Nelly Soliman: Municipalización no significa privatización
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En El Progreso, uno de los principales centros poblacionales del norte de Honduras, las protestas en contra de la privatización de los servicios de agua han sido frecuentes. Centenares de personas se han manifestado en las calles en contra del proceso por considerar que el mismo les quitará la participación activa que muchos de ellos tienen en el proceso de gestión y administración de pequeños proyectos de abastecimiento a través de las Juntas de Agua. |
 Nelly Soliman |
Su punto principal de protesta es el puente de La Democracia, que se tiende majestuoso sobre el caudaloso Río Ulúa, símbolos ambos, del desarrollo comercial y agrícola de la zona.
Los patronatos y las juntas de agua han obstaculizado más de una decena de veces el paso por el puente para llamar la atención de las autoridades locales y nacionales. Quieren que se atiendan sus puntos de vista.
Los protestantes consideran además que una vez que el proceso de abastecimiento sea municipalizado primero y privatizado inmediatamente después serán los más pobres, los marginados, los que no tendrán acceso al servicio.
En El Progreso el servicio es manejado, al igual que en otras 21 ciudades de más de 2000 habitantes por el principal proveedor estatal del servicio: El SANAA.
Y aquí, al igual que en el resto del país, se hacen agrias críticas a la administración del servicio, pero se reconoce que éste es el único ente, como representante del Estado, que tiene como objetivo promover la función social del servicio, la que desaparecerá una vez que pase a manos privadas.
Al paso de las protestas públicas sale la alcaldesa de la ciudad, la nacionalista Nelly Soliman, quien acusa a sus tradicionales opositores, los liberales, de manipular a los pobladores en contra del proceso de municipalización de agua.
Ella, al igual que sus compañeros alcaldes del resto del país, repiten hasta la saciedad la misma historia: la municipalización no significa privatización del servicio.
Y dice que apoyan el proceso de municipalización porque se han planteado a futuro manejar su propio sistema de agua, pues hay posibilidades de acceder a préstamos que les permitirían mejorar los servicios públicos, principalmente el del agua, el tren de aseo y el de recolección de basura.
"No hay que temer a la municipalización, la ley dice que las municipalidades podrán concesionar o dar a terceras personas el manejo de las aguas ..., pero no significa que lo vamos a hacer", plantea.
Dice, además, que se deben desechar las ideas de que "se les van a quitar las juntas de aguas" e insiste que "la municipalización no quiere decir ni privatización ni que les vamos a quitar las juntas de agua. Lo que se está manejando es la administración del servicio".
Pero los patronatos y las juntas de agua parecen no creer en las versiones de sus autoridades y han iniciado a nivel nacional un movimiento de protesta sistematizado en contra del proceso.
Al menos 80 de estas organizaciones dijeron estar "permanente estado de alerta" y dispuestas a volver a paralizar el tráfico justamente en el mismo lugar en el que hace más de un año el actual presidente de la República junto a la hoy alcaldesa de El Progreso hicieron una actividad igual para exigir el respeto a la Ley Electoral de Honduras y la inmediata inscripción como candidato presidencial de Ricardo Maduro.
"La municipalización lleva al concesionamiento y de aquí solo hay un paso a la privatización. Quieren hacer del agua una mercancía, incrementar su precio cuando quieran", dijo un dirigente de la protestas a periodistas del sector.
Al igual que las Juntas de Agua y los patronatos de El Progreso, los organizados en otros departamentos del país han comenzado a organizarse para oponerse al proceso de privatización del agua.
En varios comunicados han expresado su decisión de luchar por mantener la soberanía de las Juntas de Agua y mantener el proceso de distribución y expansión del servicio como un bien social, sin fines de lucro, y no como una mercancía que se venda al mejor postor.
Han dicho que denunciarán en todos los foros posibles a los diputados que de aprobar la ley de municipalización de aguas como está planteada quitará al Estado su responsabilidad social de velar por el bienestar de sus habitantes.