12,900 millones de dólares totalizan propiedades no registradas en Honduras

Revela estudio de ILD y USAID:
12,900 millones de dólares totalizan propiedades no registradas en Honduras

•	El estudio indica que es común en el país que un mismo predio o lote de tierra registre multiplicidad de inscripciones para el beneficio de varios propietarios, lo cual hace imposible que el usuario pueda ser sujeto de crédito para invertir financieramente sobre las posibilidades del predio.

El Instituto Libertad y Democracia (ILD) y la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) revelaron recientemente los resultados de un estudio sobre la tenencia de la tierra en el país en donde se refleja una situación alarmante. Honduras ocupa el quinto lugar en el mundo con mayor cantidad de activos muertos.

Según esta investigación, 12 mil 900 millones de dólares es el monto de propiedades no registradas en Honduras, lo que se denomina "capital muerto".

De los doce mil millones de dólares el 70 por ciento corresponde al valor de los activos prediales urbanos, el resto se distribuye en áreas agrícolas y forestales y en el valor de los activos empresariales extralegales.

Las investigaciones del ILD apuntan que la anterior cifra representa un valor tres veces mayor que la formación bruta de capital fijo legalizado, 36 veces más que el total de capital y reservas de la banca comercial del país, 7 veces más alto que el total de los depósitos de ahorro de la banca comercial de Honduras y tres veces más que el total de la deuda externa del país.

Asimismo, luego de los análisis se identificaron dos razones principales que generan el problema de "capital muerto": el modelo de propiedad tradicional y el sistema legal que lo regula.

—Entrevistas—
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Renan Inestroza
Siri Zúñiga
Marco Antonio Andino
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Planos Ejidos
Tracto Sucesivo
$12,000 Millones
Dramas de vecinos

INDICE

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"Es común en el país que un mismo predio o lote de tierra registre multiplicidad de inscripciones para el beneficio de varios propietarios, lo cual hace imposible que el usuario pueda ser sujeto de crédito para invertir financieramente sobre las posibilidades del predio", indica el estudio.

Según la investigación, en Honduras existen 120 leyes relativas al tema de la propiedad, esto dificulta la legalización de un predio usufructuado a partir de una invasión en donde se necesitan 177 pasos administrativos, lo mismo que 430 pasos para legalizar otro predio en posesión aparentemente normal.

El estudio indica, además, que si alguien desea organizar una empresa mercantil tiene que visitar entre 12 y 18 oficinas de gobierno. La situación empeora si el interesado carece de recursos para pagar un abogado y para llenar todos los requisitos que la ley exige.

Las anteriores razones, según el documento, influyen para que muchos hondureños prefieren subsistir en el sector informal de la economía, o viviendo en casas edificadas sin permiso de construcción o en áreas que carecen de autorización urbanística. De igual forma, se prefiere construir bienes inmuebles con problemas de titularidad por transferencias no registradas, sucesiones indivisas y litigios diversos.

Ante la investigación el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Jacobo Regalado, expresó que aunque la cifra de 12 mil millones de dólares es grande no sirve como garantía para acceder al crédito bancario.

Regalado declaró que el no registro de las propiedades o bienes limita a la vez ser beneficiarios de la prestación de servicios públicos y privados. Asimismo, dijo que el 85.7 por ciento de todos los activos que la empresa privada en Honduras tiene están ilegalmente registrados.

"Son bienes y propiedades en general que le pertenecen a determinada persona, pero que su propietario no la tiene legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad.
Todo lo que esté construido sobre un activo y no ha sido registrado está desprotegido, porque no está amparado en el marco legal vigente del país", expresó.

El estudio realizado por el ILD y la USAID identificó los siguientes puntos:

1.	No es posible determinar con certeza la naturaleza jurídica de las tierras ejidales, nacionales y privadas, ni tampoco el uso que les corresponde debido a que todavía es inexistente el registro de tierras del Estado y el registro de la propiedad inmueble. Esta situación ha ocasionado conflictos de competencia gubernamental y una multiplicidad de titulaciones y de inscripciones de derechos de propiedad sobre los mismos terrenos.
2.	El sistema hondureño no cuenta con una ley de zonas marginales ni con una normatividad que permita desarrollar programas de regulación masiva de tenencia de la tierra estatal (nacional y ejidal) o privada, ni de lotificaciones desarrolladas en las colonias informales.
3.	No existe el marco institucional adecuado que permita hacer frente a los problemas detectados para legalizar, de ser el caso, la tenencia de aquellos que han ocupado irregularmente terrenos privados, y que a su vez brinde mecanismos efectivos de protección a los derechos de los propietarios de dichos terrenos.
4.	No existe normatividad que permita solucionar problemas legales que afectan los derechos de propiedad de un alto porcentaje de hondureños.
5.	Los programas de vivienda desarrollados por el Estado no han culminado en el otorgamiento de títulos de propiedad que puedan ser transados sin restricciones en el mercado. En muchos casos la transferencia de la propiedad está condicionada al pago del ingreso del precio de venta, lo que generalmente toma más de 20 años.
6.	Los programas de titulación de tierras agrícolas han sido desarrollados sin haberse diseñado las reformas institucionales requeridas para lograr el objetivo propuesto, por lo que, a pesar de los esfuerzos desplegados en los últimos 20 años y del dinero gastado. La mayoría de campesinos hondureños no cuenta con un título de propiedad confiable y seguro sobre los terrenos que ocupa. Los títulos de propiedad otorgados durante programas masivos de titulación de tierras no pueden ser capitalizados ya que contienen restricciones a su transferencia y gravamen.
7.	El Registro de la Propiedad Inmueble no brinda información confiable ni seguridad jurídica, habiéndose originado innumerables litigios por superposiciones de áreas y por multiplicidad de inscripciones registrales sobre los mismos predios.
8.	La mayoría de los pobres de Honduras puede utilizar solamente sus propiedades para los propósitos primarios( abrigo, producción y agricultura); pero nunca puede, generalmente, utilizarlas para otras funciones de una economía de mercado.
9.	Desinterés y desconfianza al momento de iniciar un negocio legal, por no percibir beneficios en el supuesto funcionamiento de la legalidad.
10.	No se han creado ni desarrollado las instituciones o entidades que permitan que los pequeños y medianos comerciantes legales puedan recibir los beneficios de la información, crédito, seguridad, transferibilidad de derechos y otros beneficios que otorga una verdadera economía de mercado.

SEGISFREDO INFANTE HABLA PRESIDENTE DEL COHEP

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