GUERRA DEL AGUA EN BOLIVIA

 

La “guerra del agua en Bolivia”  estalló en abril del 2000, luego que el Congreso promulgara la Ley # 2066, "Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario", modificatoria de la Ley # 2029, con el mismo nombre, del 29 de octubre de 1999.

 

La aprobación no consensuada de la Ley, más la concesión de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba, la ejecución del proyecto múltiple MISICUNI al Consorcio aguas del Tunari y la decisión de éste de incrementar las tarifas sin antes mejorar los servicios, fueron los elementos que hicieron detonar la guerra.

 

Las decisiones del gobierno boliviano generaron una ola de reacciones populares: protestas masivas, tomas de carreteras y una huelga general en la ciudad de Cochabamba donde el gobierno del presidente Hugo Manzer declaró el 8 de abril el estado de sitio.

 

La huelga general se extendió por cuatro días hasta que el gobierno prometió la retirada de los anunciados aumentos tarifarios, que en algunos casos suponían 20 dólares.

 

En una consulta popular, en la que participaron más de 60,000 personas, se exigió la cancelación del contrato de concesión con Aguas del Tunari.

 

REVISTAZO.COM reproduce a continuación una serie de documentos de prensa en los que se detallan los acontecimientos de abril del año 2000 :

 

Bolivia: estado de sitio para aplastar las protestas

Después de una semana de protestas masivas, cortes de carreteras y una huelga general en la ciudad de Cochabamba, el sábado 8 de abril, el gobierno boliviano de Hugo Banzer declaró el estado de sitio.

el principal motivo de las protestas era la decisión de vender el sistema de agua corriente de Cochabamba a Aguas del Tunarí, un consorcio multinacional de empresas privadas, cuya primera decisión fue la de duplicar los precios del agua.

Las protestas contra la privatización del sistema de agua, una decisión impuesta el año pasado por la agencia regional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, empezaron en enero, al anunciar la nueva compañía el aumento de los precios, que en algunos casos suponían $20 más, cuando el salario mínimo es de unos $100. Además, Aguas del Tunarí anunció que los precios estarían vinculados directamente al dólar estadounidenses.

Ya en el mes de enero se creó la Coordinadora de Defensa del Agua que convocó una huelga general de cuatro días que paralizó completamente Cochabamba, una ciudad de medio millón de habitantes. Esta protesta masivo obligó al gobierno a prometer la retirada del aumento de tarifas.

Pero a principios de febrero estaba claro que ni el gobierno y la compañía del agua no tenían ninguna intención de cumplir sus promesas y la Coordinadora convocó una asamblea masiva en la plaza central de la ciudad. El gobierno de Banzer respondió enviando miles de policías anti-disturbios que ocuparon la plaza. Los entrenamientos que siguieron se convirtieron en una auténtica batalla entre manifestantes y policía, de una violencia no vista en la ciudad en años y que se prolongó durante dos días, dejando un saldo de más de 175 heridos y dos jóvenes que quedaron ciegos como consecuencia de los gases lacrimógenos. De nuevo, la intensidad de la protesta popular forzó al gobierno y a Aguas del Tunarí a prometer una cancelación del aumento de tarifas.

Animadas por el resultado de las protestas, las masas pasaron a exigir la cancelación del contrato con Aguas del Tunarí y poner fin al proceso de privatización. En una consulta en la que participaron más de 60.000 personas el 90% votaron en contra de la privatización.

Al mismo tiempo surgieron acusaciones de corrupción en los periódicos locales. Entre otras cosas salió a la luz el hecho de que la compañía Aguas del Tunarí sólo entregado un depósito de $20.000 por el contrato que tiene un valor de unos $200 millones, y que una de las empresas implicadas, la boliviana SOBOCE, es propiedad de Samuel Doria Medina, un dirigente del MIR, un partido que forma parte de la coalición gubernamental.

Finalmente el martes 4 de abril la población de Cochabamba volvió a salir a las calles de forma masiva con la convocatoria de una huelga general que paralizó la ciudad, en lo que la Coordinadora bautizó como la "última batalla". Al día siguiente, a la huelga general se habían unido el sindicato de campesinos que se enfrentaba al gobierno en una batalla paralela contra la privatización del acceso al agua en el campo y contra una Ley de reforma agraria (INRA) que sólo beneficia a los grandes propietarios terratenientes. Miles de campesinos empezaron a organizar bloqueos de carreteras en seis de los nueve distritos del país.

El jueves 6 de marzo la huelga general continuaba y no había señales de solución. Las masas de Cochabamba decidieron pasar a la acción directa, asaltando el edificio del consejo municipal y rodeando el edificio dónde se celebraran las negociaciones con las autoridades. El gobierno entonces decidió arrestar a los 15 dirigentes de la Coordinadora.

"Estábamos hablando con el alcalde, el gobernador y otros dirigentes civiles y entonces entró la policía y nos arrestó", dijo Olivera, uno de los dirigentes de la Coordinadora. "Fue una trampa del gobernador que nos tenía a todos juntos negociando para poder arrestarnos a la vez".

De nuevo las masas se concentraron en la plaza central de Cochabamba junto a miles de campesinos que habían venido a apoyarles. Llevaban palos, piedras y estaban dispuestos a defenderse de la policía si era necesario. Había rumores de que tropas del ejército estaban llegando al aeropuerto local para aplastar el movimiento. La situación claramente se estaba escapando del control del gobierno.

Finalmente, el viernes 7 de marzo los dirigentes de la Coordinadora fueron liberados y después de nuevas negociaciones, el arzobispo anunció a la multitud concentrada en la plaza que el gobierno había aceptado romper el contrato de privatización del agua. El ambiente era de victoria.

Pero las celebraciones duraron bien poco ya que el gobierno central negó haber hecho ninguna concesión alegando que la decisión se había tomado sin su permiso. El gobernador regional dimitió en protesta y fue sustituido por un militar. Inmediatamente el gobierno declaró el estado de sitio por 90 días el sábado por la mañana, una decisión que le permite suspender la mayoría de los derechos constitucionales (huelga, manifestación, reunión, etc.), prohibe las reuniones de más de cuatro personas y permite al gobierno utilizar el ejército para aplastar el movimiento. El ejército ocupó algunas emisoras de radio locales y en Cochabamba se cortó el suministro de energía a las radios y televisiones locales. Las autoridades regionales de Cochabamba también declararon un toque de queda.

Ya el viernes por la noche el ejército y la policía detuvieron a 22 de los más destacados dirigentes sindicales y campesinos del país que fueron confinados a la remota ciudad de San Joaquín, en la frontera con Brasil, a la que sólo se puede llegar en avión. Entre los dirigentes detenidos estaban el dirigente nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores del Campo de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, y el dirigente nacional del magisterio rural Fred Nuñez.

