La gente vota, pero los recursos deciden
El financiamiento de las campañas electorales, hasta los momentos es un tema de poca discusión, a pesar que es el núcleo alrededor del cual se concentran muchos sectores interesados en tener acceso al poder. Quien aporta a una campaña tiene el ilegal derecho a grandes beneficios, goza de canonjías y sus puntos de vista son órdenes para los gobiernos.
Así ha funcionado siempre en Honduras. Quienes aportan a las campañas electorales son los que al final deciden en el país, son ellos quienes se reparten jugosos negocios pagados con dinero de pueblo, impiden aprobación de leyes que afectan sus intereses, perjudicando a las mayorías que cada cuatro años acuden a ciegas a depositar su voto de esperanza.
El financiamiento secreto es una ofensa para la democracia, permitiendo que los políticos lleguen al poder no a gobernar para el bien común sino para grupos de partidos y sectores elites. De los 17 países del continente, Honduras ocupa el 15 lugar en calidad de vida, esto indica que las personas no tienen las condiciones básicas para vivir con dignidad.
Para evitar el rechazo social, los aportantes a las campañas electorales, siempre se han escondido en el cascarón de la secretividad, bajo el cual se protegen los partidos políticos. Es un cascarón que cada vez se endurece más, ante la indiferencia de la ciudadanía para exigir transparencia y rendición de cuentas. Situación que es avalada por la complicidad de los órganos contralores.
Al reflexionar sobre la cantidad y el origen de los recursos que decidirá el voto de los hondureños en la próxima contienda electoral, la Asociación para una Sociedad más Justa decidió ejecutar el Proyecto de Monitoreo de Propaganda Gubernamental y Política, cuyo objetivo primordial es el fomento de un sistema de propaganda transparente, mediante el respeto a la ley.
La iniciativa está concebida con la finalidad de responder a las preguntas: de ¿cuánto gastan los partidos y candidatos en su desesperada carrera por llegar al poder?, ¿quién los apoya financieramente?, ¿ y cuáles son los compromisos que los políticos asumen al recibir las donaciones de sus aportantes?
Como el campo de la campaña electoral es muy amplio, pues existen gastos difíciles de cuantificar como ser afiches, camisetas, gorras, hojas volantes, calendarios, pago de personal encargado de la promoción, pago a periodistas, contratos de equipos de sonido, actos públicos que son politizados, entonces el proyecto sólo monitorea el costo de la propaganda pautada en una veintena de medios de comunicación representativos y de mayor cobertura nacional.
Cómo cuantificar el total de gastos de los más de cuatro mil candidatos a elección popular resulta imposible, el trabajo se centró en seguir de cerca la propaganda del candidato presidencial del Partido Liberal (PL) Manuel Zelaya Rosales; el candidato presidencial del Partido Nacional (PN) Porfirio Lobo Sosa; el candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad (PINU) Carlos Sosa Coello; el candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDCH) Juan Ramón Martínez, y el candidato presidencial por el Partido Unificación Democrática (PUD) Juan Almendarez.
Asimismo, los candidatos a la Alcaldía por Tegucigalpa: por el PN Ricardo Alvarez, por el PL Enrique Ortez Sequeira, por el PDCH Augusto Cruz Asencio, por el PINU Mario Rivera Vásquez y por el PUD Carlos del Cid.
También sobre los candidatos a la alcaldía de San Pedro Sula: por el PN Arturo Bendaña, por el PL Rodolfo Padilla Sunceri, por el PINU Marixa Julin, por el PDCH David Romero y por el PUD Faustino Martínez.
Dentro del Monitoreo también hay un seguimiento a la propaganda que pautan los poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo, mismos que en tiempos de campaña política incrementan su publicidad para favorecer subliminalmente al candidato presidencial del partido en el poder, en este caso el Nacional.
