MUNICIPALIZACION
DEL AGUA
La máscara de una ley con gotas de riqueza
y chorros de pobreza
•Las grandes ciudades hondureñas son el verdadero botín
•Tegucigalpa sería una "mina de oro" para empresas
del agua
•Es una ley forzada por organismos internacionales de crédito
•Alcaldías pobres sucumbirán ante grandes empresas
mercantiles
•Sectores populares aseguran que protestarán en las calles
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Una nueva tendencia está corriendo por el mundo ante la aparente pasividad de gobiernos y tomadores de decisiones: el agua deja de ser un bien social para convertirse en un bien comercial, con valor, para ser vendido al mejor postor en el mercado nacional e internacional. Es una tendencia que está siendo promovida por grandes transnacionales que tienen en las políticas de la globalización económica y los organismos financieros internacionales a sus principales aliados |
 Represa Los Laureles |
 La Tigra |
Es un planteamiento que parece inofensivo, es más,
que se vende en los países del tercer mundo como la gran puerta
que permitirá a miles de pobres acceder al servicio de una
manera rápida y económicamente accesible. Pero quienes se oponen a la idea proclaman que el agua es un bien social, cultural y ecológico que no puede protegerse con las fuerzas del mercado. Que el agua es un bien público, un bien primordial para el desarrollo económico de los pueblos. |
La base de la nueva tendencia es fácilmente replicable en los países del tercer mundo y principalmente en aquellos que tienen el líquido en abundancia: los Estados han sido incapaces de satisfacer las necesidades básicas de agua de sus ciudadanos por lo que hay que traspasar, concesionar, municipalizar, donar o vender los sistemas de distribución de agua a la empresa privada.
Y esta es la idea que se está vendiendo precisamente en los momentos actuales en Honduras, donde se ha generado una amplia discusión alrededor de la aprobación de una Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento que sentará las bases jurídicas de un cuestionado proceso de municipalización del servicio.
El pretexto, para posesionar la idea en los tomadores de decisiones, es muy fácil. Se dice que el SANAA (principal proveedor de agua en Honduras) falla, que no cumple con sus metas de cobertura, de calidad, que tiene una mala administración y que por eso se le deben quitar estas funciones y traspasarlas a otros entes llámense municipalidades o empresas privadas, expresa el presidente del izquierdista Partido de Unificación Democrática (UD), Matías Funes, uno de los principales opositores al proyecto.
Pero este es un proyecto que no responde a esquemas nacionales; es un modelo que no ha nacido en Honduras cuya matriz no ha sido la realidad hondureña sino que viene de organismos internacionales y por eso no debemos buscar replicarlo tal como lo proponen los interesados en manejar estos servicios, agregó.
La municipalización -para quienes se oponen al proceso- se plantea como el paso previo a la privatización del servicio, contrario a lo que piensan los defensores de la teoría, que exponen que es un proceso que se encamina a fortalecer el poder local.
Además cuentan con un elemento novedoso a su favor, el que es un proceso que ya está siendo aplicado en varias municipalidades del país con un éxito aparente.
Las ciudades de Puerto Cortés y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, y Catacamas en Olancho, se han convertido en ejes principales de la propuesta.
Los jefes edilicios de cada una de las comunidades potencian en todos los espacios que tengan a su alcance las bondades de sus experiencias. Dicen que han mejorado la administración del servicio, la cobertura y la calidad, y lo mejor de todo, sin que represente mayores inversiones para los usuarios del servicio.
Y en medio de la discusión sobre la aprobación o no de la ley, los alcaldes que todavía no han municipalizado el servicio de agua pujan por la aprobación de la ley para poder acceder a millonarios préstamos de organismos internacionales que les permitan entrar al proceso con mejores expectativas de triunfo.
Solo el alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras en la que habitan ya un millón de personas, ha dicho que a él no le interesa el proceso pues su municipalidad no tiene la capacidad técnica y financiera para administrar el servicio. Es seguro que de aprobarse la municipalización, el agua potable la capital sería privatizada.
