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Próxima Corte Suprema de Justicia:
anhelo de un pueblo… tentación de políticos
Al umbral del quinto gobierno electo democráticamente
en las urnas en Honduras, el virtual presidente electo, Ricardo
Maduro, se apresta a librar una de sus más duras batallas,
cual es la selección de la Corte Suprema de Justicia.
El nuevo proceso de escogencia de los magistrados a la Corte
Suprema de Justicia pretende disminuir los niveles de ingerencia
política prevalecientes hasta ahora, sin embargo, todo
hace prever que los políticos harán su lucha
por manipular la elección y por mantener las cuotas
de dominio en ese poder del Estado.
Una reforma constitucional
En Honduras la aplicación de la justicia ha sido uno
de los principales escollos del desarrollo. La aplicación
de "la justicia es solo para los descalzos", dijo
en una ocasión un diplomático estadounidense
en una abierta crítica al proceso. "La serpiente
de la justicia no alcanza a quienes calzan botas", apostilló.
"La justicia hondureña se ha caracterizado por
los juicios bajo la mesa, a oscuras y detrás de las
puertas" dijo el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos
del Departamento de Estado, John Keane, en un informe publicado
por Diario La Prensa de Honduras, el 29 de mayo del 2001.
Y es cierto. A diario los medios de comunicación informan
de la apertura y conclusión de juicios a personas de
escasos recursos económicos, mientras que aquellos
allegados al poder, pertenecientes a las clases económicamente
poderosas del país y a las élites políticas
pueden caminar libremente por las calles sin el más
mínimo temor de ser juzgados por sus acciones reñidas
con la ley.
Es así que defraudadores del fisco nacional y violadores
de los derechos humanos, entre otros, siguen siendo parte
de las estructuras de poder, mientras campesinos e indígenas
son juzgados y encarcelados hasta por el supuesto robo de
una gallina.
Y todo tiene su base en el manipuleo político prevaleciente
en el proceso de selección de los magistrados a la
Corte Suprema de Justicia, quienes en su totalidad han llegado
a ocupar tan altos cargos promovidos por las cúpulas
del partido en el poder y de los grupos empresariales que
financian las actividades políticas en el país.
Con el afán de revertir estas tendencias, se han promovido
reformas constitucionales encaminadas a disminuir los índices
de despolitización del Poder Judicial.
Uno de los primeros pasos del nuevo proceso se ha dado y
es la integración de una Junta Nominadora que tendrá
la responsabilidad de nominar a 45 profesionales del derecho
como candidatos a las 15 magistraturas que deberán
nombrarse el próximo mes de enero.
La Junta Nominadora está integrada por representantes
de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Abogados de
Honduras, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP),
un representante de los claustros de profesores de la Escuela
de Ciencias Jurídicas, de la Sociedad Civil y de las
Confederaciones de Trabajadores.
La nominación de los integrantes de esta Junta Nominadora
se realizó antes del proceso eleccionario que dejó
al candidato del Partido Nacional como ganador de la contienda.
El nombramiento de los miembros de la Junta Nominadora se
hizo en medio del fervor político preelectoral, dejando
un sabor amargo del proceso pues fue evidente la ingerencia
de las cúpulas de los partidos tradicionales en el
proceso, con el afán de nombrar a sus afines en los
cargos a disposición.
La ingerencia política fue evidente también
en la conformación de las listas preliminares de candidatos
a magistrados realizados por cada uno de los sectores sociales
representantes en la Junta Nominadora y que legalmente tienen
esta responsabilidad.
Es así que las listas de aspirantes a magistrados
están plagadas de profesionales ligados a los partidos
políticos tradicionales, la mayoría de ellos
inscritos no por méritos sino por influencias propias
o de líderes y grupos de allegados a las cúpulas
de los partidos tradicionales.
Los aspirantes volver
arriba
En medio del ajetreo político, se han conformado las
listas de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se manejan nombres de personas que
ya han ocupado tal cargo, de reconocidos militantes de los
partidos políticos y otros profesionales de reconocida
rectitud en el ejercicio profesional.
Para el caso, el Colegio de Abogados de Honduras está
presentando entre sus candidatos a una serie de personas que
han formado o forman parte de la actual estructura del Poder
Judicial y sobre quienes pesa la mala aplicación de
la justicia en el país.
Se nominan, entre otros, a Miguel Angel Rivera Portillo,
presidente de la Corte Suprema de Justicia en dos ocasiones
(lo es en el período actual de gobierno), Rigoberto
Chan Castillo, conocido activista del Partido Nacional, José
Ramón Cálix Figueroa, prominente político
del Partido Liberal y actual ministro de Educación.
