Carlos H. Reyes: Esa ley no debe ser aprobada

Municipalizar y concesionar son sinónimos de privatizar. Este es el criterio que maneja el Bloque Popular de Honduras que se opone férreamente a la aprobación de la Ley de Municipalización de Aguas por considerar que la misma es lesiva a los intereses populares.

Y su oposición la han expresado en las calles, con una serie de manifestaciones públicas en los bajos del Congreso Nacional, hasta donde han llegado a gritar su inconformidad con los legisladores hondureños que se vieron obligados a suspender la discusión y aprobación de la ley ante la creciente ola de reclamos.


Carlos H. Reyes

Sobre el tema, el dirigente sindical Carlos H. Reyes, uno de los principales opositores a la ley, clama por un diálogo serio que permita entender con profundidad la problemática.

Debemos comenzar comprendiendo que este es un tema constitucional, dice. La Constitución establece que los servicios públicos deben ser prestados por instituciones del Estado sin fines de lucro y el servicio de agua potable es un servicio público.

Por eso, agrega, se violenta la ley cuando bajo la figura del concesionamiento se ceden sistemas de agua potable como el de San Pedro Sula a empresas transnacionales que tienen como fin principal de sus actividades la rentabilidad económica.

"Ese es un acto que va contra la Constitución y ese es un proceso de privatización vía concesionamiento", apunta.

Reyes ha duplicado esfuerzos para estar en varios foros nacionales exponiendo la tesis del Bloque Popular y generando los espacios necesarios para incidir en la clase política representada en el Congreso Nacional que será responsable de tomar una decisión a partir de enero del 2003.

Intenta -por todos los medios- hacer ver a los diputados que al proceso de privatización se llega no solo por el mecanismo de venta de acciones de empresas del Estado a particulares, sino también a través de la utilización de figuras como la municipalización, la concesión y la donación.

"Entonces no procede ninguna de esas figuras por cuanto todas llevan como propósito el lucro. No se trata de una discusión semántica, es cuestión de cumplimiento de la ley, de la Constitución", insiste.

Su planteamiento le lleva también, a explicar con vehemencia, que quienes promueven estos mecanismos tienen grandes intereses de por medio.

Son los organismos financieros internacionales los interesados en este proceso. El Banco Mundial (BM) es el organismo más interesado en buscar que el agua se privatice, explica.

Y como ejemplo cita que son estos organismos de crédito los que impulsan actualmente la emisión de leyes similares en El Salvador, Nicaragua y Bolivia, entre otros países considerados estratégicos por su abundancia del recurso.

"Por eso que no vengan diciendo aquí que esta es una iniciativa de los alcaldes", plantea.

¿Y porqué el interés del Banco Mundial y otros organismos de crédito internacional en el tema agua?, se le consulta.

Bueno, responde, hoy en día todos debemos saber que los recursos de mayor importancia estratégica para este siglo son el agua, el petróleo y la biodiversidad.

Coincidentemente, agrega, en aquellos países en los que se encuentran estos elementos, ya sea juntos o separados, los Estados Unidos tienen allí bases militares. Honduras no es la excepción. Desde la década de los 80 los Estados Unidos manejan el complejo militar de Palmerola ubicado estratégicamente en el Valle de Comayagua.

"Se trata pues de un problema que tiene que ver con la hegemonía del gobierno de Estados Unidos en el mundo, con los intereses de sus transnacionales", explica.

En este contexto, Honduras vuelve a ser un punto estratégico en los intereses de los Estados Unidos, no solo por su ubicación geográfica, sino también por su alto nivel de lluvias arriba de la media mundial

Estudios revelan que el agua se ha convertido en uno de los negocios más rentables del mundo. Expertos señalan que el agua ya no solo se comercializa en bolsas y botellones en los países desarrollados, sino que también se transporta en barcos (al igual que el petróleo) desde los países que la tienen en abundancia hasta los que no la tienen.

"El agua se está convirtiendo en un bien mercantil sujeto a la compra y la venta, advierte. Un bien al que solo tendrán acceso quienes puedan pagarlo".