Motín policial

El sábado por la mañana el gobierno también ordenó a la policía anti-disturbios asaltar los locales de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz para detener a las 13 esposas de policías que allí se encontraban en huelga de hambre exigiendo mayores salarios para sus maridos que reciben unos $60 al mes. Pero en un ejemplo más de la fragilidad del aparato del estado la policía especial anti-disturbios se amotinó. El motín se extendió rápidamente a Santa Cruz y en otras poblaciones los policías también anunciaron que estaban dispuestos a pasar a la acción "en solidaridad con sus compañeros". En La Paz miles de estudiantes y otros manifestantes mostraron su solidaridad con los policías rebeldes a los que se unió la guardia del congreso y los bomberos. El gobierno trató de utilizar el ejército para acabar con el motín en el que participaban ya casi 1.000 agentes de diferentes cuerpos pero después de algunos enfrentamientos armados entre ambas fuerzas tubo que conceder un aumento salarial del 50% y que no habría represalias contra ninguno de los agentes implicados en el motín.

Esto demuestra claramente que hay un límite en el uso que estos gobiernos pueden hacer de sus fuerzas de represión, especialmente en este caso en que están mal pagadas. Durante la revolución de enero en Ecuador ya vimos como los soldados y una parte importante de los oficiales de rango bajo y medio se unieron al movimiento de las masas. En el último período hemos visto huelgas y manifestaciones de policías en toda una serie de países latinoamericanos, incluyendo Brasil y México. En diciembre del año pasado en la provincia argentina de Corrientes, la policía local, que estaba en huelga exigiendo el pago de salarios atrasados, impidió que la policía nacional reprimiese una manifestación de funcionarios después de que dos personas hubieran muerto en enfrentamientos con los manifestantes.

Además de todos estos problemas, el gobierno también se enfrentaba a otro conflicto en Sucre donde los estudiantes universitarios estaban en huelga de hambre y el distrito sureño de Tarija dónde el presidente Banzer había sido declarado "persona non-grata".

Todo el fin de semana hubo enfrentamientos violentos en Cochabamba, dónde un joven de 17 años resulto muertos por disparos de la fuerzas de seguridad, y docenas de manifestante fueron heridos de gravedad. Más tarde se supo que el ejército había utilizado fusiles de asalto FAL con munición real contra la población. En un momento dado el comandante de la guarnición local declaró que no permitiría que se utilizara a los soldados contra la población ya que "el ejército también es parte del pueblo". Estas declaraciones probablemente reflejaban su miedo a que los soldados se negaran a luchar contra la población o incluso de que se unieran a las protestas como había sucedido en la revolución de enero en Ecuador. De hecho, los dirigentes de la Coordinadora hicieron un llamamiento a sus "hermanos policías y oficiales a unirse al pueblo para defender sus justas reivindicaciones".

El ejército intervino en todo el país tratando de levantar los bloqueos de carreteras. en Achacachí, a 95 km de la capital La Paz, el ejército atacó a 2.000 campesinos que estaban bloqueando la carretera principal. Dos campesino resultaron muertos por disparos del ejército y un capitán del ejército quedó gravemente herido. Tal fue la rabia de los campesinos que asaltaron el hospital local, sacaron al capitán responsable de los asesinatos de los dos campesinos y lo mataron a golpes. Después de eso trataron de asaltar el cuartel local. En el pueblo de Lahuachaca un maestro murió en enfrentamientos en los que el ejército persiguió a los campesinos con vehículos armados.

Huelga general

Pero la acumulación de descontento en todo el país hizo que la declaración del estado de sitio lejos de aplastar las protestas consiguió justo lo contrario. El sindicato del magisterio rural convocó una huelga indefinida a partir del lunes 10 de marzo, los estudiantes también salieron a la huelga y finalmente la COB convocó una huelga general en todo el país y manifestaciones para el 12 de Marzo.

Finalmente el consorcio de Aguas del Tunarí anunció que se retiraba del proyecto de privatización. Pero ni siquiera eso consiguió detener las protestas. Los manifestantes exigieron la liberación inmediata de todos los dirigentes sindicales presos y el cambio de la ley de privatización del uso del agua en el campo. Los campesino para evitar enfrentamientos con el ejército decidieron mantener los cortes de tráfico pero sólo de manera intermitente.

Casi 20.000 campesinos, armados con palos y machetes marcharon a Cochabamba pidiendo a la población apoyo a sus reivindicaciones. Como consecuencia el gobierno tuvo que cancelar una visita "para explicar los resultados de las negociaciones, por falta de condiciones de seguridad". En otras palabras el gobierno tenía demasiado miedo a la rabia del pueblo de Cochabamba y los campesinos que se les habían unido.

Al mismo tiempo el gobierno declaró que "las protestas eran una conspiración financiada por los narcotraficantes buscando pretextos para sus actividades subversivas" con el objetivo de "desestabilizar el gobierno constitucional democráticamente elegido". Pero incluso uno de los dirigentes del MIR, que es parte de la coalición gubernamental se vio obligado a desmentir estas acusaciones: "lo que estamos presenciando no es un golpe o un acto de sedición... detrás de todos los conflictos que se desataron en los últimos días no están conspiradores ni sediciosos, sino que está el cansancio y la bronca de todo el país: (La razón, 12/4/2000). El vice presidente de la COB añadió que "los auténticos narco-corruptos están incrustados en el gobierno mismo".

La huelga general convocada por la COB y otras organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles el miércoles 12 de abril tuvo un seguimiento desigual pero eso no es sorprendente teniendo en cuenta que el país todavía está bajo el estado de sitio. En las principales ciudades del país se produjeron enfrentamientos entre obreros y estudiantes y la policía y el ejército. Según un informe de Reuters: "La huelga, de gran impacto en el extendido comercio informal y en las labores escolares, afectó muy poco las labores productivas y administrativas, pero convirtió al centro de La Paz durante varias horas en campo de desordenes." el secretario ejecutivo del sindicato minero (FSTMB) advirtió que la huelga general de 24 horas era solo el inicio de la lucha contra el gobierno de Banzer.

Al mismo día la Coordinadora desconvocó las protestas en Cochabamba después que quedó claro que la privatización del agua en la ciudad quedaba anulada y que no se privatizaría el uso del agua en el campo, una de las principales reivindicaciones de los campesinos. Se mantenían algunos cortes de carretera en los principales accesos a las ciudades pero poco a poco se iban levantando.

El jueves 13 de abril los sindicatos campesinos llegaron a un principio de acuerdo con el gobierno en el que las autoridades se comprometían a pagar una indemnización a las familias de los dos campesinos asesinados en Achacachí, del maestro asesinado en Lahuachaca y de los demás campesinos heridos en los enfrentamientos con el ejército. Los campesinos exigían también la liberación de su dirigente Felipe Quispe.

El viernes 14 de abril la mayor parte de los bloqueos de carreteras se habían levantado y el gobierno liberó a algunos de los dirigentes sindicales confinados. Pero los estudiantes todavía estaban en las calles y hubo violentos enfrentamientos con el ejército en La Paz y Oruro y una manifestación pacífica en Santa Cruz. El ejército seguía presente en las calles de La Paz y Cochabamba.

