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100 millones de lempiras podría obtener Siri Zúñiga
por negligencia de Alcaldía en pleito de tierras ejidales

• La legalización de tierras uno de los principales problemas de la capital
• Más de 50,000 familias viven en tierras en litigio
• Los enredos legales: una arma para dilatar la solución del problema
•Los pobladores temen represalias de supuestos dueños
• Patronatos claman por una solución inmediata
• Alcaldía actual negocia, aunque Miguel Pastor lo niega

El abogado de filiación nacionalista Oscar Siri Zúñiga pretende una indemnización de al menos 100 millones de lempiras por tierras que reclama suyas en el suroeste de la ciudad gemela de Comayagüela, pero que son de carácter ejidal.

Sus pretensiones las ha hecho saber a los miembros de una comisión de tierras integrada por la actual administración con el mandato de buscar una solución a la problemática de la tierra de más de 50,000 habitantes pobres de la ciudad, quienes ocupan éstas tierras desde finales de la década de los años 70 y principios de los 80.

“ ...porque él está solicitando o interpuso una demanda solicitando una indemnización por el orden de 100 millones de lempiras a la alcaldía municipal ...”, confirma a REVISTAZO.COM el regidor primero de la Municipalidad Capitalina, Renán Inestroza.

Quienes ocupan las tierras son hombres y mujeres que emigraron del campo a la “gran ciudad” en busca de mejores condiciones de vida, que llegaron para invadir predios en la periferia de la ciudad que siempre creyeron de orden ejidal.

La principal masa de ésta población vive en la colonia Flor del Campo: son más de 28,000 personas, hombres, mujeres y niños que habitan más de 2000 viviendas que se extienden sobre un terreno de topografía muy variada.

—Entrevistas—
Miguel Pastor
Renan Inestroza
Siri Zúñiga
Marco Antonio Andino
Obdulio Chevez
Presidentes de Patronatos

—Reportajes—
Enredo de juicios
Actual Alcaldía negocia
Comunicado CODEPASC
Caso del instituto

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Planos Ejidos
Tracto Sucesivo

$12,000 Millones
Dramas de vecinos

INDICE

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Son personas –unas muy, muy pobres, y otras menos, pues tienen acceso a un trabajo en su mayoría informal con el que logran obtener mínimos ingresos económicos para atender las necesidades familiares.

En la colonia existe un alto índice de mortalidad infantil, enfermedades respiratorias y diarreas. Las condiciones habitacionales se caracterizan por cimientos que se derrumban, techos que se caen y facilidades inadecuadas para dormir y comer”, dice un estudio de la Secretaría de Salud Pública.

Pero sus limitados ingresos no son obstáculos para exigir una solución a su problema y a expresar su deseo de pagar a los dueños verdaderos de las tierras que poseen: la municipalidad capitalina, el valor social que se disponga en una negociación.

La tenencia de la tierra: una limitante a la inversión

Estudios de organismos financieros internacionales e instituciones empresariales hondureñas coinciden en señalar que la falta de escrituración de propiedades es uno de los principales problemas económicos del país.

Se estima que solo un 14 por ciento de las colonias de Tegucigalpa poseen una escritura pública que puede ser utilizada como garantía hipotecaria. Unos 12,900 millones de dólares totalizan las propiedades no registradas en el país.

También se coincide en señalar que el acceso ilegal a tierras facilitó a su vez el acceso a la vivienda a cerca del 50 por ciento de la población urbana, al tiempo que generó una lucha sin cuartel entre particulares y las autoridades municipales que han venido reclamando la propiedad de las tierras en las que se asentaron miles de personas de escasos recursos económicos.

Son muchos los que reclaman la propiedad de las tierras, pero resalta el caso del abogado y político Oscar Siri Zúñiga, quien basa sus pretensiones en una herencia de su abuelo, el poeta Luis Andrés Zúñiga.

Siri debió librar una ardua lucha legal con su propia familia para lograr que su madre fuera incluida como heredera en el último testamento de su abuelo, y de allí, otra gran batalla con la Alcaldía Municipal reclamando la pertenencia de las tierras del suroeste de la ciudad de Comayaguela.

Enredos Legales: la principal arma de Zúñiga

Es así, que los pleitos legales –las demandas y contra demandas a autoridades municipales- se convirtieron en las armas principales de quienes pelean la propiedad de las tierras ejidales.

En un estudio de estos casos en los tribunales de la capital de Honduras, resalta, no obstante, las acciones que Oscar Siri Zúñiga ha incoado por más de 20 años.

