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EL PELIGRO DE UNA CORTE SUPREMA DE "NEGOCIADA"

El Partido de Unificación Democrática y el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata no han sido tomados en cuenta en el proceso de negociación a pesar de contar, por primera vez en la historia política de Honduras, con un considerable número de diputados electos a la nueva Cámara Legislativa.

Nacionalistas y liberales "han consensuado" el nombramiento del presidente del Congreso Nacional y de otros cargos de importancia, como son los de los organismos contralores del Estado.

Los liberales, grandes perdedores de la contienda electoral, no quisieron quedarse fuera de la "repartición del pastel del poder público" y se apresuraron a nombrar, desde el Central Ejecutivo,



Ricardo Maduro
 

una comisión negociadora integrada por los exaspirantes presidenciales Jaime Rosenthal Oliva y Manuel Zelaya Rosales, así como por Jorge Arturo Reina, hermano menor del expresidente liberal Carlos Roberto Reina y asesor del gobierno de Carlos Roberto Flores.

MADURO NEGOCIA  

El presidente electo de Honduras, Ricardo Maduro Joest, logró imponer su criterio político al lograr negociar la nominación de Porfirio Lobo Sosa como candidato a la presidencia del Congreso Nacional de la República.



Porfirio Lobo

Jorge Carranza

Maduro Joest debió librar una dura lucha con miembros de su mismo partido político -el conservador Partido Nacional, que retorna al poder tras ocho años de gobiernos liberales- que buscaban imponer en el cargo al diputado Jorge Carranza.

Carranza estaba siendo promovido al cargo por correligionarios suyos afines al expresidente de la República, Rafael Leonardo Callejas, conocidos en el argot político interno como "el lado oscuro del nacionalismo".

Tanto Carranza como Lobo Sosa fueron hombres cercanos al expresidente Callejas, el primero, como miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional en el período 1990 - 1994, y el segundo, como gerente de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) en el mismo período.

Ambos hombres también acompañaron a Maduro Joest en su larga lucha política, primero por lograr su inscripción como candidato presidencial ante los cruentos cuestionamientos a su nacionalidad, y luego en su carrera por la presidencia de la República.

No obstante, Carranza cayó en "desgracia" con el presidente electo al conocer que éste tenía entre sus planes nombrar a su amigo y colaborador Luis Cosenza en la presidencia del Congreso Nacional y buscar el apoyo de los diputados "del lado oscuro del nacionalismo" para garantizar su nombramiento en la titularidad del Congreso Nacional.

Esta maniobra política habría molestado a Maduro Joest, quien consideró la acción como un "acto desleal" pues no contó con su aprobación.

Cosenza, por su parte, tampoco contaba con el visto bueno de los diputados nacionalistas ya que no lo consideran un militante de este partido sino simplemente un amigo personal del candidato electo.

Además, tenía en contra el hecho de no ser "un hombre político" sino un técnico de organismos internacionales, lo que se consideró entre los miembros del próximo partido en el poder "una desventaja" en el ejercicio del poder.

El presidente electo se vio obligado, entonces, a encabezar el proceso de negociación que le permitiera colocar en la presidencia del Congreso Nacional a una persona de su confianza plena con la cual pudiera "empujar" una serie de reformas constitucionales expresadas como ofertas electorales en la pasada campaña proselitista y presentar "una tercería" con Porfirio Lobo Sosa a la cabeza.

CORRUPCION ASEGURADA

El hecho de no haber logrado la mayoría absoluta en la pasada contienda lo obligó a negociar con sus tradicionales opositores, que presionaban con el nombramiento, al fin de la cuarta legislatura, de las nuevas autoridades de los organismos contralores del Estado: La Contraloría General de la República y la Dirección de Probidad Administrativa.

Para lograr el apoyo de los liberales en su intento de nombrar a una persona de su confianza en la titularidad del Congreso Nacional, debió acceder a compartir con los liberales la dirección de Probidad Administrativa, la Contraloría y la Procuraduría General.

Quién investigará la corrupción pasada? Los nacionalistas? Quién acusará ante los tribunales? Los liberales? Quién prevendrá el enriquecimiento ilícito? Azules y colorados? Es un juego sarcástico ya hablado: no me toques y no te tocaré. No me dañes y no te dañaré. Para amabos ajusta. Los dos tenemos derecho. A veces tú, otras veces yo.

Esas negociaciones oscuras, o si se prefiere descaradas y a vista y paciencia del pueblo, aseguran la impunidad y la corrupción, para el gobierno que termina y para el que iniciará. La repartición del botín político ya empezó. Y curiosamente parece no haber perdedores en los bandos, hasta Maduro le ha ofrecido el más apetecido ente estatal a Jorge Carranza (SOPTRAVI) ya que ahí abundan los contratos, licitaciones, comisiones y tantos beneficios más.

El alcanzar el acuerdo con los liberales es considerado por analistas políticos nacionales como "un triunfo" del presidente electo frente al grupo de diputados del llamado "lado oscuro del nacionalismo" que vuelven a la Cámara Legislativa a la sombra del sector que emprendió la candidatura de Maduro Joest, aun con su oposición.

Maduro Joest fue también miembro del gabinete de Rafael Leonardo Callejas como presidente del Banco Central de Honduras, gabinete ampliamente cuestionado en las esferas políticas nacionales por sus ejecutorias en el campo económico y en la administración de los fondos públicos.

Lobo Sosa ha aceptado "con humildad" la nominación a presidente del Congreso Nacional y desde ya ofrece trabajar en una serie de reformas constitucionales y a las leyes electorales del país que fortalezcan los procesos democráticos de Honduras.

PRÓXIMO PASO: CSJ

El proceso de negociación de las estructuras de poder en el Congreso Nacional hace resaltar en sectores de la sociedad civil temores de que las mismas se extiendan a la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia.

El nuevo proceso de selección de magistrados se ha iniciado y se confía en que los miembros de la Junta Nominadora de un mínimo de 45 aspirantes a las 15 magistraturas en disputa puedan evadir las presiones políticas y presentar como candidatos a los más probos de la lista.

Actualmente, los miembros de la Junta Nominadora se encuentran en el proceso de análisis de las hojas de vida de 169 aspirantes a los cargos y analizan los expedientes de recusación presentados contra un mínimo de 50 miembros de estas listas.

La lista final debe ser presentada al Congreso Nacional el día 23 de enero para que se proceda a su elección el día 25.

En todo este proceso la aspiración de miembros de la sociedad civil solo queda confiar y solicitar a los miembros de la Junta Nominadora que no sucumban a las presiones políticas para incluir en la lista final a profesionales allegados a las cúpulas del poder político tradicional, lo que causaría un grave daño a la frágil democracia de esta nación centroamericana, que tiene en el proceso de aplicación de justicia uno de sus principales escollos.

Esperamos que todo este proceso de transformación judicial no termine siendo un simple y vulgar circo de engaños e ilusiones. Algo hay que hacer para evitar esa anunciada repartición de 8 y 7 magistrados entre los partidos que pisotean a este pueblo necesitado de mejor suerte.

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Documento exclusivo de www.revistazo.com
17 de enero del 2002