Pero los problemas para el gobierno de Banzer están lejos de haber sido resueltos. E los últimos días ha habido rumores de un motín en el ejército entre los oficiales de baja graduación contra las desigualdades salariales con los altos mandos. Envalentonados por las concesiones a los policías amotinados el fin de semana anterior, los sargentos y otros mandos del ejército exigían "la democratización de la estructura salarial en el ejército". Esto es una indicación más de la debilidad del aparato del estado en un país diezmado por décadas de planes de austeridad del FMI.

Está claro que la batalla contra la privatización del agua tiene un significado más profundo en un país que ya ha sufrido por lo menos 15 años de Planes de Ajuste Estructural y la privatización masiva de todos los servicios públicos (electricidad, aerolíneas, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, etc.). en las palabras de Olivera, uno de los dirigentes de la Coordinadora "estamos cuestionando el mismo principio de que otros, el Banco Mundial, las grandes multinacionales, puedan decidir sobre estos asuntos que son vitales para nosotros".

 


- 22 de marzo, Día Internacional del agua -

Contra la privatización del agua

por Íñigo Herraiz*

El agua es un bien escaso y mal repartido. Sin embargo, por el uso irreflexivo cotidiano que hacemos de este recurso parece que fuera inagotable. Su consumo se ha disparado a lo largo de este siglo paralelamente al aumento de personas que carecen de acceso al agua potable: más de 1000 millones de afectados. La ONU advierte que, de continuar con la tendencia actual, en el año 2025 un tercio de la población mundial vivirá en un serio estado de carencia de agua. Para paliar los efectos de esta crisis y solucionar la escasez y el reparto desigual del agua, los gobiernos se han decantado hacia una estrategia contundente: la privatización.

Lucrativo negocio

El agua se ha convertido en un bien muy preciado y, como tal, en objeto de deseo de las grandes corporaciones multinacionales que pugnan por hacerse con su control. El Oro Azul, según su nueva denominación, se antoja como uno de los negocios más lucrativos de este nuevo siglo. No en vano, el Banco Mundial establece el valor del mercado actual en un billón de dólares, una cantidad todavía insignificante si tenemos en cuenta que de momento las empresas privadas abastecen sólo a un 5% de la población mundial. Dos de ellas, Vivendi y La Suez Lyonnaise, antes seguidas de cerca por la maltrecha Enron, acaparan el 70% de este mercado, operan en más de cien países y ofrecen servicios muy diversificados que van desde el abastecimiento de agua potable a la televisión por cable, pasando por la energía eléctrica. El objetivo prioritario para ambas es acaparar el jugoso mercado estadounidense, el mayor del mundo, que genera unos ingresos anuales del orden de 80.000 de dólares.

Pero el negocio no parece tan redondo para la gran mayoría. La privatización provoca en muchos casos un aumento del precio del agua, que afecta especialmente a los países más pobres donde ese coste extra no se puede asumir. En Cochabamba (Bolivia), el Banco Mundial condicionó la concesión de un préstamo a la privatización del suministro de agua. El gobierno de la localidad cedió. La empresa adjudicataria de la concesión, que dependía del conglomerado Bechtel, duplicó los precios, de manera que el agua pasó a suponer en los hogares con menos recursos casi la mitad del presupuesto mensual familiar. En Bolivia, la reacción organizada de la población civil consiguió que la compañía abandonara el país. El agua pasó a ser gestionada por la comunidad que tomó como primera medida la puesta en funcionamiento de una cisterna para abastecer a los barrios más humildes que habían sido ignorados por la compañía.

Esta y otras experiencias similares alertan sobre los peligros de las tendencias actuales hacia la liberalización, la desregulación y la privatización del suministro y saneamiento del agua, que amenazan con convertir el líquido elemento en un bien económico más. Como en el caso de otros productos, el libre mercado no ofrece ninguna garantía para su reparto equitativo, ni para racionalizar su consumo, sino más bien lo contrario. Mercantilizar el agua equivale a venderla al mejor postor, excluyendo a quienes no puedan pagar por ella. De la misma manera que quien aspira a obtener el máximo beneficio de la venta de un producto no puede estar interesado en que su consumo decrezca.

Comercio de agua

Al tratarse de un bien escaso e irremplazable, hay quien encuentra en el emergente mercado del agua ciertas semejanzas con el de los hidrocarburos. Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses (una de las organizaciones más activas en la lucha contra la privatización del agua) se pregunta si Alaska y Canadá se convertirán en la futura OPEP del agua. La idea no es del todo descabellada. En la Columbia Británica (Canadá) todo estaba dispuesto para proceder a la exportación de agua en gran tonelaje cuando el gobierno decidió detenerla. Dieciséis petroleros cargados de agua, navegando continuamente, hubieran transportado a California una cantidad equivalente al consumo anual de Vancouver.

El agua figura en la lista de productos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) como bien comerciable. Algunas de las cláusulas que incluyen estos acuerdos y tratados, suponen para los países que los suscriben la cesión efectiva de sus derechos sobre el agua que acaban en manos de las grandes corporaciones. Así, Sun Belt Water Inc, la compañía ubicada en Santa Bárbara que esperaba el agua procedente de Canadá, ha demandado al gobierno de este país, amparada en una de las cláusulas del NAFTA que impide la restricción de las exportaciones de un producto una vez que se haya iniciado su exportación.

Bien común

Frente a los nuevos mercaderes del agua, se alzan multitud de analistas, estudiosos y organizaciones de todo tipo que defienden que el agua, fuente de vida, debe ser considerado un bien común, y el acceso a la misma, un derecho social y humano inalienable. En estos términos fue abordada la cuestión en la ciudad brasileña de Porto Alegre, durante la última edición del Foro Social Mundial. Allí estuvo presente, entre otros, Ricardo Petrella, uno de los más comprometidos expertos en la materia, autor del "Manifiesto del Agua" y promotor del "Contrato Mundial del Agua", que considera que el acceso al agua es un derecho no sujeto a discusión. Nuestra mera existencia –afirma- nos concede ese derecho. Entre las iniciativas que propuso en Brasil destaca la creación de un Parlamento Mundial del Agua, integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, con el cometido de asegurar que todos los seres humanos tengan acceso al agua en cantidad y calidad suficiente.

La privatización del agua representa "la frontera final". Ese "mundo mercancía" hacia el que caminamos amenaza con engullir uno de los últimos reductos de los bienes comunes. Por su carácter indispensable para la vida el agua no puede ser tratado como un producto más. Su conservación requiere de una gestión más eficaz de este recurso, pero también más solidaria. Debemos aprender a no confundir su valor con el precio de mercado, y promover así un consumo más racional que se ajuste a las necesidades reales. El agua es todavía un recurso demasiado barato, especialmente para los procesos industriales donde se usa en grandes cantidades sin que se haya optimizado su aprovechamiento. Pero los costes del despilfarro de los países ricos no pueden ser trasladados a los países del Tercer Mundo. El agua se ha convertido en un factor de seguridad, y de su reparto igualitario dependerá en buena medida el desenlace de algunos conflictos presentes y el desarrollo de otros en el futuro.