El abogado ha incoado una serie de acciones judiciales a título personal y muchas otras en representación de alguno de sus familiares. De la familia, su tía Margarita Zúñiga ha hecho algunas reclamaciones a título personal.

“El ha sido muy hábil, desde que inició su pleito por la propiedad de la tierras siempre ha tratado de mantener una acción judicial que le facilita tener presión sobre las autoridades municipales”, dice un dirigente de patronatos que pide no ser identificado en la presente nota periodística por temor a represalias futuras.

Profesionales del derecho consultados sobre el tema también reconocen “la habilidad” de Zúñiga en el proceso. “Ha sido capaz de generar una carga procesal innecesaria a los tribunales”, comentan.

Jueces consultados sobre el tema reconocen también la habilidad de Zúñiga para cargar de documentos a un juez. Dicen que con sus acciones consecutivas les generan confusión y que la mayor parte de las veces les hace falta tiempo para leer las causas incoadas.

Y revelan que varias de las acciones judiciales incoadas son sobre el mismo caso, acción que en derecho se conoce como deslealtad procesal. Esto ya debería haber sido sancionado por el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Honduras, sin embargo no lo han hecho.

“La estrategia de él es mantener la duda en los operadores de justicia”, concluyen. Una Vieja consigna de litigantes es: “si no puedes ganar un juicio, enrédalo”.

“Como usted ve, él se aprovecha de la displicencia del Poder Judicial para su beneficio personal, pues mientras a él no le resuelven sus casos, se los engavetan, puede seguir vendiendo las tierras que no son suyas y presionándonos a nosotros para que les paguemos”, señala el dirigente patronal consultado.

“Actualmente está vendiendo terrenos que han sido históricamente propiedad del Instituto Saúl Zelaya Jiménez y nadie dice nada. Ni las autoridades del Ministerio de Educación. Es que todos le tenemos miedo”, se queja.

Y son muchos los que le temen a Zúñiga, al grado que se niegan a dar detalles del porqué de ese temor, en las comunidades afectadas por sus pleitos legales son muy pocos los que quieren referirse al tema, y quienes lo hacen es bajo la condición de que no serán identificados y mucho menos fotografiados para el presente trabajo periodístico.

Fundan sus temores en el hecho de que Siri Zúñiga tiene dentro de las comunidades en litigio personas que defienden sus intereses “a cualquier costo. Son personas que presionan, amenazan, insultan, cobran...”.

Recuerdan que una expresidenta del Patronato de Flor del Campo fue una de sus principales aliadas. “Ella nos quería obligar a pagarle las tierras a Siri Zúñiga”.

Pero las tierras son ejidales

Y es que Zúñiga –al igual que muchos otros que reclaman la propiedad de las tierras ejidales- han aprovechado la debilidad del sistema judicial y la indiferencia e incompetencia de las autoridades municipales para reclamar lo suyo, para disponer de bienes que a todas luces son de la Alcaldía.

Documentos de orden legal, tales como La Certificación de Ejidos de Comayagüela, el Acuerdo Municipal 166 y un Memoradum del Departamento Legal del Catastro Municipal de 1980, muestran que las tierras reclamadas son ejidales y que muchas otras fueron adquiridas de manera ilegal por quienes dicen que son de su propiedad.

Lo que ha quedado evidenciado es el desinterés de las autoridades municipales por atender esta problemática y reclamar los bienes que le pertenecen, salvo lo que se realiza actualmente, cuando el alcalde Miguel Pastor ha ordenado buscar respuestas a estas demandas.

“Jamás se ha hecho tanto como se ha hecho en tan poco tiempo”, dice Pastor, quien reconoce que este es uno de los más graves conflictos de su administración, principalmente por las implicaciones legales.

Niega que su administración esté indemnizaciones con los supuestos dueños de las tierras ejidales y se inclina por una salida legal al problema, aunque no da detalles de los puntos centrales de su propuesta.

Se centra en decir que ha iniciado a resolver este problema y a recordar que en Cabildos Abiertos ofrece una salida al problema: la legalización de las tierras previo el saneamiento y venta de los mismos a los pobladores que las ocupan.

Cuenta que existe toda una planificación para dar respuesta a este problema, principalmente las aristas de orden legal que han generado la serie de juicios, demandas y contra demandas en los tribunales de justicia.

Temor y desánimo

Todo este proceso ha generado temor y dudas en los pobladores de las colonias en litigio, muchos de los cuales ya no quieren luchar a favor de sus intereses.

