HONDURAS: Artificialmente encarecida por el gobierno y los monopolios


Las políticas monopólicas son prácticas inconstitucionales pero más que comunes en Honduras, promovidas desde el gobierno por empresarios y políticos que acceden al poder para favorecer sus intereses personales y de grupo en detrimento del principal segmento de la población: el 80 por ciento de pobres que la conforman.

Aunque la Constitución de Honduras prohíbe los monopolios esta es una práctica común en el país favorecida abiertamente por el poder político hecho gobierno que hace uso de la emisión de leyes, decretos y acciones para favorecer a los emporios económicos, sin importar que la mayoría de sus gobernados sobreviven día a día entre los límites de la pobreza y la indigencia.

En Honduras, el mercado de libre competencia es tan solo una utopía que se desvanece a diario entre quienes invirtieron capitales y tiempo en empresas creyendo que podían insertarse en un mercado con reglas claras, equitativas.

En teoría, un mercado de libre competencia debe regirse, entre otras reglas, por las siguientes: regulaciones de monopolios naturales, políticas antimonopolios, política de fusiones.

Pero en Honduras -aunque se proclama un mercado de libre competencia, ninguna de estas reglas es aplicada: no hay una ley antimonopolio y los monopolios naturales -como el de las telecomunicaciones- no cumplieron con su misión constitucional y más bien han sido obstáculos para el desarrollo integral del sector. Tampoco existe una ley que regule la fusión de empresas en el país.

Monopolios que dañan
Los ejemplos abundan: desde el Estado la historia no es nada positiva pues los monopolios favorecidos constitucionalmente para proteger los intereses de la colectividad no cumplieron con su papel histórico y han comenzado a privatizarse.


Los monopólios estatales; empresas rentables pero mal administradas
La experiencia con los monopolios estatales es frustrante. Paradójicamente, han sido empresas rentables pero mal manejadas administrativamente, a las que convirtieron en agencias de colocación de activistas políticos y en fuentes de financiamiento de campañas proselitistas en detrimento del usuario a quien le brindan un pésimo servicio, tienen una cobertura limitada y carecen de capacidad de competir en un mercado de libre competencia.

Y en el ámbito privado los ejemplos abundan: el cemento, el azúcar, la telefonía celular, la harina y el pollo son quizá de los ejemplos más representativos del tema.

Las dos compañías cementeras se han repartido el mercado y negocian los precios de venta de este producto en detrimento de los ciudadanos y del país que ante el abuso de las empresas no pueden hacer absolutamente nada.

El gobierno les apoya manteniendo vigentes altos aranceles para la importación del producto de mercados extra regionales, donde el producto es mucho más barato.

Comprar cemento en Asía sería mucho más barato, dijo a periodistas en una ocasión el viceministro de Finanzas, Irving Guerrero.

La industria del azúcar y la comercialización de combustibles se manejan de igual manera. Son industrias altamente favorecidas por políticas estatales que en nada favorecen a la población, dicen economistas independientes consultados sobre el tema.

Carteles como el del azúcar, la harina y el pollo que funcionan muy sencillamente: es solo ponerse de acuerdo en los niveles de producción en un período determinado y de los precios de venta de sus productos al consumidor.

El caso más patético es el del azúcar en Honduras. Ocho ingenios producen el grano dulce pero es una sola central, la Central de Ingenios, la que comercializa el producto. ¿Y todo esto en detrimento de quien?, se preguntan.

Y para quienes no estén de acuerdo es también fácil el proceso. Si se mantienen en el negocio oponiéndose a las reglas establecidas por los grandes productores deben conformarse a salir del negocio más temprano que tarde.

Otro caso es el de la telefonía celular que ha manejado por ocho años la compañía CELTEL, en la cual -según datos oficiales- los inversionistas nacionales solo tienen la mínima representación.

"Son hombres de negocios ligados al poder político desde el cual han logrado influir para favorecer sus propios intereses económicos", resaltan.

Un ex gerente de esta empresa es el actual ministro de Estrategias del gobierno del presidente Ricardo Maduro, Ramón Medina Luna, quien, a su vez fue viceministro de Economía del gobierno del también nacionalista Rafael Leonardo Callejas.

Como consecuencia de estas políticas, los hondureños pagan las tarifas más altas de teléfonos celulares en Centro América.

Una nueva empresa, MEGATEL - EMCE, operará la banda PCS este año, pero la libre competencia tampoco será efectiva, ya que el contrato de concesión de 25 años otorgado, se establece que las dos empresas operadoras de este servicio deberán cobrar las mismas tarifas en los próximos cuatro años.

Como se favorecen
El gobierno ha encontrado en la legislación la mejor forma de apoyar a los grupos monopólicos nacionales y extranjeros, se atreve a comentar un alto funcionario del gobierno del presidente Maduro, que pide el anonimato.
Menciona, como ejemplos, la ley de incentivos al turismo que favorece a las cadenas transnacionales de comidas rápidas que operan restaurantes a lo largo y ancho del país, con un trato preferencial del que no gozan los empresarios nacionales que operan en el mismo rubro.