El próximo día 22 de marzo se celebra como cada año el Día Mundial del Agua. También se cumple el décimo aniversario de la Cumbre Mundial de Río con el lema "Agua para el desarrollo". Para que ese propósito llegue a buen puerto, desde Porto Alegre nos proponen una fecha alternativa: que el día 14 de marzo se convierta en una jornada contra la privatización del agua. Como afirma Ricardo Pretella: "debemos combatir la privatización del agua, de la misma forma que se combatiría la del aire".

·         Periodista

 

 

 


 

BOLIVIA


La privatización del agua
genera convulsión social

La Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, promulgada en Bolivia el 20 de octubre de 1999, que privatiza esos servicios básicos sin tomar en cuenta los altos costos sociales y ambientales de la medida, que contó con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, generó la movilización en su contra de amplios sectores del país.

 

 

Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo

En Bolivia no existe en la actualidad una Ley de Aguas, pero se han presentado varios anteproyectos que no lograron su promulgación. Durante 1999 se intensificó el debate debido a que la Presidencia de la República entregó al parlamento la 29ª versión del proyecto de Ley de Aguas, elaborada sin consenso ni consulta pública, y parecía que el gobierno tenía realmente la intención de lograr su aprobación. Esto motivó que se realizaran grandes marchas campesinas y que las organizaciones sociales rechazaran el anteproyecto, al tiempo que presentaban una propuesta propia.

Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos presentó a la Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Este proyecto de ley en realidad debería ser un componente de la Ley del Recurso Agua, sin embargo sorpresivamente entró en agenda de la Cámara de Senadores siendo promulgada el 20 de octubre de 1999 como Ley 2029. La aprobación de la Ley 2029 se dio de manera totalmente inconsulta. Y para evitar el debate sobre los recursos hídricos, la coalición de gobierno logró una alianza coyuntural con su principal oponente político, el MNR, partido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, bajo cuyo gobierno se diseño la aplicación del modelo económico vigente.

Diversos analistas pronosticaron que la aplicación de esta ley generaría un mundo de conflictos por el acceso al agua. Por otro lado, su aprobación es una muestra no solamente de lo que significa la participación y consulta ciudadana para los sucesivos gobiernos de Bolivia sino que pone en evidencia las incongruencias en las políticas y en la aplicación de las mismas, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que financia el establecimiento del Marco Regulador del Sector Agua Potable y Alcantarillado, cuyo presidente, Enrique Iglesias, decía en un memorando emitido a sus directores en noviembre de 1999: "el Banco ha emprendido una serie de acciones para fortalecer sus relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que incluyen: consulta amplia en el contexto de la evaluación de proyectos, operaciones para fortalecer a la sociedad civil y los procesos de participación en el nivel local, alianzas para el desarrollo entre gobierno, sociedad civil y el sector privado, e iniciativas para promover el diálogo sobre políticas en el nivel sectorial, particularmente en los sectores sociales".

Asimismo, el documento del presidente del BID señala que existe consenso con las organizaciones de la sociedad civil en que "una mayor participación de las comunidades, un diálogo efectivo con todos los sectores sociales, y procesos más abiertos y transparentes son elementos esenciales para asegurar que los proyectos del Banco tengan un impacto positivo y sostenible en el desarrollo".

La Ley 2029 no sólo establece regulaciones para la prestación del servicio de agua potable sino para el acceso a las fuentes de agua para cualquier uso, otorgando exclusividad al concesionario sin tomar en cuenta los usos y costumbres de las comunidades y organizaciones sociales, las que deben convertirse en usuarios de los servicios del titular de la concesión. Además, establece una indexación de tarifas al Indice de Precios al Consumidor de Estados Unidos. Por otra parte, la ley permitió regularizar contratos como el de la empresa Aguas del Tunari, subsidiaria de International Water Limited de Londres, de propiedad de Bechtel Enterprises Inc., de San Francisco, California, y Edison S.p.A., de Milán, Italia. El contrato con esta empresa fue firmado por la todopoderosa Superintendencia de Aguas, que fue creada sin un marco regulatorio específico y con la nueva ley se convirtió en la Superintendencia de Saneamiento Básico, con competencias para otorgar concesiones, revocarlas y resolver conflictos. La concesión otorgada a Aguas del Tunari implica la ejecución del Proyecto Misicuni, la dotación de agua potable, la dotación de agua de riego y la generación de energía eléctrica en la central hidroeléctrica de Misicuni.

Las facilidades que la ley otorga a los concesionarios, como Aguas del Tunari, les permiten proponer tarifas que desean cobrar que se constituyen en la base de aprobación por parte de la Superintendencia. En consecuencia, esta empresa aplicó un "tarifazo" en la ciudad de Cochabamba, que fue uno de los motivos que hicieron de esa ciudad desde principios de año, y de todo el país en la actualidad, escenario de una revuelta impresionante. La población, de esta manera, dio a conocer su desacuerdo con el alza desproporcionada de tarifas, la firma de un contrato de concesión que lesiona seriamente la economía de la población y la aprobación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

La feroz represión desatada por el gobierno desde las primeras manifestaciones en enero y febrero, sólo logró fortalecer el movimiento social, que decidió la anulación del contrato y la modificación de la ley 2029, acordando la negociación de los conflictos. Pero la inoperancia del Poder Legislativo, la intransigencia del Ejecutivo, y muy particularmente de la Superintendencia, provocaron el cansancio de los mediadores y acumularon tensiones que a fines de marzo se expresaron en la convocatoria a nuevas medidas de presión.

La Coordinadora por el Agua y por la Vida -que agrupa al Comité de Defensa del Agua, a las Federaciones de Regantes, de Fabriles, Maestros, Comerciantes, Campesinos y otras, y a colegios profesionales como los de Ingenieros, Abogados y Economistas- había organizado una Consulta Popular que recogió la opinión casi unánime de cerca de 50.000 personas en contra de la Ley de Agua Potable, en contra del incremento de tarifas y en contra del consorcio Aguas del Tunari. Basada en ese resultado convocó el 4 de abril a un bloqueo general de la ciudad y de las carreteras exigiendo al gobierno la solución definitiva al problema del agua.

