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PUNTOS CRITICOS DEL DICTAMEN
QUE ACTUALMENTE DISCUTE EL CONGRESO NACIONAL
SOBRE LA NUEVA LEY FORESTAL


La AHA ADVIERTE:
SE POLITIZARA EL SECTOR

La Alianza Hondureña Agroforestal (AHA) considera que la estructura organizativa y administrativa propuesta en el dictamen de la Ley Forestal propicia la politización del sector.

Consideran irrelevante el cambio de nombre de la institución ejecutora de las políticas del sector y el que se eleve a ésta al rango de ministerio sin cartera.

"En la practica la disposición conlleva elementos negativos ya que se pierde la real y verdadera autonomía e independencia y la institución pasará bajo un nuevo nombre a ser una dependencia de la administración pública sujeta a la negociación de cargos y recursos a formar parte del botín político", dice un documento de análisis de la AHA.

Cuestionan que se eliminen las calificaciones para optar al cargo de director ejecutivo, entre ellas, el no haber sido acusado ante la autoridad competente
y / o haber sido condenado por juez competente por delitos forestales, ecológicos, ambientales o de otra naturaleza", y que el CONSEJO NACIONAL FORESTAL se cree como un cuerpo consultivo y de apoyo sin facultades y funciones reales. De corte decorativo.

Les alarma el hecho de que no se establezcan controles para el manejo de la AGENCIA HONDUREÑA DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (AHFFOR) que manejará cuatro millonarios fondos de inversión, reinversión, pago, manejo y fomento de áreas forestales.
"La creación de los fondos es positiva, ya que al contar con los recursos financieros se podrían realizar inversiones en el bosque y manejarlo bajo principios de desarrollo sostenible", plantean en su documento.

—Entrevistas-

Rigoberto Sandoval Corea
Ramón Villeda Bermúdez
Virgilio Umanzor
Marvin Ponce
Manuel López Luna
Andrés Solorzano
Armando Matute

 

Reacciones y Recomendación al Dictamen:

AHA
AHLAP
FORO FORESTAL
PROBOSQUE
CAMPESINOS

—Documentos—
Dictamen completo
Puntos Criticos del Dictamen
Ley propuesta por sociedad civil
Carta al Presidente del Congreso
Carta de AHLAP a Umanzor
Hacia un sector forestal más transparente y justo

___________

 

Recuerdan que la sociedad civil planteó la creación de tres fondos como mecanismos para devolver al bosque parte de lo que el mismo bosque produce y garantizar a perpetuidad ese tesoro nacional, pero al margen de instituciones financieras que solo traen a la memoria el triste episodio de la historia nacional marcado por la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI).

Si se cumple con los previsto en el dictamen de ley, la AHFFOR manejaría de inicio más de 100 millones de lempiras.

La AHA considera que estos fondos podrían ser manejados por el Banco Central de Honduras o BANADESA y ser canalizados para los fines propuestos, siguiendo las directrices de una Junta Administradora, sin necesidad de crear más burocracia.

Cuestionan también que los diputados estén eliminando todo lo referente al régimen jurídico administrativo de los bosques, lo que "elimina la facultad de investigar, deslindar y amojonar áreas forestales estatales y la posibilidad de recuperar las áreas ocupadas ilegalmente".

"También desaparece la facultad para promover acciones de nulidad de títulos en los que se detectaren irregularidades en el dominio o posesión de predios de naturaleza privada", agregan.

La AHA cuestiona además el asesoramiento que profesionales de las ciencias forestales dieron a los miembros de la comisión de dictamen de la ley, quienes aprovecharon la oportunidad para introducir figuras que solo afectan el buen desempeño del sector.

Para el caso, cuestionan el que pretendan que todos los que aprovechen el bosque tengan que contratar obligatoriamente un regente forestal, lo que solo beneficiará a los afiliados a los colegios profesionales forestales.

Tampoco comparten el que se pretenda crear un reglamento Especial de Regencia Forestal el cual fijará los costos de los servicios de regencia tomando como base mínima las tarifas consensuadas por los colegios forestales, así como el porcentaje de aportación al colegio como parte del regente forestal acreditado, es decir que establecerán su propio arancel.

Los profesionales forestales, no obstante, tuvieron el cuidado de eliminar las garantías bancarias e hipotecarías que deberían de rendir para asegurar elk cumplimiento de sus funciones, así como la eliminación de sus responsabilidades civiles y penales por el incumplimiento de sus obligaciones contraídas.

