Para
favorecer al consumidor,
Es el criterio del presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Manlio Martínez, quien resalta un segundo aspecto negativo de esta actividad: el que la empresa no se obliga a mejorar la calidad de sus productos o servicios en detrimento de los consumidores. Por ejemplo, dice, "si en Honduras pudiéramos importar cemento, sin impuestos de arancel, el costo sería más barato, pero en un régimen monopólico que lo favorece un sistema arancelario de protección el costo es más alto". "Y el costo es más alto no por la diferencia del transporte" como aducen las plantas productoras "sino por el hecho de que el arancel se agrega al transporte y eso significaría de que estoy en condiciones de poder fijar mi precio sin competidores", explicó. Considera que la eliminación del arancel vigente (de un 10 por ciento) beneficiaría fundamentalmente al consumidor, principalmente, a los del sector vivienda que tendrían un mayor acceso a una vivienda, y el de la construcción de obras públicas como carreteras que los contribuyentes estamos pagando a niveles más altos. El régimen de protección arancelaria vigente, dice, no ha sido un fin primordial de los gobiernos, sino que es producto de un régimen de protección arancelaria vigente desde el inicio de la integración para proteger el desarrollo industrial de la región. "Pero esa especie de políticas se convirtió en una especie de hábito común de mantener niveles de protección altas y reaccionamos en función de las líneas de protección locales". En teoría, el nivel de protección arancelaria se modifica generalmente hacia arriba para proteger una industria que nace para ayudar a consolidarla" y se espera que una vez consolidada puede enfrentar la competencia local e internacional con más facilidad y se supone que los aranceles elevados deben reducirse. Martínez es de la opinión que los aranceles deben reducirse a cero por ciento y confía en que el gobierno de Maduro revisará las políticas arancelarias que favorecen al cemento para abrir el mercado a la importación del producto a costos más bajos para su programa de vivienda. Considera, además, que la vigencia de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos será positivo ya que las políticas de libre mercado que se estarían impulsando a quien favorecerán es al consumidor. No obstante, reconoce que los grupos económicos de presión que se oponen a esta idea son muy fuertes, pero considera una ventaja el que el mundo esté yendo a la libre competencia y que quienes no se preparen para enfrentar el nuevo reto se condenan al fracaso. El economista también considera "equivocadas" la emisión de leyes que favorecen a grupos empresariales de poder, como es el caso de las comidas rápidas en Honduras, favorecidas por una ley de incentivos al turismo. "Es un tratamiento equivocado que discrimina" a los productores nacionales, recrimina. ¿QUÉ HACER? Por lo tanto, dice, el Estado se ve obligado a delimitar las reglas del juego: emisión de leyes que garanticen la libre competencia y el establecimiento de mecanismos de control de calidad, seguimiento, evaluación y denuncia que garanticen al consumidor su derecho al reclamo por abusos que puedan cometerse en su contra. Es primordial, dijo, mejorar el acceso al sistema de justicia para defender al consumidor, con leyes que regulen, por ejemplo, fusiones o alianzas de empresas que a través de estos mecanismos quieran monopolizar un servicio o un producto, definir penas y sanciones. www.revistazo.com |