El presidente del patronato de la Flor del Campo, así lo reconoce: existe un alto grado de desánimo pues después de 20 años de lucha no han logrado escriturar sus propiedades, dice.

Reconoce que son muchos también los que se han acomodado a la situación y no les interesa mover el caso sino mantener el status quo pues eso hace que no paguen impuestos a la municipalidad ni los terrenos en que habitan.

Negligencia municipal es histórica

Y en su juego, Zúñiga a contado con “un aliado” incondicional que es la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que históricamente no ha hecho nada efectivo por resolver la problemática de las tierras en la ciudad.

La negligencia municipal ha sido extrema, al grado que a pesar de la avalancha de juicios en su contra no se han interesado -en la mayoría de los casos- ni siquiera en personarse en los juicios.

Las diferentes corporaciones municipales han hecho caso omiso de esta problemática, la que solamente atienden en épocas de campaña proselitista.

Rodimiro Zelaya, recuerdan pobladores de las colonias en litigio, llegó a pedirnos el voto a cambio de arreglarnos nuestro problema de tenencia de la tierra.

Pero su oferta electoral se concretó a la tramitación de 9 dominios útiles a igual número de pobladores. Posteriormente, el alcalde Oscar Roberto Acosta emitió 12 dominios útiles más y la alcaldesa Nora de Melgar, 14.

“Y es precisamente por la falta de interés de las autoridades judiciales y municipales que nunca nos han resuelto este problema. La justicia se va al más poderoso y la Alcaldía no ha movido ni un dedo en tiempos pasados”, dijo el presidente del patronato de la colonia Altos de la San Francisco, Concepción de Jesús Zelaya.

El presidente del patronato de la Flor del Campo, José Tomás Reyes, comparte este criterio: “Lo que sucede es que el asunto lo han hecho político, siempre los alcaldes cuando han pretendido lograr de ser alcaldes y los políticos cuando han pretendido alcanzar alguna posición dentro del mismo rol de la política de gobierno pues han ido a ofrecer a las comunidades: ahora sí les arreglamos el problema, estamos dispuestos para ayudarles y no se preocupen que yo les arreglo esto”.

“Y mientras logran el voto no hayan que hacer, ponen abogados que de repente ni estarán titulados pero aparentan ser abogados y hacen algunas diligencias que no son ciertas, pero después que la comunidad dio el voto favoreciendo a determinada persona se olvidaron del asunto y después de tres años vuelve el asunto otra vez a comenzar porque lo han hecho político”, comenta con algún grado de frustración.

Aunque también reconocen que la actual corporación municipal con Miguel Pastor a la cabeza está dando señales de un mayor interés en el tema. Pero esto también puede ser solo una repetición del ciclo acostumbrado.

Pero no dejan de expresar sus temores de que haya algo “raro” debajo de la mesa y por esa razón desde ya claman por una solución real a la problemática.

“Nos ha sorprendido la información de que están buscando una negociación con los supuestos dueños de nuestras tierras”, dice sobre el tema Juan Hernández, vicepresidente del patronato de la Flor del Campo.

Hernández dice oponerse a esa posible negociación pues ellos están convencidos y en capacidad de probar que las tierras en las que levantaron sus viviendas desde hace más de dos décadas son ejidales.

Y advierte que pagar una indemnización a quien no es dueño de un terreno “sería un acto de corrupción”.

Los pobladores recuerdan que Zúñiga ha hecho propuestas de solución extrajudicial al problema. En una ocasión solicitó 7 millones de lempiras a cambio de los terrenos de Flor del Campo, La Pradera y Las Torres.

También ha propuesto la venta de los terrenos a los adjudicatarios actuales a razón de 320 lempiras por metro cuadrado en terreno irregular y 600 lempiras en terreno regular.

Son propuestas que obviamente no se han ni siquiera discutido porque para nosotros estas son tierras ejidales, que tenemos que pagar a la municipalidad, dice Hernández.

Preocupa sobremanera a la comunidad saber que Siri Zúñiga fue activista del actual alcalde capitalino. Cualquier negociación que beneficie al autonombrado dueño será sospechosa.

Los pobladores –aunque demuestran su temor de enfrentar a los grandes terratenientes y al poder político nacional- tienen clara su necesidad e interés de poner fin al conflicto de tierras para el bien de sus familias y el mismo Estado.

A pesar de sus bajos ingresos económicos, exponen su interés en poder pagar sus predios a las autoridades municipales, o en su defecto a buscar una alternativa legislativa que ponga fin para siempre a este problema.

www.revistazo.com

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