El día 7, el Prefecto del departamento anunció la salida de la empresa, pero los festejos populares culminaron en duelo, decepción y en dos días de virtual guerra civil, ya que la decisión tomada por la autoridad no contaba con el respaldo del gobierno central. El prefecto presentó su renuncia y la población renovó el bloqueo de la ciudad. A medianoche, la policía detuvo dirigentes haciendo uso de violencia y brutalidad. El día siguiente se promulgó el estado de sitio en todo el país. Los bloqueos campesinos de carreteras se fueron incrementando en varios departamentos y la respuesta de la población fue intensificar los bloqueos reafirmando la voluntad de conseguir los objetivos propuestos por encima de toda represión, pidiendo incluso la renuncia del presidente Hugo Banzer y de todo su equipo. Durante todo ese sábado se dieron enfrentamientos en Cochabamba, mientras que los campesinos y militares se enfrentaron muy duramente en la población de Achacachi el domingo 9.

Ese día se supo oficialmente que el consorcio Aguas del Tunari decidió rescindir el contrato con el gobierno, que llegó a un acuerdo con la Coordinadora, poniendo así fin al conflicto. El acuerdo comprende:

* El retorno del servicio de agua potable y alcantarillado a la empresa estatal Semapa (residual), la conformación de un directorio transitorio con representación institucional profesional y laboral a sugerencia de la Coordinadora, para dar continuidad al servicio de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Cochabamba, con la responsabilidad en el plazo más breve posible de dar funcionamiento institucional a la empresa operadora, así como de convocar a todas las instituciones vivas y legítimas del departamento a fin de tomar determinaciones relativas a la solución del problema del agua a largo plazo. Se condicionó la desmovilización de bloqueos a la aprobación de las modificaciones en el parlamento de las modificaciones consensuadas en Cochabamba.

* La presentación de documentos emitidos por la Superintendencia sobre la resolución del contrato con la empresa Aguas del Tunari.

* El compromiso del gobierno para atender heridos, indemnizar a familiares de los fallecidos, retornar a los confinados en función al proceso de pacificación social.

Este documento dio fin parcial al problema, aliviándose la tensión sobre todo en la ciudad, mientras que en el área rural se mantenían los bloqueos de caminos hasta la promulgación de la Ley 2029 reformada.

El día 10, el parlamento aprobó la Ley Modificatoria de la Ley 2029, tras una intensa negociación con la Coordinadora del Agua y su instancia de apoyo, la Mesa Técnica del Agua, logrando la mayoría de los puntos demandados, bajo diversas presiones nacionales e internacionales.

Lo ocurrido muestra que Bolivia no es el país modelo de aplicación de las medidas de ajuste estructural promovido internacionalmente. La anulación del contrato con Aguas del Tunari es un golpe duro para el proceso de privatización encauzado desde la anterior gestión. Al parecer, la población ya está cansada de ver cómo se acomodan las leyes a las empresas "capitalizadoras", las que se llevan todas las ganancias dejando en el país todos los impactos sociales y ambientales negativos que generan en la explotación de recursos naturales.

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Vivendi y el agua en Bolivia

Por Franck Poupeau*

 

El mercado de la privatización del agua, dominado por Vivendi-Général des Eaux y Suez-Lyonnaise des Eaux, tiene consecuencias negativas ecológicas y sociales: es el caso en un barrio de la ciudad de La Paz. Pero las empresas y organismos internacionales responsabilizan a los usuarios por los problemas suscitados.

 

Aunque las denuncias contra la "mundialización mercantil" se acrecientan, ésta abarca bienes de primera necesidad como el agua, fuente de enormes ganancias. Dos grandes multinacionales francesas dominan este mercado: Vivendi-Générale des Eaux y Suez-Lyonnaise des Eaux, que se apoderaron de cerca de 40 por ciento del mercado actual y venden sus servicios a más de 110 millones de personas cada una, la primera en 100 países, la segunda en 130. En el "mercado del agua", los dos gigantes franceses y sus múltiples filiales vienen firmando contratos de privatización altamente lucrativos desde hace quince años.
 
Las conquistas de Suez-Lyonnaise des Eaux (China, Malasia, Italia, Tailandia, República Checa, Eslovaquia, Australia, Estados Unidos) no deben hacer olvidar las de la Générale des Eaux (convertida en Vivendi), con la que Suez-Lyonnaise se asocia a veces, por ejemplo en Buenos Aires en 1993. En la última década, Vivendi se instaló en la República Checa (Pilsen), Alemania (Leipzig, Berlín), Corea (complejo de Daesan), Filipinas (Manila), Kazajstán (Almaty), así como también en Estados Unidos, con sus filiales Air and Water Technologies y US Filter (1).

Pero las multinacionales del agua también sufrieron sus reveses. En ocasiones fueron obligadas a retirarse de ciertos países de América del Sur y a pedir indemnizaciones ante organismos internacionales. En 1997, en la provincia argentina de Tucumán, la población llevó adelante un movimiento de "desobediencia civil" contra una filial de Vivendi, negándose a pagar sus facturas, a raíz del deterioro de la calidad del agua y la duplicación de las tarifas. 

La Compagnie Général des Eaux había obtenido el derecho de privatizar las concesiones de servicios de agua y alcantarillado de la provincia en 1993. Pero el aumento inmediato del precio de los servicios de agua y alcantarillado (en 104 por ciento promedio) suscitó la protesta de los consumidores: "Los primeros en organizarse fueron los pueblos del interior de la provincia, en la zona de explotación de la caña de azúcar, donde ya existe una larga experiencia de lucha. Al principio, siete pequeñas ciudades formaron un comité de coordinación y crearon la Asociación de Defensa de los Consumidores de Tucumán (2).

El gobierno provincial presentó un pedido de sanciones contra la compañía, luego de descubrir elementos contaminantes en el agua corriente. Confrontada al boicot de pagos, la Générale des Eaux amenazó primero a los consumidores con el corte del servicio, a continuación intentó renegociar el contrato, para retirarse finalmente, negándose a cumplir con sus obligaciones de servicio. 

La empresa atacó entonces a los consumidores de Tucumán frente al Centro Internacional para la Reglamentación de los Diferendos Relativos a las Inversiones (Cirdi), organismo del Banco Mundial, que arbitró a favor de la provincia. Tiempo después, un cambio de gobierno provincial despojó a los consumidores de la protección legal de su boicot de los pagos.

La privatización del agua es denunciada la mayor parte de las veces a causa de las consecuencias ecológicas de la integración de las economías locales a un "mercado unificado", lo que implica no sólo una orientación de la producción hacia el exterior, sino también la intensificación de la explotación de los recursos naturales. Maud Barlow demostró que "los países reducen las tasas locales y la reglamentación sobre el medio ambiente en pos de la competitividad (...) A la hora de recuperar las aguas contaminadas y construir infraestructuras para proteger el agua, los gobiernos se encuentran con una capacidad fiscal reducida; al tiempo que les resulta más difícil prevenir una contaminación ulterior" (3). 