En este contexto, plantea, la comercialización del agua se visualiza como uno de los principales negocios mundiales en las próximas décadas, y esta es la razón por la que las transnacionales están luchando desde ya por hacerse "inofensivamente", primero, de los sistemas de distribución de agua, para continuar con el apoderamiento de las cuencas hídricas y los bosques de los países.

"O sea que es todo un proceso en el cual el país pierde su soberanía sobre el agua, sus cuencas y sus bosques", indica.

El Bloque Popular ha solicitado se suspenda la discusión de la ley mientras no se discutan y aprueben con antelación una Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley Forestal.

En esto tiene que privar el interés nacional, dice Reyes, sobre el de un grupo de alcaldes que aspiran a la obtención de préstamos de parte de los mismos organismos internacionales para desarrollar proyectos de agua y saneamiento.

Alcaldes municipales que presionan por la aprobación de la ley dicen que requieren de la misma para acceder a millonarios préstamos para el mejoramiento de las redes de abastecimiento de agua en sus comunidades.

Dirigentes del Bloque Popular no se extrañan de ello. Eso es así siempre, plantean. Los organismos internacionales siempre están interesados en prestar dineros para el mejoramiento de servicios que posteriormente serán traspasados, por diferentes modalidades, a transnacionales interesadas.

"Eso ya pasó en Guatemala con la venta de la telefónica, recuerde que allá un grupo de hondureños y guatemaltecos compraron la telefónica y después la vendieron a una transnacional. Después fue el brinco de los guatemaltecos, pero fue tarde, y esa es la misma movida que están haciendo en todos lados", dijo Reyes.

Además, dijo que no se debe olvidar que todos los procesos de privatización favorecen la corrupción y para afianzar su opinión cita al ex presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio, quien "ya lo dijo bien clarito: detrás de las privatizaciones hay corrupción,".

Y estas son las razones por las cuales -enfatiza- el Bloque Popular considera que la ley "no debe ser aprobada".

Y de inmediato aclara que con esta posición no es que estén en contra del proceso de fortalecimiento del municipio. "Nosotros a lo que nos oponemos es a que por esta vía se busque la venta de este servicio de interés público y no mercantil", explica.

Reyes insiste en su tesis de que las municipalidades no tienen capacidad de manejar los servicios de agua. Solo basta con preguntar al SANAA cuantas municipalidades (que ya tienen el servicio) les piden ayuda a diario para tratar de llevar adelante el proceso.

¿Y los casos exitosos de Cortés y San Pedro Sula?
Reyes tiene una explicación para ambos casos, los que considera, a la vez sui generis en el país.

Pide no olvidar que Puerto Cortés es la municipallidad más rica del país al tener como ingreso principal el cinco por ciento de los ingresos de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y la venta de agua a los barcos que atracan diariamente en el puerto.

Pero indica que esta situación no garantiza el buen servicio de agua en la ciudad.

"Basta ir a Puerto Cortés, a los barrios bajos y a las aldeas circunvecinas y vas a ver el problema que tienen con el agua. A los porteños les prometieron agua que pudieran beberla del grifo y eso ha sido una farsa", planteó.

Y si bien reconoció que en esta ciudad no se ha privatizado el servicio, dijo que hay versiones referentes a que se está alistando desde ya la venta del paquete de acciones municipales a empresarios nacionales o extranjeros.

El caso de San Pedro Sula, dijo, también cuestionable.

Recordó que una comisión de trabajadores de la empresa denunció al presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, todas las fallas del sistema desde que está en manos de una transnacional italiana, que actualmente puja por un aumento tairfario de más del 100 por ciento al que se opone el alcalde municipal.

"Entonces es mentira lo que dicen que privatizando el agua habrá mejor servicio: San Pedro Sula no tienen un mejor servicio, quizá es mas barato que Tegucigalpa pero siempre lo fue, pero no es lo mejor. Todos los barrios bajos y las zonas aledañas tienen enormes problemas", dijo.

"Por eso para nosotros esa ley no procede (...) porque de lo único que se trata es de hacer movidas. Definitivamente estamos en contra porque allí lo quieren es hacer trampa", cuestionó.

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