La legislacion es la mejor manera de apoyar a los monopolios
Una casa de hamburguesas de capital nacional ha cerrado nueve locales. Dicen que no pudieron con la carga tributaria impuesta, mientras sus competidores transnacionales están exentos de estos pagos.

"Y no es justo que en esta esquina esté In and Out (local de venta de hamburguesas) y pague todos los impuestos habidos y por haber y en la otra esquina esté Burguer King y no pague nada", dijeron economistas.

En Honduras tampoco se cuenta con leyes antimonopólicas para regular éstas prácticas que distorsionan los mercados, y mucho menos con leyes que regulen procesos como el de las fusiones de la gran empresa para favorecer intereses de grupo o sacar del mercado de una forma desleal a los competidores con posibilidades de éxito.

La falta de información sobre quién o quiénes son los dueños de las empresas que se fusionan favorecen esta irregularidad.

Un funcionario del gobierno del presidente Ricardo Maduro que pidió el anonimato dice que lo primero que se debe hacer para revertir esta situación es "desmantelar" los monopolios y carteles económicos existentes.

"Hay que definir las reglas del juego y principalmente el papel de las grandes transnacionales que se afincan en el país con un gran propósito: dominar capitales y gente", plantea.

Los políticos y la economía
Pero estos planteamientos se vuelven utópicos cuando se hacen análisis de la estructura del poder, que llevan a concluir que los empresarios ahora se han metido a políticos para defender desde esa nueva esfera sus intereses personales y de grupo.

Se ha logrado definir que grandes empresarios y fuertes grupos económicos se han convertido en los principales financistas de las millonarias campañas proselitistas de los políticos.

Empresarios - políticos que una vez hechos gobierno se olvidan de la gran masa electoral y dedican su tiempo a gestar acciones, políticas, leyes que favorezcan a los emporios económicos que representan.

El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) realiza actualmente un estudio para determinar el impacto fiscal favorable o desfavorable para el estado tras la aplicación de este tipo de medidas.


Raf Flores, sub-coordinador del FOSDEH
Quieren determinar que es lo que deja de captar el Estado y cuánto realmente genera en términos de actividad económica, términos de empleo, si compensa la pérdida de ese ingreso tributario, dijo uno de sus directivos. A priori, se establece que el Estado no ha tenido mayores beneficios con este tipo de medidas y mucho menos los consumidores que se ven obligados a vivir con un mercado distorsionado por la ambición desmedida de los empresarios y la indiferencia del gobierno.

Las políticas económicas no han sido nada positivas. Lo único que estamos exportando ahora mismo es pobres, pobres que "huyen" del país hacia Estados Unidos en la búsqueda del mal llamado "sueño americano" que a muchos les trunca la vida en el penoso camino que deben seguir para alcanzarlo.

Pobres que no tienen trabajo o si lo tienen ganan de los salarios más bajos de Centro América (tabla de precios y salarios) los que no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas de la familia ya que los mismos se ven encarecidos por las políticas monopólicas y proteccionistas a favor de la gran empresa.

Estudios de Naciones Unidas en Tegucigalpa revelan que más del 70 por ciento de la población hondureña vive con un ingreso de un dólar diario.

Y en este contexto surgen las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos oportunidad de oro, según algunos economistas, para terminar con los grupos monopólicos y oligopólicos que manejan el mercado nacional.

No obstante, quienes se oponen al proceso de globalización consideran que esta es la puerta al fracaso de la pequeña y mediana empresa que no tendrá capacidad de competir con los grandes monopolios internacionales que esperan con ansiedad la apertura de mercados para seguir extendiendo sus tentáculos a lo largo y ancho del continente americano.

Economistas recomiendan al gobierno de Honduras definir primero una estrategia para enfrentar con éxito las negociaciones del TLC y su posterior inserción en el mundo globalizado de la economía, caso contrario, vaticinan, el país está condenado al fracaso.

También reconocen los primeros frutos del proceso de negociación de un TLC con Estados Unidos que obliga a los países centroamericanos a aprobar leyes antimonopólicas antes de la entrada en vigencia del mismo, prevista para el año 2005.

En Honduras ya se está hablando del tema y con mayores opciones de que la propuesta llegue a buen término. Desde el Programa de Competitividad se está hablando de la elaboración de una ley antimonopolios, la que deberá ser discutida y aprobada por el Congreso Nacional como parte del proceso de inserción en el TLC con Estados Unidos.

Dos anteproyectos más se encuentran en alguna gaveta del Poder Legislativo. Fueron documentos que llegaron al hemiciclo pero nunca fueron siquiera presentados a consideración de la Cámara para su discusión porque no convenía a los intereses de aquellas empresas favorecidas con estas prácticas.
El reto es, entonces, para la clase política que deberá discutir desde su principal espacio, el Congreso Nacional, los beneficios de aprobar o improbar una legislación que por fin regule las imperfecciones del mercado que ahora mismo benefician a una élite empresarial y perjudican al 80 por ciento del total de habitantes de la nación más pobre de América Latina.

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