TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE SOLUCIONAR
EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN HONDURAS

El licenciado Rigoberto Sandoval Corea fue uno de los principales críticos del anteproyecto de Ley de Propiedad enviado por El Presidente Ricardo Maduro al Congreso Nacional. Luego de fuertes exigencias de grupos populares, trabajó intensamente como miembro la Comisión Ad Hoc nombrada para recoger las inquietudes de diferentes sectores reclamantes. El ha sido Ministro del INA y Gerente de COHDEFOR. Es considerado uno de los profesionales con más experiencia en la problemática rural del país. A continuación una entrevista exclusiva concedida a Revistazo.com.


¿Cuáles han sido las sugerencias más notables hechas por la Comisión Ad Hoc al anteproyecto de Ley de Propiedad presentado por Maduro?

Hay varias sugerencias, pero yo quisiera enfatizar de que el grupo de trabajo tomó los principios fundamentales de la propuesta del Poder Ejecutivo.


Rigoberto Sandoval Corea


Primero: resolver el problema y la intranquilidad en los asentamientos humanos sobre todo en las ciudades pero también en el interior del país, es decir en los municipios, aldeas y caseríos a fin de buscar los medios para agilizar este proceso.
Segundo: tratar de ordenar el problema de tenencia en la tierra en las áreas rurales, que hasta ahora ha sido poco claro y confuso, ya con este ordenamiento se va lograr espacio y tranquilidad en el agro hondureño.

Con esos principios fundamentales en mente se hicieron varias sugerencias en primer lugar que la ley se reestructurara y ordenara en forma que fuera más fácil de interpretar, también se redujo la extensión de 264 artículos a 152.

Se mejoró el marco institucional que era poco claro. Se introdujeron algunos cambios fundamentales donde ya hay participación de las organizaciones campesinas de los que van a formar parte de la Junta Directiva, organizaciones étnicas, la AMHON y varias otras.

El Instituto de la Propiedad se sugiere crearlo como una institución descentralizada con autonomía, independencia únicamente adscrita al ministerio de Gobernación y Justicia es la fase del canal hacia el poder ejecutivo que es lo normal en una institución descentralizada tenga como vínculo de contacto.

Se eliminaron varias disposiciones que le dan funciones específicas a la Junta Directiva tanto en lo técnico como en lo administrativo, lo mismo el director ejecutivo y se crea la figura de Sub-Director Ejecutivo, es decir que exista alguien que jurídicamente pueda sustituir en ausencia al Director Ejecutivo y las direcciones generales son básicamente Catastro, Titulación, Registro y las otras que se consideren en el futuro necesarios crear para el buen funcionamiento de la institución.

Se clarifica bien qué significa Regularización y está compuesta de tres líneas de acción básicas: primero, el Catastro; segundo, la Titulación; y tercero, el Registro.

Consideramos que estas disposiciones, que estaban contempladas en la propuesta del Poder Ejecutivo, son saludables son muy positivas y van a venir a dar claridad y eficiencia en todo el manejo de la propiedad.

Una de las cosas que más se cuestionaba en la versión original enviada al Congreso Nacional era lo referente al tracto sucesivo ¿cómo se solucionó eso?
Se restituye y se le da la importancia y el valor que tiene para poder determinar la legalidad de los documentos. Esto queda establecido en la versión preparada por el grupo de trabajo, además se detalla para beneficio de los registradores de la propiedad los distintos pasos del tracto sucesivo para que ellos vean y sepan que se están haciendo las cosas conforme a la ley. Esta es otra visión, aunque la versión original la tenía pero en una forma distinta, no se interpretaba claramente. Otra de las cosas que se clarificó es lo de los títulos supletorios, de partida van a ser declarados anulables y la institución correspondiente pedirá a los juzgados la anulación del título supletorio, puede ser la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional Agrario (INA) o la Corporación Municipal; pero hay algo muy esencial en la propuesta es que todo se enmarca dentro del marco jurídico vigente partiendo de la Constitución de la República y después las leyes especiales Ley de Reforma Agraria, Leyes forestales, Ley de Municipalidades, Ley del Ambiente y Ley General de la Administración Pública y se respetan las competencias de las diferentes instituciones, en este sentido las instituciones vigentes salen fortalecidas, sobre todo el INA porque también se clarifica las instituciones que tienen las facultades para titular y básicamente son dos: el INA y las Corporaciones Municipales.

