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POLÍTICOS Y CORRUPTOS CONFABULADOS
CONTRA LA JUSTICIA
El
escenario político de Honduras se ha visto alterado horas antes
de la asunción al poder de Ricardo Maduro Joest, luego de conocerse
que existen movimientos políticos para desconocer los procedimientos
seguidos hasta ahora en el nuevo proceso de selección de los
candidatos a nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
Las
intensiones se han hecho públicas luego que la Corte Suprema
de Justicia aceptara un recurso de amparo con suspensión del
acto reclamado en contra de la lista de 45 candidatos a magistrados
del Poder Judicial escogidos por la Junta Nominadora nombrada para tal
fin.
Con
el nuevo proceso de selección de magistrados, diferentes sectores
de la sociedad hondureña comenzaron a cifrar esperanzas en el
inicio del proceso de adesentamiento de la justicia en esta empobrecida
nación centroamericana.
Sin
embargo, estas esperanzas han comenzado ha desvanecerse luego de conocerse
la lista de nominados a magistrados a la Corte Suprema de Justicia presentada
al Congreso Nacional por la Junta Nominadora el pasado 7 de enero.
La
lista se redujo de 169 a 45 aspirantes al cargo luego de un minucioso
proceso de depuración realizado por miembros de la Junta Nominadora,
integrada por representantes de 7 sectores de la sociedad.
Para
la exclusión de los nominados y autonominados se siguieron criterios
jurídicos, profesionales y de valores éticos establecidos
al interior de la Junta y en la respectaiva Ley.
La
selección final no gustó a quienes no fueron parte de
la lista final de candidatos y de políticos que aspiraban a que
muchos de los que por años han sido sus testaferros en el Poder
Judicial fueran parte de la misma.
Desde
el momento final de la selección se dieron los movimientos encaminados
a desconocer lo actuado por la Junta Nominadora.
IMPUGNAN
LISTA
En
un acto que sorprendió a la sociedad civil hondureña,
la Corte Suprema de Justicia aceptó casi de inmediato un recurso
de amparo contra la selección de 45 candidatos a magistrados
al nuevo tribunal de Justicia para el período 2002 - 2009.
Este
recurso fue presentado por Augusto Avila González, un abogado
autopropuesto ante la Junta Nominadora y que aspiraba a ser parte de
la lista final presentada al Congreso Nacional.
El
recurso además fue aceptado por magistrados que aspiran a ser
reelegidos en sus actuales cargos, pero que fueron excluidos durante
el proceso de selección.
Algunos
de los magistrados -entre ellos el magistrado presidente Miguel Angel
Rivera Portillo- actuaron sabiendo que son juez y parte de la causa
incoada, a pesar de lo cual no se excusaron de conocer el caso como
lo ordena la Ley.
Paralelamente
a esta acción la cúpula política del Partido Liberal
-que debe entregar el poder de la nación el día 27 de
enero- comenzó a moverse para promover desde el Congreso Nacional
interpretaciones a la ley que le permitan manejar a su antojo la lista
de candidatos a la nueva Corte Suprema de Justicia.
Extraoficialmente
se conoció que reuniones encabezadas por los dirigentes liberales
se gestaban en la capital con el fin de promover al interior del Congreso
Nacional los acuerdos que les permitan manipular a su antojo la elección
de los magistrados.
El
malestar entre ellos habría sido expresado tras conocer que en
la lista de aspirantes a magistrados no se incluyen a ninguno de los
más allegados a sus grupos políticos y económicos.
Se
sabe que el Partido Liberal, tras la derrota electoral del 27 de noviembre
del 2001, promueve una serie de negociaciones con los vencedores de
la contienda para manejar algunas cuotas de poder en el Poder Legislativo,
en el Poder Judicial y en la integración de los organismos contralores
del Estado.
GRAN
INCOGNITA
Los
temores de que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia
sea manipulada una vez más movió ayer a diversos sectores
de la sociedad civil a exponer sus criterios de manera pública
y a llamar a la clase política a respetar las reglas del juego
prevalecientes hasta ahora para elegir al nuevo tribunal de justicia.
En
conferencias de prensa se expresaron los criterios jurídicos
que deben prevalecer en este proceso con el cual se pretende abrir el
camino de una administración de justicia más sana en el
país.
Las
intensiones de cambiar la regla del juego movieron también a
organizaciones civiles a llamar a manifestaciones públicas en
los bajos del Poder Legislativo en Tegucigalpa para expresar a los políticos
su desacuerdo con la posible reforma de los mecanismos de elección
de la nueva Corte Suprema de Justicia.
El
Congreso Nacional deberá instalar formalmente su primera legislatura
el día 25 de enero, y un día después se procederá
a la elección de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente el
27 de enero Ricardo Maduro deberá jurar como presidente de Honduras.
MADURO
PIDE RESPETAR
En
medio de la crisis política, el presidente electo Ricardo Maduro
Joest, ha llamado a la bancada de diputados de su partido en el Congreso
Nacional a respetar los criterios establecidos por la Junta Nominadora
al seleccionar a los 45 candidatos a magistrados.
"Personalmente
no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo alrededor del
amparo, es una posición para mí de carácter moral
(…); mi posición moral es muy clara en el sentido de que sigo
apoyando el concepto y el espiritu de la ley", dijo Maduro en una conferencia
de prensa.
"Por
lo tanto como presidente del Partido Nacional, como presidente electo
y como ciudadano voy a pedirle a nuestros diputados en el Congreso Nacional
- aunque la decisión es de ellos- que mi recomendación
será y que así lo consideren, elegir a los magistrados
de la Corte Suprema de la lista que propone la Junta Nominadora", agregó.
La
posición de Maduro ha sido compartida por los diputados allegados
a su movimiento que ocupan cargos en la nueva junta del Congreso Nacional,
pero es sabido que un sector de la bancada ligada a los grupos de poder
del "lado oscuro" del nacionalismo no estaría apoyando
esta petición.
De
manera extraoficial se conoció que un grupo de diputados nacionalistas
se estaban moviendo para solicitar a la Cámara Legislativa anular
el procedimiento de elección de magistrados seguido hasta ahora,
desconocer la lista de nominados por la Junta y proceder a nombrar los
magistrados desde el mismo seno de la camara luego de las acostumbradas
negociaciones de las cúpulas de los partidos tradicionales.
ARGUMENTOS
CONTRA RECURSO
1.-
El recurso de amparo contra el proceso de selección de 45 candidatos
a magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue admitido por magistrados
que aspiran a ser reelectos en sus cargos y que han exteriorizado su
descontento con la lista presentada por la Junta Nominadora, situación
que los hace tener interés directo en el asunto, causa por la
cual debieron excusarce de conocer la demanda de amparo. Así
lo manda la Ley.
2.-
Todos los nominados a los cargos de magistrados conocían y aceptaron
con anterioridad las reglas dictadas por la Junta Nominadora. Cada uno
firmó.
3.-
El recurso de amparo promovido por Avila González se presentó
contra una institución que legalmente no existe ya que la Junta
Nominadora se disolvió al cumplir con el objetivo de su creación
que era proporcionar la lista de 45 profesionales del derecho a la Cámara
Legislativa.
La
Corte Suprema de Justicia ya debe dejar de ser un feudo de políticos
y corruptos interesados en la impunidad y el abuso del poder. Seguramente
quienes en el pasado se han beneficiado más de la corrupción
judicial imperante se sienten como fieras heridas al no calificar ni
tener simpatías para impartir justicia.
Documento
exclusivo de www.revistazo.com
(ASJ)
24 de enero del 2002
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