Pero no hay que omitir la participación activa de esos gobiernos en las políticas de desregulación en curso y su responsabilidad en los contratos negociados con las instituciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio (OMC) o el World Water Council (WWC). La reunión de la OMC en Qatar, en noviembre de 2001, hizo avanzar aún más la privatización: bajo el título "Comercio y medio ambiente", el artículo 31 III reclama, en efecto, "la reducción o, según los casos, la eliminación de los obstáculos tarifarios y no tarifarios a los bienes y servicios del medio ambiente", entre ellos el agua. Dentro de esta lógica, todo intento de control de la exportación de agua con fines comerciales se vuelve ilegal. Y el artículo 32 tiene por objeto impedir que los Estados utilicen obstáculos no tarifarios, tales como las leyes de protección del medio ambiente. 

Los efectos sociales de estas tendencias no se analizan tanto como los problemas ecológicos que suscitan. La pérdida de control de las poblaciones locales sobre las tarifas del agua va acompañada de un aumento de los precios que impide que los más pobres accedan al servicio, pero también a una información clara acerca de los estándares sanitarios mínimos. 

Compromisos incumplidos 

Un ejemplo es la privatización del agua en La Paz (Bolivia). En febrero de 2002, en el barrio Alto Lima, el más antiguo y pobre de La Paz, la lluvia ocasiona la formación de arroyuelos fangosos que desbordan las alcantarillas e invaden la calzada. Las calles no pavimentadas, llenas de pozos y surcos, donde la basura que se acumula refleja la ausencia de recolección y barrido públicos, ya no están iluminadas por la noche dado que ese servicio también fue privatizado. 

Sólo una ONG cubre algunas necesidades de este tipo. El día de la feria semanal, los vendedores se apiñan bajo los toldos azules que ofrecen una relativa protección a sus puestos de alimentos o de ropa. Antonio vive en Alto Lima desde su infancia. Este barrio popular está ubicado a unos 4 mil metros de altura (los más ricos residen más abajo, a 3 mil 200 metros). Desde Alto Lima se divisa todo el resto de la capital, pero lleva más de una hora llegar al centro. Por eso Antonio baja tan poco: demasiado lejos, demasiado caro. Antonio expresa su desaliento porque el agua, tan abundante en la zona, ya no está disponible para su consumo. Desde que el consorcio francés Aguas del Illimani (Lyonnaise des Eaux) administra su distribución, su precio pasó de 2 a 12 bolivianos (Bs.) (4). La mayor parte de la población, que no puede afrontar este aumento, reemplazó las duchas por instalaciones sanitarias comunes... y pagas. Aguas del Illimani procedió a considerables reducciones de personal: los inspectores no pasan, el precio sigue igual. 

La privatización vino acompañada de un deterioro del servicio, relacionado con los despidos efectuados para reducir los costos. El equipo de 18 técnicos que controlaban mensualmente cerca de 80 mil contadores de agua del barrio norte se redujo a la mitad y tiene otras tareas de mantenimiento a su cargo. El consumo de cada casa se toma muy esporádicamente: sea cual sea el gasto real, siempre se paga la misma factura.

En su campaña publicitaria, el consorcio prometió priorizar la mejora del servicio y la extensión de la red. La realidad es muy distinta: los desperfectos son cada vez más frecuentes por la falta de mantenimiento y las reparaciones llevan más tiempo. Se llega a recurrir a los viejos pozos para asegurar el funcionamiento de los comercios. 

Mientras el salario de los directivos pasó de 12 mil a 65 mil Bs. mensuales (los obreros ganan unos mil 800 Bs. promedio), hay que pagar unos mil 100 Bs. para hacerse instalar el agua, contra los menos de 730 Bs. vigentes durante los 5 años previos
a la privatización. "Hoy en día, es un lujo tener agua en la ciudad de El Alto", señala un trabajador despedido por Aguas del Illimani.

"El objetivo era demostrar que la Lyonnaise des Eaux puede también ocuparse de zonas difíciles", explicó Arnaud Bazire, gerente francés de Aguas del Illimani (5). El resultado no es nada convincente. "Hablaban de nuevos equipamientos. Lo único que hicieron fue pintar de blanco los caños", afirma un obrero de mantenimiento, que da cuenta también del aumento de la cantidad de animales muertos dentro de las canalizaciones. En otros países, ciertas empresas privatizadas recibieron condenas por no respetar normas mínimas de higiene. 

Por el momento, Aguas del Illimani sólo fue condenada por haber cortado durante varias semanas el suministro en dependencias municipales, entre las cuales están todas las escuelas de la ciudad. Pero en general, los cortes de agua se efectúan impunemente. En el segundo y tercer sector de Alto Lima hace varios meses que se cortó el suministro. En diciembre de 2000, Arnaud Bazire declaraba que la población del Alto era "el peor cliente" y "el peor consumidor del mundo" (6).

Denis Cravel, especialista en agua del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se hace eco: "La población tiene malos hábitos", porque cree que "el servicio debería ser gratuito", mientras que "el agua es un bien social, pero también económico". Álvaro Larrea Alarcón, ingeniero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, declara que la concesión podría ser rentable si la población consumiera de otro modo... es decir más: 

"Es primordial enseñarle a la población que debe acostumbrarse a pagar las facturas de agua. Una persona crece sin agua y va a las instalaciones públicas, o al río. Se habitúa a eso, y a no tener agua adentro de la casa. Es una cuestión de cultura. Hay que enseñarle a la gente a bañarse una vez por día, a regar las plantas y lavar el auto..." El ingeniero parece ignorar que en las extensiones desérticas del altiplano, la población utiliza casi exclusivamente el transporte colectivo, y que algunos problemas de desertización afectan ya a la cuenca andina.
¿Por qué los habitantes de esos barrios aceptan -con la paciencia indiferente y optimista que los observadores externos gustan valorar en los más carenciados- semejante falta de consideración? Es que su condición de sub-proletarios les impide delinear cualquier proyecto con vistas al futuro, y por ende sentar las bases de una organización colectiva (7). 

Más aun, esta imposibilidad se nutre de la ausencia de interlocutores oficiales, ligada no sólo al desmantelamiento de los servicios públicos, sino también a la distancia cada vez mayor entre las élites políticas y el resto de la población. En Bolivia, sólo los habitantes de Cochabamba encontraron, con el estímulo de los campesinos de los alrededores, la fuerza y los recursos para reaccionar y desprivatizar la distribución del agua (8). Pero, por cierto, el grupo anglosajón Aguas del Tunari (controlado por la multinacional Bechtel) que intentaba implantarse allí, no había gastado la misma energía en propaganda que los grupos franceses, cuyo historial en materia de expoliaciones colectivas es mucho más sustancioso. 

