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Con Ley
del Registro Público Social, La negligencia de las autoridades municipales y del Poder Judicial, sumada a la ambición voraz de muchos que se han auto proclamado propietarios de tierras ejidales, impide el pleno goce de los privilegios inherentes a la propiedad de la tierra y hunde más en la pobreza a miles de hondureños que no han podido legalizar los lotes de los barrios marginados donde habitan. Sociólogos exponen que la indiferencia a problemas como la tenencia ilegal de la tierra genera conflictos de orden social que deben ser atendidos rápidamente por los gobiernos centrales y locales, lo que no ha sucedido con celeridad en Honduras. La tenencia ilegal de la tierra es un eslabón más en la larga cadena de la pobreza que viven miles de hondureños, y es un fenómeno mayoritariamente urbano que tiene como actores principales a hombres y mujeres que cambiaron el campo por la ciudad en busca de mejorar sus ya precarias condiciones de vida. Hombres y mujeres que llegaron a la "gran ciudad" a invadir grandes extensiones de tierras en las afueras de la ciudad, bajo el supuesto que las mismas eran de orden ejidal. Pero esta fue una acción que generó, por un lado, un grave problema social y, por otro, un problema de orden económico, ya que fueron muchos los terratenientes que se auto proclamaron dueños de las tierras e iniciaron largos procesos judiciales de reclamación de derechos, que han impedido con el paso del tiempo la legalización de las tierras. La vía Judicial en el proceso no ha servido para agilizar la solución de conflictos, sino más bien para obstaculizar la resolución del conflicto mediante el uso y abuso de recursos que impiden procesos rápidos de atención al problema. |
—Entrevistas— —Reportajes—
________ Planos
Ejidos ___________ |
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Abogados consultados por REVISTAZO.COM coincidieron al señalar que urge crear mecanismos que garanticen de forma rápida y segura el reconocimiento legal de los derechos de propiedad de los sectores sociales menos favorecidos del país. Es una situación que amerita acciones urgentes para evitar estallidos sociales que a futuro generen mayores problemas sociales de los ya existentes, señalaron. En Honduras, más de medio millón de ciudadanos viven al margen de la legalidad -no porque sea su voluntad- sino porque las autoridades no han expresado con hechos la voluntad política de resolver su problemática. PROPUESTA DE SOLUCION
La ley ha sido elaborada, revisada y consensuada con reconocidos abogados del foro nacional interesados en la temática, previo al análisis de leyes algo similares aplicadas en El Salvador, Perú y México. La propuesta de ley plantea soluciones jurídicas con las que se pretende la incorporación plena de estas poblaciones al proceso de desarrollo económico y social del país. En Honduras -según cifras de instituciones empresariales- el no registro de inversiones y propiedades asciende a 12,900 millones de dólares. "La cantidad es ocho (8) veces mayor a la cifra de reservas internacionales netas depositadas en el Banco Central de Honduras", ha revelado el presidente del COHEP, Jacobo Regalado. Es asimismo, agrega, tres veces mayor a la cantidad de la deuda externa hondureña (de 4,600 millones de dólares) y dos veces mayor que las exportaciones de bienes y servicios acumulados durante el período 1998-2000". La mayoría de los bienes no registrados son ilegales, tal es el caso de las propiedades en las que más de 30,000 familias levantaron sus hogares en la capital de Honduras. Los beneficios de la Ley del Registro Público Social serían
muchos: empujaría la resolución de la tenencia ilegal de
la tierra, por un lado, y reduciría las tensiones sociales que
genera a miles de pobladores el vivir en terrenos que no son de su propiedad.
1. Es una ley de orden e interés social que busca resolver
de manera definitiva la problemática de la tenencia de la tierra
en áreas urbanas, solamente.
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9. Deja claramente establecido que los procedimientos y términos
de la presente ley se rigen por la Ley de Procedimiento Administrativo,
y en caso de recurrir a la vía judicial para la resolución
de un conflicto deberá hacerse por la vía de lo contencioso
administrativo. |