Integran esta lista, además, la ministra de Gobernación
y exprecandidata presidencial Vera Sofía Rubí,
los magistrados actuales Edgardo Cáceres Castellanos
y José María Palacios.
El listado de aspirantes por parte de la Sociedad Civil incluye
nombres de profesionales ampliamente conocidos en el país,
como son Donaldo Reyes Avellar, Linda Lizzie Rivera, Blanca
Valladares, Ana Pineda, Clarissa Vega de Ferrera, Omar Cerna
y Alba Alonso de Quezada.
El Claustro de Profesores de Derecho propone, entre otros,
a Esthela Cardona Padilla, Jesús Martínez Suazo,
Irma Violeta de Suazo, Juan Arnaldo Hernández, Manuel
Enrique Alvarado, Roberto Bográn Idiaquez.
Cada una de las hojas de vida de los aspirantes deberá
ser estudiada minuciosamente por los miembros de la Junta
Nominadora. Un arduo trabajo, dicen sus miembros, quienes
no desconocen que pueden existir presiones para nominar a
personas afines a los grupos de poder.
Miembros de la Junta Nominadora dicen que tratarán
de ser lo más imparcial posibles en la nominación
de los candidatos, no obstante, nada garantiza que la nominación
final sea la más imparcial.
Los movimientos políticos
volver arriba
Y mientras la Junta Nominadora trabaja en la depuración
de las listas de candidatos, a presentar al Congreso Nacional
para su elección, las cúpulas de los partidos
políticos han empezado a moverse para integrar en la
misma a sus afines.
Analistas no descartan que las cúpulas de los partidos
tradicionales influyan en el nuevo Congreso de la República,
que tendrá como una de sus primeras actividades el
nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Tras el proceso electoral del 25 de noviembre, se prevé
que el Partido Nacional no contará con la mayoría
que necesitan para adoptar posiciones unilaterales y que deberán
negociar con el apoyo de sus tradicionales opositores políticos
y más aún con una bancadita de entre 11 y 14
diputados que conformarán representantes de los llamados
partidos emergentes (Unificación Democrática,
PINU-SD y Democracia Cristiana).
Y desde ya se habla de una negociación entre los partidos
tradicionales para integrar a sus afines en la nueva estructura
del Poder Judicial.
De esta manera, todo el proceso de selección de una
lista de 45 aspirantes a magistrados sería echado al
cesto de basura cuando los políticos desde el Congreso
Nacional identifiquen a sus afines y apuesten por ellos favoreciéndoles
con la elección.
Si esto sucede el único perdedor será el pueblo
hondureño que ha cifrado sus esperanzas en el nuevo
proceso de selección de magistrados, como el inicio
del proceso de adecentamiento de la administración
de la justicia en Honduras.
Según la ley, la nueva Corte Suprema de Justicia deberá
ser electa el 25 de enero, día en que se instalará
la primera legislatura del período presidencial 2002
- 2006. Los magistrados serán electos -por primera
vez- por un período de siete (7) años.
La visión de Maduro volver
arriba
Sobre el tema, el presidente electo dijo reiteradamente en
sus discursos de campaña lo siguiente:
"El sistema judicial no es independiente ni imparcial
y el impartimiento de la justicia no es ni expedito ni oportuno.
El Poder Judicial acusa un alto grado de politización,
a tal extremo que ciertos políticos admiten abiertamente
que la Corte Suprema de Justicia esta controlada por el partido
de gobierno y más específicamente por personalidades
políticas y corrientes internas. De otra parte el sistema
judicial acusa una mora en la decisión de los casos
sometidos a su conocimiento que infringe los derechos constitucionales
de los encausados. Asimismo, el sistema de justicia actual
no reconoce la ejecución de métodos alternativos
para la solución de conflictos, lo cual permitiría
descongestionar los juzgados y tribunales y agilizar la decisión
de miles de casos privados. En estas circunstancias el Poder
Judicial no puede ser una pieza clave para el establecimiento
de un clima de seguridad ciudadana y de lucha efectiva contra
la corrupción".
El pueblo espera que el nuevo Presidente y los próximos
diputados resistan la tentación de ver al Poder Judicial
como un vil botín de batalla política. Y que
por fin le den la oportunidad de ser un Poder imparcial, despolitizado,
profesional y con solvencia moral.
3/12/01
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