¿Cuál sería la función del IP?
Tendrá facultad supletoria, es decir cuando no corresponda a las Corporaciones Municipales y al INA, podrá hacerlo el IP. Por ejemplo en casos de propiedades en condominio se legisla o se propone legislar sobre el arreglo rápido que debe llegarse con estas propiedades y uno de ellos es la expropiación en este caso debe actuar IP, cuando haya recuperación de tierras el IP va a titular en nombre del Estado porque en la actualidad las tierras y propiedades los bosque del Estado son por exclusión, es decir, si no son de nadie son del Estado. Ahora el Estado va tener título de sus tierras y en las área que hay que protegerlas lo va incluir en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal y se va a registra a nombre del Estado.

¿Qué pasará con los barrios marginados de las ciudades como Tegucigalpa? ¿quién va titular en ese caso?
La Municipalidad. Pero todo el trabajo lo va hacer el IP mediante las disposiciones de expropiación forzosa una vez que se determine que esto es de interés público que los ocupantes tengan más de cinco años entonces el IP va proceder a la expropiación forzosa, una vez que se inicie el proceso en un juzgado puede admitir solicitudes de desalojo o de cualquier obstáculo que pueda atrasar el proceso y no obstante si se presentan en los tribunales acciones en contra eso será únicamente sobre el justiprecio, pero el proceso no se parará. El IP llega hasta el ordenamiento y se lo entrega a la Municipalidad para que esta extienda sus títulos.

En caso de que un predio tenga conflicto entre la alcaldía por suponerlo ejidal o un particular por creerlo privado, pero hay una comunidad asentada, ¿cuál sería el proceso ?
Inmediatamente el Instituto de la Propiedad va aplicar el procedimiento de expropiación forzosa. Entonces toma posesión del predio y se empieza el ordenamiento la urbanización y el asentamiento humano y el pleito es entre el que pretende ser dueño y la Alcaldía en los juzgados, pero el Instituto de la Propiedad va justipreciar es decir va determinar el precio justo lo deposita en el Banco Central o en el juzgado correspondiente y cuando hayan investigado quién es el dueño se le entrega eso, pero el proceso no se detiene el IP va llegar hasta la urbanización, los planos, determinar y entregárselo al distrito para que se pueda titular.

Otro de las cuestiones que se criticaba en la versión original era la falta de techos, particularmente en la zona rural, y se censuraba mucho que se aplicaban techos a los indígenas y grupos campesinos, y no a los grandes terratenientes, ¿cómo se solventó ese problema?
Reafirmando los techos vigentes. Nos enmarcamos dentro el marco jurídico existente y los techos son 100 hectáreas en distritos de riego y 200 sin riegos, sin embargo en una de las mesas de trabajo se sugirió bajarlos a 50 y a 100, eso la Comisión Ad Hoc se la pasó al Congreso para que sea él quien determine, pero ya desaparece la figura que existía en el pasado y el techo que es parejo, lo cual beneficia de cierta forma a los campesinos porque ningún campesino tiene más de 200 hectáreas, entonces va ser fácil el ordenamiento.

Se hablaba también que podía ser saqueado el Estado hondureño con las tierras forestales, ¿cómo se evita eso en las sugerencias?
Se trata de evitar en primer lugar cuando venga la primera fase de catastro. Primero se va tener una radiografía física de todo el país entonces después, vendrá el trabajo de campo donde cada persona presentará su documentos sean legales o no hayan seguido el proceso legal, pero que ellos consideran que es un documento amparan su propiedad todo eso se hace en la primera fase lo que va a sanear. Caso específico una persona tiene 200 hectáreas no tiene problema porque está dentro del techo si llena los otros requisitos como la ley Reforma Agraria, pero a pesar que está ilegalmente sin pruebas va tener la opción de titular sus tierras. Si no está dentro de eso el Estado recuperará esas tierras para después, según las políticas que se adopten que se va hacer.