Notas

1 Para más datos, ver Roger Cans, "La ruée vers l'eau", Folio, París, 2001; y también Point de vue du Sud-Centre Tri continental, "L'eau, patrimoine commun de l'humanité", L'Harmattan, París, 2002. 
2 Norma Giarracca, "The social protest for water in Tucuman", Defend the Global Commons, Porto Alegre, febrero 2002.
3 Maud Barlow, Blue Gold, "The Global Water Crisis and the Commodification of the World's Water Supply", International Forum on Globalization, San Francisco, 1999.
4 Siete bolivianos equivalen a 1 dólar.
5 Roger Cans, op.cit.
6 El Diario, La Paz, 11-12-00; Presencia, La Paz, 4-6-1998.
7 Pierre Bourdieu, "Les sous-prolétaires algériens", Interventions 1962-2001, Agone, Marsella, 2002.
8 Franck Poupeau, "La guerre de l'eau", Agone, Nº 26-27, Marsella, 2002. El bloqueo de la ciudad por parte de la población obligó al gobierno a rescindir el contrato, y desde diciembre de 2001 el consorcio pide 25 millones de dólares de indemnización a Bolivia.

 

 

 

*Franck Poupeau es sociólogo. Este artículo apareció originalmente en Le Monde Diplomatique edición Cono Sur y fue tomado de Ciberoamerica - Ecoportal.net - 25 de mayo de 2002

 

 


 

Administración del agua en América Latina y el Caribe en el umbral del siglo XXI
Andrei Jouravlev - CEPAL
(1)

BOLIVIA

1. Avances en la estructura administrativa para una gestión integrada

En Bolivia, el sector de abastecimiento de agua potable y saneamiento está en proceso de transformación. El 11 de abril de 2000, se promulgó la Ley No 2066, "Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario", modificatoria de la Ley No 2029, con el mismo nombre, del 29 de octubre de 1999. La aprobación, de manera no debidamente consensuada, de la Ley No 2029, sumada a la controvertida concesión de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba y de la ejecución del proyecto múltiple Misicuni al consorcio Aguas del Tunari, y la decisión de éste de incrementar fuertemente las tarifas, sin antes haber mejorado los servicios, han desencadenado, en febrero y abril de 2000, la denominada "Guerra del Agua". El resultado fue la promulgación de la Ley No 2066 y la rescisión del contrato con Aguas del Tunari.

Los principios centrales del marco regulatorio e institucional contenido en la Ley No 2066 son los siguientes: (i) el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos es responsable de formular y ejecutar políticas para la provisión de los servicios; (ii) las Prefecturas de Departamento se encargan de elaborar y desarrollar planes y programas departamentales de expansión de los servicios; (iii) los Gobiernos Municipales son responsables de asegurar la provisión de los servicios; y (iv) la Superintendencia de Saneamiento Básico -que reemplaza a la Superintendencia de Aguas, creada a partir de la promulgación de la Ley No 1600, "Ley del Sistema de Regulación Sectorial", del 28 de octubre de 1994- se encarga de la regulación económica del sector. La Ley No 1600 creó el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), integrado por la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales.

En cuanto a modelos de prestación de los servicios, la Ley No 2066 distingue Zonas Concesibles y Zonas no Concesibles. Las zonas denominadas concesibles son centros de población concentrada o asociaciones de asentamientos humanos en los que viven más de 10 000 habitantes y donde la provisión de los servicios es financieramente autosostenible. Las zonas denominadas no concesibles son asentamientos humanos cuya población es dispersa o, si es concentrada, no excede de 10 000 habitantes, y no es autosostenible financieramente. En Zonas Concesibles la provisión de los servicios debe efectuarse obligatoriamente mediante una Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). La EPSA debe tener alguna de las siguientes formas de constitución: (i) empresa pública municipal; (ii) sociedad anónima mixta; (iii) empresa privada; (iv) cooperativa de servicios públicos; (v) asociación civil; (vi) pueblos indígenas, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos; y (vii) juntas vecinales y cualquier otra organización excepto los gobiernos municipales. En las Zonas No Concesibles, los Gobiernos Municipales pueden prestar los servicios en forma directa o a través de una EPSA.

Actualmente sólo una empresa privada opera en el sector. El 30 de junio de 1997, el consorcio Aguas del Illimani, encabezado por la empresa francesa Lyonnaise des Eaux, se adjudicó un contrato de concesión para prestar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las ciudades de La Paz y El Alto. Este caso es interesante en cuanto a los iniciales resultados positivos alcanzados en relación a las metas fijadas en el contrato de concesión (Mattos y Crespo, 2000). En el resto del país, a nivel urbano, los Gobiernos Municipales, directamente o a través de empresas autónomas, y las Cooperativas de Servicios están a cargo de la prestación de los servicios, mientras que a nivel rural predominan las Juntas o Comités de Agua.


2. Avances en la creación y operación de entidades de gestión del agua a nivel de cuencas

En Bolivia, la legislación hídrica tiene su base en la Ley de Aguas del 28 de noviembre de 1906, cuyas consideraciones, en su mayor parte, se encuentran fuera de contexto actual (Mattos y Crespo, 2000). Adicionalmente se cuenta con otras leyes que se fueron aprobando a medida que se evidenciaban vacíos legales. Sin embargo, estas leyes generalmente no guardaban relación entre sí y menos con la Ley de Aguas. Como resultado de esta situación, todos los sectores involucrados en el uso del agua realizan sus actividades independientemente de acuerdo a las leyes sectoriales sin establecer un criterio común de utilización y prioridades. Esta "falta de planificación y coordinación en relación con la utilización y la conservación de los recursos hídricos ha dado lugar a una situación anárquica en la que cada institución … establece sus propios criterios y prioridades sin consultar con los demás sectores" (Bolivia, 1998).

Un avance hacia la gestión integrada de los recursos hídricos fue la promulgación de la Ley de Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, No 1333, del 27 de abril de 1992, en la que se establece que la planificación, protección y conservación de los recursos hídricos y el manejo integral y control de las cuencas constituyen prioridad nacional y que el Estado debe promover la planificación, el uso y aprovechamiento integral del agua. De acuerdo con esta Ley, el manejo integral y sostenible de los recursos a nivel de cuenca y otra unidad geográfica es uno de los instrumentos básicos de la planificación ambiental.

En el anteproyecto de Ley del Recurso Agua (versión No 32), que actualmente está siendo debatido, se propone que el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación sea la Autoridad Nacional del Recurso Agua y que los Prefectos de Departamento ejerzan las funciones de Autoridad del Recurso Agua a nivel departamental. Las atribuciones principales de la Autoridad Nacional del Recurso Agua serían las siguientes: (i) aprobar las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y normas de alcance nacional sobre el régimen de los recursos hídricos y su gestión racional y sostenible; (ii) promover el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas y establecer sus lineamientos estratégicos; (iii) aprobar el Plan Nacional del Recurso Agua; (iv) declarar áreas de veda, reserva y protección a determinadas zonas, cuencas, cuerpos de agua y áreas de recarga de acuíferos; (v) establecer en las riberas de los ríos y en las áreas perimetrales de los lagos, zonas o áreas específicas de protección del recurso agua; (vi) promover y fomentar la participación de los representantes de las organizaciones de concesionarios y usuarios, que cuenten con personería jurídica reconocida, en la gestión de los recursos hídricos; y (vii) emitir normas técnicas para la prevención y control de la contaminación hídrica.