La AHA también resalta los aspectos positivos de la ley, entre ellos, la creación del Fondo para el Pago de Servicios Ambientales y el Fondo para el Fomento de Plantaciones, la continuidad del Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, las áreas de conexión biológica y la emisión de bonos para captar recursos para los distintos fondos.

También resaltan los avances que la ley presenta en cuanto al tema de la forestería comunitaria, asentamientos y reasentamientos humanos, pero señalan algunos aspectos olvidados en el tema, como ser: prohibiciones sobre pastoreo excesivo, cortes ilegales y agricultura migratoria y la obligatoriedad de los beneficiarios del sistema social forestal de velar por su cumplimiento.

En lo referente al uso de terrenos forestales ocupados, recomiendan el uso del termino "regularizar" su ocupación, en vez del de "regular".


Para la presidenta de PROBOSQUE:
Es una ley en la que prevalecen los intereses económicos y mercantiles sobre los sociales


"El dictamen tiene lagunas que podrían propiciar un aprovechamiento no sostenible de los recursos forestales. En el documento prevalece el interés económico, mercantil y de gremio sobre el interés social, ambiental y cultural del país", dice Celinda Villeda, quien es master en Manejo de Recursos Naturales.

Villeda también es presidenta de PROBOSQUE y miembro de la comisión de apoyo nombrada por la sociedad civil y el gobierno de la República para las tareas de concertación de una nueva Ley Forestal.

Ella cuestiona el que los diputados promuevan en el dictamen de Ley Forestal figuras no contempladas en la legislación forestal, como ser la de los contratos de manejo a mediano y largo plazo, por considerar que se abren las posibilidades del abuso irracional de los recursos.

Cuestiona también el que no se establezca siquiera la normativa mínima para el otorgamiento de los contratos de explotación y que se pretenda que estas consideraciones se incluyan en un reglamento de discusión y aprobación posterior.

Según el dictamen los contratos de manejo se podrían extender hasta por el período de rotación de la especie a explotar, lo que representaría plazos hasta de 60 años, que es el período de rotación de las especies latifoliadas.

Tampoco se fijan límites para la explotación de las áreas protegidas, lo que abre las puertas para que una sola compañía pueda explotar áreas tan extensas como la de La Unión, Olancho que cuenta con 100,879 hectáreas, explicó.

Dijo que lo más grave es que mandan a reglamento aspectos tan importantes como el de los requisitos y condiciones para la participación en una licitación.

Por lo que recomienda que "la ley debe definir las normas sobre las cuales se otorgarán dichas concesiones ya que un reglamento no tiene la misma fuerza legal".

Dijo que la ley también debe definir claramente las garantías de cumplimiento de los contratos de manejo, lo que no se establece en el dictamen en discusión, en el cual, más bien, se establecen figuras que no son aplicables a la Ley de Contratación del Estado.

Como ejemplo citó el que se establezca que en los contratos de manejo forestal se exigirá una garantía de sostenimiento de oferta, la que "es insuficiente ya que ésta se exige a los participantes en una licitación al momento de presentar su oferta de servicios para obligarlos a no retratarse de la oferta presentada.

"La Ley de Contratación del Estado no es aplicable a este tipo de contratos ya que esta fue concebida para normar la contratación de bienes y servicios por parte del estado y no para conceder el aprovechamiento de un recurso natural", explicó.

Debieron establecer una garantía de cumplimiento de las normas técnicas establecidas en el Plan de Manejo que cubra el valor de la madera en pie que se aprovechará en el área concesionada mediante contrato de manejo forestal, agregó.

"La falta de disposiciones legales, claras y precisas pueden dar lugar a que compañías irresponsables sin la suficiente capacidad económica obtengan un contrato de manejo forestal hasta por 60 años y en un par de años exploten el bosque irracionalmente", advirtió.

Tampoco se podrán deducir responsabilidades a quienes incumplan con los contratos de manejo ya que en los mismos ni se incluyen los requisitos y parámetros para hacerlos, ni responsabilidades económicas a quienes destruyan irracionalmente el bosque porque tampoco se incluyeron las garantías respectivas.


CONSIDERACIONES DEL FORO FORESTAL DE LA SOCIEDAD CIVIL:

En un documento enviado al Congreso Nacional y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Foro Forestal de la Sociedad Civil expone su preocupación por la desatención de parte de los diputados de las observaciones hechas por diversas organizaciones de sociedad civil al dictamen de Ley Forestal.

