose en varios documentos emanados del Poder Judicial. En el expediente que contiene la objeción figuran los nombres de los actuales magistrados Miguel Ángel Rivera Portillo y José Maria Palacios Mejía, el del Fiscal General Adjunto, Juan Arnaldo Hernández Espinosa y del abogado Felipe Teobaldo Enamorado Suazo, interventor de la Cooperativa Sagrada Familia.

Torres sostiene que la prueba es incuestionable, contundente y acredita que los cuestionados, por acción u omisión, participaron en delitos penales y ahora se quieren amparar en la nominación para volver a ser magistrados y continuar en la misma línea de acción.

Según Torres debe llenarse las aspiraciones del pueblo "echando a la calle a toda la gente nefasta que se ha desempeñado como verdaderos delincuentes dentro del Poder Judicial y aun en la Fiscalía del Estado".
José Maria Palacios, Miguel Ángel Rivera Portillo y Juan Arnaldo Hernández Espinosa y Felipe Teobaldo Enamorado y Darío Humberto Montes están involucrados, según este profesional, en acciones irregulares en el caso del testamento del fallecido empresario Ramón Mondragón.

Torres insistió en que no ha presentado un antojo sino una denuncia formal con documentos proporcionados por el mismo órgano jurisdiccional del Estado, en donde constan sentencia donde anularon un testamento cerrado y la acusación que se instruye contra varias personas incluido al magistrado Palacios Mejía.

Indico que estas personas suscribieron con un banco nacional un contrato de fideicomiso fraudulento pues el testamentario no podía hablar porque estaba afectado por un derrame cerebral severo.

Torres acompaño denuncias promovidas ante organismos internacionales, en la Corte Centroamericana de Justicia, la Fiscalía General de la Republica y el Comisionado General de Derechos Humanos.

El Heraldo, miércoles 12 del 2001

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