El proceso de recusación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Honduras es un juego que todavía no tiene las reglas claras para jugarlo pues se desconoce fehacientemente el mecanismo a utilizar para garantizar la pureza del proceso.

También se desconoce la fuerza que tendrán las denuncias que se están presentando en contra de aspirantes que han obstruido el proceso de la aplicación de la justicia en Honduras.

Se requiere de "pruebas fehacientes" para aceptar cualquier recusación de los aspirantes al cargo, pero sin profundizar en el mecanismo a seguir para tomar como válidas o no las peticiones que presenten.

Posiblemente se demande que las denuncias estén documentadas e investigadas por los tribunales de justicia y las distintas fiscalías del Ministerio Público para ser tomadas en cuenta.

La Junta Nominadora de los candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia ha informado que el proceso de recusaciones será "estrictamente confidencial" lo que favorecería el manipuleo político en el proceso de selección en el Congreso Nacional.

Ha establecido además que los nombres de los candidatos a magistrados que sean recusados serán "mantenidos en secreto" y que los documentos de prueba de las anomalías cometidas "serán destruidos" al final del proceso.

Desde la instalación de la Junta Nominadora a la fecha se ha conocido de la recusación varios de los aspirantes a magistrados, sin que se hayan revelado todos los nombres, no obstante, que se ha hecho público ya algunos de ellos por parte de las instituciones o particulares que han hecho uso de este mecanismo para objetar a candidatos que consideran no se merecen ocupar tan altos cargos en la estructura del Poder Judicial de Honduras, uno de los más cuestionados por la ciudadanía.

Para el caso, la abogada Irma Violeta Suazo de Rosa Bautista ha sido recusada por haber obstruido la justicia en el caso de la muerte del niño Leonardo René Morales. El padre del menor y la Misión Internacional de Justicia (IJM) la objetaron presentando documentos probatorios ante la Junta Nominadora.

El pasado mes de octubre, IJM también le solicitó formalmente al Congreso Nacional la separación del cargo de magistrada para deducirle responsabilidades por haber interferido en una investigación judicial.

IJM envió a la Junta Nominadora de la próxima CSJ un reporte "sobre la conducta judicial impropia de la magistrada, en el cual alega que la funcionaria obstruyó la justicia en el caso de la muerte de un menor y debe juzgársele por ese delito".

La magistrada renunció a su cargo semanas antes de las elecciones generales para favorecer la nominación de su esposo Leonidas Rosa Bautista a una diputación del Congreso Nacional en representación del Partido Nacional, triunfador de la contienda electoral del pasado 25 de noviembre.

Se conoció que la Junta Nominadora no tomará en cuenta para la nominación final de candidatos a Magistrados a quienes sean parientes cercanos de diputados al Congreso Nacional.

Han sido recusados, además, Edgardo Cáceres Castellanos, Rigoberto Espinal Irías, José Edgardo Gauggel Rivas, Carlos Alberto Gómez Hernández Mund y el presidente de la CSJ, Miguel Ángel Rivera Portillo. Estas recusaciones han sido presentadas por los representantes de Casa Alianza en Honduras por estar señalados como violadores de la Constitución de la República y convenios internacionales que protegen la niñez.

También se han conocido las objeciones contra José María Palacios, Juan Arnaldo Hernández, y Felipe Teobaldo Enamorado.

A la fecha, los miembros de la Junta Nominadora ha elaborado "un cuadro de valores" a ser tomados en cuenta para recusar a los candidatos, en el cual se dará una calificación a cada uno de los temas a evaluar, dijo la fuente de REVISTAZO.

No obstante, agregó "todavía existen diferencias entre los miembros de la Junta para determinar qué aspectos deben ser incluidos en el cuadro de valores y la calificación que deberá dársele a cada uno de ellos".

Lo que sí está claro es que toda resolución que se tome al interior de la Junta Nominadora deberá contar con la venia de 6 de los 7 miembros de la misma.
Sectores de la sociedad civil hondureña temen "de posibles alianzas" al interior de la Junta Nominadora para incluir o excluir de la lista a los profesionales del derecho afines a cada uno de los partidos políticos tradicionales.

En este marco, los miembros de la Junta Nominadora libran una feroz lucha para hacer valer sus criterios ante una sociedad que teme el manipuleo del proceso, tomando como referencia lo sucedido históricamente en esta nación centroamericana en este tipo de acciones.

Miembros de la Junta han dicho que requieren de la confianza pública en el actuar de sus miembros para sacar adelante de la manera más transparente este proceso y que se denuncie con pruebas a todos los candidatos que tienen "record de mal actuar en su ejercicio profesional e incluso personal".

Demandan además "el potenciar" las virtudes de los miembros de la Junta Nominadora en vez de volcarse solo en críticas y especulaciones de lo que puede suceder o no durante el proceso.

SECRETIVIDAD

Miembros de la Junta Nominadora han justificado su decisión de mantener en secreto todo el proceso de selección de los candidatos a magistrados diciendo que ellos no integran "un tribunal de justicia" para sentenciar a los aspirantes a las 15 plazas de magistrados en disputa.

Consideran "una sentencia pública" el informar a la sociedad de las razones por las cuales están desestimando las postulaciones.

Este aspecto del proceso no es visto con buenos ojos por la sociedad hondureña, que demanda transparencia total en la selección de los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, así como la reducción de los niveles de ingerencia política en el proceso.

La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia deberá realizarse el 25 de enero, día en el cual por mandato constitucional debe instalarse la primera legislatura del gobierno constitucional que presidirá Ricardo Maduro.

19/12/01
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