Cuatro de cada 10 capitalinos no tienen acceso a los servicios de agua potable y los más pobres son los que más pagan por el mismo.
Las condiciones geográficas de la ciudad vuelven más difícil los proyectos de atención a todos los habitantes de la ciudad y las fuentes de agua disponible ya no son suficientes. Según estudios se requieren de 250 millones de dólares para resolver la grave crisis de agua en la ciudad.
En este contexto, los conocedores del tema saben que Tegucigalpa sería "una mina de oro" para cualquier empresa nacional o internacional que llegue a administrar el servicio teniendo como visión principal que el agua es un bien comercial que se venderá a quien tenga posibilidad de comprarla.
Para muchos, la municipalización en verdad sólo es una máscara que esconde tras de sí un gran botín: la privatización del agua potable en las ciudades grandes del país, particularmente en la capital. Las municipalidades pequeñas (donde de hecho ya el agua potable es manejada por las alcaldías) no interesarían a las empresas, pues no representan un mercado rentable; y en todo caso los municipios pequeños y pobres sucumbirían ante las presiones de poderosas compañías.
El agua: el petróleo del mañana
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Quienes proclaman que el agua debe ser considera un bien económico, un bien de mercado como lo es el petróleo actualmente han visualizado desde ya el gran negocio que será en el futuro cercano el tener acceso y manejo de las principales fuentes de agua dulce en el mundo entero, tan escasas hoy en día. Hay estudios que señalan que esta es la razón por las cuales las grandes potencias del mundo ya comenzaron a identificar a los "tenedores" del nuevo bien comercial y a aplicarse las medidas que les permitan en el futuro más cercano el manejarlo. |
 Abastecimiento |
Todo es muy sencillo, explican. Primero se debe tomar la dirección y el funcionamiento de los servicios de agua, para ir posteriormente por la propiedad de las cada día más escasas fuentes de agua.
El monto total de agua en el planeta es de aproximadamente 1.4 miles de millones de km3, de lo cual solo unos 36 millones de km3 corresponden a las reservas de agua dulce, lo que significa que el 2,6 por ciento del total de agua en el orbe corresponde a las reservas de agua dulce.
Es evidente que la crisis por el agua dulce se acrecentará en un futuro cercano ya que la misma está marcada desde ahora por factores naturales y humanos que aceleran el proceso de disminución de las fuentes de agua.
Y son estas razones más que suficientes para que el mundo comience desde ya a redefinir y revalorar los espacios geográficos ricos en este recurso y que éstos adquieran una nueva dimensión de creciente disputa tanto geoeconómica como geopolítica.
Los conflictos entre naciones por el control y usufructo de sistemas fluviales ya han comenzado a darse entre naciones que cuentan con el recurso y las que no. No se descartan conflictos bélicos por esta causa. El inventario mundial contabiliza 214 sistemas fluviales internacionales, muchos de los cuales son compartidos por dos o más naciones.
Del total de agua disponible un 10 por ciento es consumida por los humanos, un 25 por ciento en las actividades industriales y un 65 por ciento en actividades agrícolas.
El problema es cada día más grave cuando las estadísticas demuestran que el consumo de agua dulce se duplica cada 20 años en el mundo, más de dos veces que el ritmo de crecimiento de la población.
Las Naciones Unidas dicen que actualmente más de mil millones de personas carecen de acceso al agua, y que si la tendencia continúa para el año 2025 la demanda de agua potable aumentará en un 56 % más que la cantidad de agua de la que se dispone actualmente.
La monopolización del agua: una salida de las grandes naciones a la crisis
En medio de la crisis -plantean los expertos- la tendencia principal de las potencias y los países industrializados es al control y la monopolización de las fuentes de agua dulce.
Estudios de universidades mexicanas ponen como ejemplo los grandes proyectos emprendidos por las potencias mundiales para monopolizar de manera más eficiente las reservas de agua del planeta, resaltando el ejemplo del desvío de los ríos de Canadá y Alaska hacia Estados Unidos (en un total de 308 km) para almacenar 3,500 km3 de agua de los cuales 61% se utilizaría en USA, 19% en México y 21% en Canadá.
