Alcaldes apoyan ley para accesar a fondos del BID


José Santos Aguilar

Porque requiere de un préstamo de 2 millones de dólares para emprender proyectos de alcantarillado, el alcalde de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, José Santos Aguilar, clama por la inmediata aprobación de la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.

La aprobación de la Ley es el principal condicionamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para aprobar y desembolsar préstamos para proyectos de agua y saneamiento en diferentes sectores del país.

En esta ciudad, localizada en la zona central de Honduras, los servicios de agua potable están, actualmente en manos del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

"Pero nosotros estamos porque haya una voluntad política para la aprobación de la Ley de Aguas" que actualmente se discute en el Congreso Nacional, dijo.

Al igual que sus compañeros del resto del país, Aguilar defiende a capa y espada la nueva ley, la cual, según dice con vehemencia, solo fortalecerá el municipalismo.

La ley -agrega- no lleva a la privatización del servicio, más bien es volver las aguas al municipio.

Y como ya dan por un hecho que la ley que les permitirá hacerse cargo del servicio se aprobará en el Congreso Nacional, Aguilar dice que ya están conformando una Junta Administradora de Servicios Públicos.

Quieren que ese proceso llegue pronto porque han tenido -asegura- muy malas experiencias con el SANAA y de inmediato cuenta que un ex gerente del SANAA enfrenta un descargo de más de 180,000 lempiras por mala administración de los servicios en su comunidad.

La Esperanza tiene una población estimada en su casco urbano de 7,450 habitantes, tiene como principal problema la deforestación de sus principales fuentes de agua.

Pero la municipalidad de La Esperanza no solo quiere que se municipalice el servicio de agua para enfrentar los altos grados de corrupción, sino también para poder acceder a un préstamo de 2 millones de dólares que han negociado con el BID para proyectos de alcantarillado.

"Si no hay esa voluntad de que esa ley sea aprobada no solo La Esperanza, Intibucá, perderá esos fondos, hay otras municipalidades que también están esperando tener acceso a esos fondos. Son préstamos blandos con intereses del 1 o 2 por ciento a 40 años", explicó.

Por eso, insistió, necesitamos esa ley pues los del BID ya advirtieron "que si no se aprueba la ley no hay préstamos".

Aguilar considera que quienes se oponen a la aprobación de la Ley de Aguas "están entorpeciendo las buenas negociaciones que podamos hacer con los organismos cooperantes".

VOLVER ARRIBA