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Matías
Funes: Municipalización es un eufemismo
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El que no tengamos un proyecto de país que nos marque los
objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo es lo que facilita
que los organismos internacionales promuevan y traten de imponer
leyes que van en detrimento de los pobres.
Este es el criterio del presidente del Partido Unificación
Democrática (UD), Matías Funes, quien ha unido su
voz a la de dirigentes populares y sindicales en contra de la aprobación
de una ley de municipalización de aguas por considerar que
la misma es el primer paso hacia un inevitable proceso de privatización
de este servicio.
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Matías Funes
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"Nos parece que la palabra municipalización
es un eufemismo que se usa para esconder lo que en efecto resulta siendo
en esencia un proceso de privatización", dijo Funes
durante una extensa entrevista con REVISTAZO.COM.
Sabe que la tesis de su partido es cuestionada principalmente por sus
opositores políticos en el Congreso Nacional, pero dice que no
queda más que insistir, advertir, que quienes están detrás
del proceso son los organismos financieros internacionales que en consonancia
con los objetivos del modelo neoliberal impuesto en los países
en desarrollo promueven la privatización de los servicios públicos
so pretexto de que el Estado es muy mal administrador y la empresa privada
muy diligente.
"Y no es que defendamos a ultranza el Estado;
sé que tenemos un Estado muy burocrático, lento, corroído
por la corrupción, pero decir que la privatización es la
panacea es en algo que no estamos de acuerdo", expresa.
Plantea luego que es en estos casos cuando se evidencia la ausencia de
un proyecto de país.
"Andamos como a la deriva y lo que en el fondo se impone son las
directrices de estos organismos financieros, directrices que en otros
países han llevado al fracaso, es el caso de Argentina, es el más
palpable", ejemplifica, aunque no olvida mencionar la jornada de
protestas de los médicos salvadoreños en contra del anunciado
proceso de privatización de los servicios de seguridad social.
Funes, es un conocido catedrático universitario, diputado al Congreso
Nacional entre 1998 y el 2002 y candidato presidencial por su partido
UD en el proceso electoral del 2001, proceso en el que fue electo diputado
al Parlamento Centroamericano.
Se caracteriza por su oposición a las políticas impuestas
por organismos internacionales por considerar que las mismas solo profundizan
los ya alarmantes niveles de pobreza del país.
"Sí este modelo continúa aplicándose, los niveles
de crisis van a seguir incrementándose", dice.
Insiste que esta es la razón que llama a oponerse en contra de
las políticas que van en detrimento de las grandes mayorías
poblacionales como las de la privatización que indiscutiblemente
vedan el acceso de los pobres, los que no tienen ni para comer a servicios
públicos como el agua y la electricidad.
Plantea entonces con vehemencia que la municipalización lleva
indefectiblemente a la privatización. Es
una ley, expone, en la que se da al municipio la facultad de concesionar
el servicio del agua, ¿y a quien se la van a concesionar?, se pregunta.
"Pues justamente a la empresa privada",
se responde.
Reconoce que en todo el anteproyecto de ley no se maneja la palabra privatizar
en ninguna parte, pero es porque ante la ola de protestas contra estos
hechos hay una tendencia a ocultar el tema. Es una nueva terminología
para designar los mismos procesos.
Refiere que para el fracasado proceso de privatización de HONDUTEL
se usó la palabra capitalización, que para definir el mismo
proceso en la Ley Forestal se usa la palabra concesión y que en
el caso del agua estamos debatiendo alrededor de la municipalización.
"Este es el uso y el juego de una nueva terminología que en
el fondo es igual a la privatización", dice.
Funes se auto define como un defensor del municipalismo por considerar
que el municipio es el escenario casi natural de vida del ciudadano, pero
pide no olvidar que hay municipios con economías frágiles
que serán incapaces de brindar por sí solos el servicio
del agua.
"Ojalá tuviéramos municipios más fuertes, pero
una cosa es querer potenciar la fuerza del municipio y otra quitarle responsabilidades
sociales al Estado que es hacia donde apuntan este tipo de leyes",
plantea.
Pero en este caso, con la ley de Aguas, señala, "no se busca
potenciar el municipio, solo que el municipio sea un intermediario para
que el servicio del agua pase a manos de la empresa privada".
En este escenario, dice, es altamente preocupante el que se quiera "desdibujar"
el papel de las juntas de agua y los patronatos en el proceso de gestión
y coadministración de sus propios servicios de agua.
Son figuras que ni siquiera se mencionan en la conformación de
las nuevas estructuras administrativas del servicio que se plantean en
la ley en discusión, dice. "Así es que no es cierto
lo que se nos dice de que se está tomando en cuenta a la sociedad
civil".
La ley plantea la creación del Consejo Nacional de Agua Potable
y Saneamiento (CONASA) cuyos integrantes serán de nombramiento
exclusivo del presidente de la República.
"Es decir, insiste, que con este tipo de ley le damos mas fuerza
al Poder Ejecutivo encarnado en la figura presidencial y creo que eso
hace perder espacios a la democracia y la participación social".
También considera una grave debilidad de la ley el que no se establezcan
los mecanismos de protección de las cuencas. No es una ley armónica
con la defensa del medio ambiente y la protección de la naturaleza.
Otra debilidad: no hay un mecanismo que establezca la protección
de cuencas, y estas leyes deben resultar armónicas con la defensa
del medio ambiente, la protección de la naturaleza.
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