En el caso de los indígenas y Garífunas ¿cómo se regula situación de sus tierras?
Ellos están en una situación, yo no diría privilegiada, pero sí ideal, porque se van a titular las tierras en forma comunal se van a respetar los títulos extendidos en el pasado y se van a tomar para ellos. Las tierras para ellos son gratuitas, no van a tener que pagar y ya hay varios títulos comunales extendidos por el INA y por otras instancias, todo esto se va a respetar y se va ordenar. Por ejemplo en Yoro, el padre de Jesús Subirana dio a los Tulipanes títulos de propiedades, los indígenas argumentan también que han sido invadidos, todo eso se va sanear.

Entendemos que entre los Garífunas hay un reclamo para que se incluya un capítulo especial para los pueblos Afrohondureños, ¿cómo se está abordando esa petición?
Eso nosotros pasamos a la Comisión de Dictamen del Congreso porque según algunos requiere modificación en la Constitución, ésta habla de las comunidades indígenas, la ley toma esos conceptos y se les explicó, y sobre todo a los misquitos, que eso significaría una modificación a la Constitución. Eso está en manos de la Comisión de Dictamen del Congreso, porque el grupo de trabajo consideró que no teníamos facultades.

Usted cómo cree que debería solventarse eso?
Va depender de la Comisión de Dictamen. Entiendo que la Comisión del Congreso se ha reunido con los Garífunas y los Misquitos y ellos han planteado solicitudes.

¿Qué ganan los campesinos y los indígenas con esta ley?
Ganan la seguridad de la tierra. A quienes ya se les otorgó legalmente, a los que no se les otorgó legalmente tienen la opción para legalizar sus tierras. Ahora, quiero aclarar no se van a poder titular áreas protegidas de vida silvestre, terrenos de agrupación natural forestal y terrenos de riesgo, lo cual es positivo; pero a las áreas forestales, también se aplica a las áreas protegidas como zonas de amortiguamiento, serán aprovechadas mediante el usufructo a través de compendios de manejos forestales a largo plazo, lo cual les da todas las ventajas de la propiedad privada, excepto que la tierra se mantiene como propiedad del Estado, lo cual considero positivo.

Esta Comisión del Congreso Nacional se ha reunido con la Comisión Ad Hoc?
Nosotros le entregamos el trabajo al Presidente de la Comisión. Se le entregó copias para todos los miembros, posteriormente nos reunimos con algunos de los miembros para conversar sobre el tema y entiendo que el día de hoy están reunidos trabajando en el dictamen de la Ley de Propiedad.

¿Qué apertura han visto en la Comisión de Dictamen para aceptar las sugerencias enviadas por la Comisión Ad Hoc?
He percibido una apertura muy amplia en todos los sectores, empezando con el PARA, y esperamos algo positivo salga de esto. Yo me siento muy orgulloso y creo que se ha presentado la oportunidad al pueblo hondureño para que ordenemos este problema, como la tenencia de la tierra.

¿Quiénes participaron en la Comisión?
Básicamente permanentes los abogado Douglas Díaz, María Teresa Bulnes, Norma Godoy, Roy Medina, Armando Matute, Denis Velásquez y su servidor. Trabajaron de forma esporádica las abogada María Teresa Velásquez, Lesly Banegas, funcionarias del PARA; Karen Vargas, representante de ODECO, el abogado Italo Tugliany y ocasionalmente Edgardo Derbez del PARA, en algunas ocasiones el arquitecto Henry Merriam y Pablo Pastor.

De parte de Casa Presidencial, a través del abogado Octavio Sánchez, cuál ha sido la reacción?
Ha sido positiva. Reconocen que eran necesarios los cambios y las reformas.

Como estas propuestas llegan a nivel de sugerencia a la Comisión de Dictamen, qué posibilidades reales hay de que sean tomadas en cuenta?
Yo entiendo que ya la gente está hablando. No son sugerencias, son textos completos en la ley, revisada basado en la propuesta del Poder Ejecutivo. Basadas en las sugerencias que hicieron varias organizaciones y en la experiencia y conocimientos del grupo.

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