El proceso de control de fuentes de agua pasa también por impulsar políticas de privatización de los servicios públicos de agua en países tenedores de importantes fuentes de reserva mundial, como es el caso de los países centroamericanos.
En este proceso los principales actores son los organismos internacionales como el Banco Mundial que se está interesando en colocar -en el centro del gran negocio del agua- a empresas afines como gestionadoras de las principales reservas de agua dulce, así como de su almacenaje, distribución y potabilización.
Enmarcados en estas políticas impulsan la concentración del manejo de cuencas hídricas en manos de ONGs internacionales que financia como la CI, la WWF y otras que reciben fondos directamente de la AID, previo al levantamiento de estudios sobre los volúmenes de agua, las potencialidades de sierras y cañadas para almacenarla, la capacidad de generación de electricidad, los pronósticos meteorológicos.
Se interesan también por la compra o concesión de los denominados "derechos hídricos", así como de los activos estratégicos para la extracción, purificación, distribución, almacenamiento y uso energético (hidroeléctricas) del agua e impulsan con frecuencia megaproyectos de carácter privado para la planeación y construcción de presas y redes de captación y distribución de agua, entre otros.
También se proponen proyectos de conservación y/o privatización de cuencas hídricas, acuíferos para lo que les resulta estratégico la privatización parcial o total (concesiones) de los sistemas de distribución y potabilización, sobre todo aquellos que satisfacen las necesidades de las grandes ciudades, justo donde está el gran negocio. Como consecuencia inmediata se prevé que millones de personas de los países pobres nunca tendrán acceso al servicio por la altas tarifas.
Y estos procesos -dicen analistas- se están facilitando porque los gobiernos están abandonando el control de las fuentes nacionales de agua al ser parte de tratados o arreglos comerciales como la Organización Mundial del Comercio y el Plan Puebla Panamá desde los cuales se transfiere a la iniciativa privada el derecho de la gestión de los recursos hídricos bajo argumentos ya muy desgastados en la privatización de otros activos estratégicos nacionales: "la necesidad de mejorar el mal servicio que prestan las paraestatales" y la "ausencia de presupuesto público".
Privatización versus equidad
Todo este proceso ha generado, sin embargo, un movimiento mundial en contra de las privatizaciones o los sinónimos con que se promuevan en cada país ("municipalización" en Honduras) y a favor de continuar viendo el agua como un bien social, básico para el desarrollo integral de los pueblos.
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La privatización -dicen los impulsores de este movimiento- puede empeorar el abandono hasta histórico de comunidades que no tienen poder económico para pagar el servicio o la influencia política requerida para acceder al servicio, conlleva inevitablemente al alza de los servicios. A los proveedores privados de agua les interesan sus incentivos económicos, no les importan las consecuencias sociales de un bajo nivel de acceso al servicio, dice Funes al referirse al tema. |
 Matías Funes |
El tema del acceso al agua es una responsabilidad que debe descansar en las comunidades locales y los gobierno, dice por su parte Carlos H. Reyes, un dirigente sindical que en Honduras encabeza el movimiento en contra de la municipalización como paso previo a la privatización de los servicios de agua en el país.
Expone que vender el agua -como bien comercial- solo profundizará la brecha existente entre los ricos y los pobres, entre los que puedan comprar el agua y los que no, por lo que demanda del Estado de Honduras la formulación de políticas que definan el agua como un bien social.
Los sectores populares hondureños ya realizaron masivas y violentas manifestaciones frente al Congreso Nacional (octubre-2002), logrando parar momentáneamente la aprobación de la Ley de Aguas (que nunca fue concertada), y aseguran que saldrán de nuevo a protestar a las calles si la Cámara Legislativa persiste en aprobar una ley que conlleva grandes gotas de riqueza para empresas mercantiles y fuertes chorros de pobreza para la mayoría del pueblo más pobre de América Latina (Honduras, según la CEPAL).
Documento exclusivo de www.revistazo.com
Noviembre 2002