La Autoridad Nacional del Recurso Agua tendría como órgano de consulta y coordinación al Consejo Consultivo del Recurso Agua y como entidad de apoyo técnico a la Comisión Nacional de Cuencas Hidrográficas (véase la página 37). El Consejo Consultivo del Recurso Agua estaría conformado no sólo por ministros relacionados con las actividades sectoriales que usan el agua, sino también, a los efectos de dar activa participación a los sectores rurales, por representantes de varias organizaciones sociales. Se crearía, además, la Superintendencia de Aguas -como parte del Sistema de Regulación de los Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar la utilización sostenible de los recursos naturales renovables-, encargada de regular y supervisar la otorgación de concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua. También sería responsable de establecer servidumbres y expropiaciones, y regular y supervisar el mercado de derechos de concesión de aguas.

Avances a nivel de cuencas transfronterizas

En virtud del Acuerdo Constitutivo firmado en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 9 de febrero de 1995, por los Gobiernos de Argentina, Bolivia y Paraguay, se creó la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo. La comisión está constituida por un Consejo de Delegados conformado por dos delegados por cada país (el primer delegado es el representante de las respectivas Cancillerías, con rango de Embajador, el segundo delegado es, de preferencia, el Director Nacional de cada una de las Comisiones Nacionales del Río Pilcomayo). Bajo la dependencia del Consejo de Delegados está la Dirección ejecutiva a cargo de un funcionario técnico nacional de un país que no participe en el Acuerdo Trinacional. La Comisión tiene asignada la responsabilidad del estudio y ejecución de proyectos conjuntos en el Río Pilcomayo que propendan al desarrollo de la cuenca.

Mediante el Acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Argentina y Bolivia, el 9 de junio de 1995, en Orán, Argentina, se creó la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija. La Comisión está constituida por dos Delegados de cada país (el primero es el representante de cada Cancillería, con rango de Embajador, que preside la respectiva Delegación, y el segundo el Director Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo de Bolivia y el Presidente del Directorio de la Comisión Regional del Río Bermejo de Argentina, respectivamente). La Comisión Regional del Río Bermejo de Argentina y la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo de Bolivia cumplen las funciones de secretaría de la Comisión. La Comisión es responsable de la administración de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija, con el objetivo de impulsar el desarrollo sustentable de su zona de influencia, optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales, generar el desarrollo socioeconómico y permitir la gestión racional y equitativa de los recursos hídricos.

En 1996, inició sus operaciones la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa. La entidad, establecida por los Gobiernos de Bolivia y de Perú, tiene como objetivo general promover y conducir las acciones, programas y proyectos y dictar y hacer cumplir las normas de ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del agua del Sistema Hídrico Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa (TDPS), en el marco del Plan Director Global Binacional del Sistema Hídrico TDPS. El Plan Director está concebido para revertir el proceso de degradación ambiental que afecta al Sistema Hídrico TDPS, por lo cual contempla diversas obras de regulación hidráulica y proyectos de riego, sistemas de drenaje y técnicas agrícolas conservacionistas, acciones de reforestación, de racionalización de la pesca, de control de la contaminación hídrica, entre otras. Para la ejecución y puesta en operación del Plan Director, se ha previsto el monitoreo de aspectos relevantes tales como la cobertura vegetal, la erosión, los niveles freáticos, la calidad de las aguas, y la biomasa del Lago Titicaca.

3. Avances en la estructura administrativa para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

En Bolivia, el sector de abastecimiento de agua potable y saneamiento está en proceso de transformación. El 11 de abril de 2000, se promulgó la Ley No 2066, "Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario", modificatoria de la Ley No 2029, con el mismo nombre, del 29 de octubre de 1999. La aprobación, de manera no debidamente consensuada, de la Ley No 2029, sumada a la controvertida concesión de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba y de la ejecución del proyecto múltiple Misicuni al consorcio Aguas del Tunari, y la decisión de éste de incrementar fuertemente las tarifas, sin antes haber mejorado los servicios, han desencadenado, en febrero y abril de 2000, la denominada "Guerra del Agua". El resultado fue la promulgación de la Ley No 2066 y la rescisión del contrato con Aguas del Tunari.

Los principios centrales del marco regulatorio e institucional contenido en la Ley No 2066 son los siguientes: (i) el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos es responsable de formular y ejecutar políticas para la provisión de los servicios; (ii) las Prefecturas de Departamento se encargan de elaborar y desarrollar planes y programas departamentales de expansión de los servicios; (iii) los Gobiernos Municipales son responsables de asegurar la provisión de los servicios; y (iv) la Superintendencia de Saneamiento Básico -que reemplaza a la Superintendencia de Aguas, creada a partir de la promulgación de la Ley No 1600, "Ley del Sistema de Regulación Sectorial", del 28 de octubre de 1994- se encarga de la regulación económica del sector. La Ley No 1600 creó el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), integrado por la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales.

En cuanto a modelos de prestación de los servicios, la Ley No 2066 distingue Zonas Concesibles y Zonas no Concesibles. Las zonas denominadas concesibles son centros de población concentrada o asociaciones de asentamientos humanos en los que viven más de 10 000 habitantes y donde la provisión de los servicios es financieramente autosostenible. Las zonas denominadas no concesibles son asentamientos humanos cuya población es dispersa o, si es concentrada, no excede de 10 000 habitantes, y no es autosostenible financieramente. En Zonas Concesibles la provisión de los servicios debe efectuarse obligatoriamente mediante una Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). La EPSA debe tener alguna de las siguientes formas de constitución: (i) empresa pública municipal; (ii) sociedad anónima mixta; (iii) empresa privada; (iv) cooperativa de servicios públicos; (v) asociación civil; (vi) pueblos indígenas, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos; y (vii) juntas vecinales y cualquier otra organización excepto los gobiernos municipales. En las Zonas No Concesibles, los Gobiernos Municipales pueden prestar los servicios en forma directa o a través de una EPSA.

Actualmente sólo una empresa privada opera en el sector. El 30 de junio de 1997, el consorcio Aguas del Illimani, encabezado por la empresa francesa Lyonnaise des Eaux, se adjudicó un contrato de concesión para prestar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las ciudades de La Paz y El Alto. Este caso es interesante en cuanto a los iniciales resultados positivos alcanzados en relación a las metas fijadas en el contrato de concesión (Mattos y Crespo, 2000). En el resto del país, a nivel urbano, los Gobiernos Municipales, directamente o a través de empresas autónomas, y las Cooperativas de Servicios están a cargo de la prestación de los servicios, mientras que a nivel rural predominan las Juntas o Comités de Agua. 

(1) Reproducción autorizada:
Andrei Jouravlev, Administración del agua en América Latina y el Caribe en el umbral del siglo XXI, serie Recursos naturales e infraestructura, Nº 27 (LC/L.1564-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Publicación de las Naciones Unidas. Pagina Principal

 


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