Además, recalcan su oposición a que temas de importancia se soslayen en la ley para ser remitidos a la normativa de un reglamento por considerar que: los reglamentos son instrumentos que se utilizan para normar la aplicación de la ley, no como sustituto de la ley; la reglamentación de una ley pertenece al Poder Ejecutivo desde donde se pueden hacer cualquier tipo de reformas y la tardanza que generalmente priva en la elaboración de éstos instrumentos.

El Foro Forestal de la Sociedad Civil reclama que en el dictamen se consideren los elementos necesarios que garanticen un modelo de desarrollo rural basado en el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales.

La revisión de todo lo relacionado con la elaboración y concesión de los contratos de manejo forestal, la integración plena de representantes de la sociedad civil a los órganos de dirección del sector y la inclusión de todas las observaciones de la propuesta de sociedad civil en lo referente a sanciones para quienes atenten contra el bosque.

Finalmente, se pronuncian a favor de mantener las regulaciones establecidas en al ley Forestal vigente en lo referente a protección de cuencas hidrográficas y demandan que la nueva ley contemple las regulaciones que garanticen la protección de las áreas protegidas y que se emita una ley de Vida Silvestre como complemento a la iniciativa en discusión.


Campesinos proponen suspender discusión de dictamen

Las organizaciones campesinas de Honduras han pedido al Congreso Nacional la suspensión de la discusión de una nueva Ley Forestal para que se vuelva al proceso de concertación del documento.

Los campesinos se han unido las distintas organizaciones de sociedad civil de Honduras que reclaman a los diputados el desconocer sus observaciones en el dictamen de la nueva ley y en un documento enviado a la presidencia del Congreso Nacional han expuesto su inconformidad con el dictamen de Ley Forestal en discusión.

Los campesinos demandan: una institución forestal autónoma, no politizada, con personalidad jurídica y fondos propios, sin que ello represente la creación de nuevos entes burocráticos que abran las puertas a malos manejos de dinero como sucedió en el pasado con la CONADI.

Se pronuncian a favor de un proceso institucional en el cual las organizaciones de la sociedad civil tengan plena representatividad y garantice la participación de las comunidades y grupos sociales, campesinos, indígenas y negros en el manejo integral de las áreas forestales.

Consideran que el dictamen en discusión "nos representa un retroceso, que va en contra de lo que la historia forestal del país nos demuestra, exponiéndonos así a la extrema pobreza y destrucción del recurso forestal".

Por lo tanto, recomiendan suspender la discusión que de la ley realizan actualmente los diputados y entrar inmediatamente, de manera conjunta, en un re examen de los aspectos en controversia a fin de tomar una decisión correcta que permita que la nueva ley sirva para resolver los problemas forestales y de desarrollo que confronta el país.


AMITIGRA reclama por destino de fondos

A la identificación de las debilidades del dictamen de la Ley Forestal se unieron los miembros de la Fundación Amigos de la Tigra "AMITIGRA", quienes cuestionan las disposiciones referentes a la creación del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre y el manejo por parte del gobierno.

Esto implicaría que aquellas ONG que actualmente invierten en mantener y mejorar las facilidades turísticas del área protegida a su cargo dejarían de invertir en ecoturismo, y que a futuro otras organizaciones tampoco estarían motivadas a invertir en programas donde los fondos que recauden pasen al Estado.

De lo establecido en el dictamen, la directiva de AMITIGRA interpreta que el manejo de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre será centralizado por el SEFONAC, sin contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Reclaman -por tanto- volver a las recomendaciones de la sociedad civil en este tema y las que se encaminan a proponer la creación del Fondo con un aporte inicial del gobierno de 10 millones de lempiras, donaciones nacionales e internacionales, transferencia del 3 por ciento de lo obtenido por la factura petrolera y el 1 por ciento de los recursos captados por el ingreso del turismo.

Que el Fondo sea manejado por una Junta Administradora integrada por representantes de varias dependencias del Estado, representantes de las organizaciones que manejan áreas protegidas, de la Asociación de Municipios de Honduras y de los donantes que contribuyen al Fondo.

AMITIGRA defiende el papel de organizaciones de sociedad civil en el manejo de las áreas protegidas, y al igual que otras instituciones del sector se oponen "a hacer de SEFONAC una institución burocrática, supernumeraria, sin la capacidad técnica, de campo y con mucho dinero encargada de todas las áreas protegidas de Honduras".


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