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Alcaldes
apoyan ley para accesar a fondos del BID
José Santos Aguilar
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Porque requiere de un préstamo de 2 millones de dólares
para emprender proyectos de alcantarillado, el alcalde de la ciudad
de La Esperanza, Intibucá, José Santos Aguilar, clama
por la inmediata aprobación de la Ley Marco del Sector Agua
y Saneamiento.
La aprobación de la Ley es el principal condicionamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para aprobar y desembolsar
préstamos para proyectos de agua y saneamiento en diferentes
sectores del país.
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En esta ciudad, localizada en la zona central de Honduras, los servicios
de agua potable están, actualmente en manos del Servicio Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
"Pero nosotros estamos porque haya una voluntad política
para la aprobación de la Ley de Aguas" que actualmente se
discute en el Congreso Nacional, dijo.
Al igual que sus compañeros del resto del país, Aguilar
defiende a capa y espada la nueva ley, la cual, según dice con
vehemencia, solo fortalecerá el municipalismo.
La ley -agrega- no lleva a la privatización del servicio, más
bien es volver las aguas al municipio.
Y como ya dan por un hecho que la ley que les permitirá hacerse
cargo del servicio se aprobará en el Congreso Nacional, Aguilar
dice que ya están conformando una Junta Administradora de Servicios
Públicos.
Quieren que ese proceso llegue pronto porque han tenido -asegura- muy
malas experiencias con el SANAA y de inmediato cuenta que un ex gerente
del SANAA enfrenta un descargo de más de 180,000 lempiras por mala
administración de los servicios en su comunidad.
La Esperanza tiene una población estimada en su casco urbano de
7,450 habitantes, tiene como principal problema la deforestación
de sus principales fuentes de agua.
Pero la municipalidad de La Esperanza no solo quiere que se municipalice
el servicio de agua para enfrentar los altos grados de corrupción,
sino también para poder acceder a un préstamo de 2 millones
de dólares que han negociado con el BID para proyectos de alcantarillado.
"Si no hay esa voluntad de que esa ley sea aprobada no solo La Esperanza,
Intibucá, perderá esos fondos, hay otras municipalidades
que también están esperando tener acceso a esos fondos.
Son préstamos blandos con intereses del 1 o 2 por ciento a 40 años",
explicó.
Por eso, insistió, necesitamos esa ley
pues los del BID ya advirtieron "que si no se aprueba la ley no hay
préstamos".
Aguilar considera que quienes se oponen a la aprobación de la
Ley de Aguas "están entorpeciendo las buenas negociaciones
que podamos hacer con los organismos cooperantes".
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