El peligro de la dinerocracia
Preguntarle a un político de donde saca tanto dinero para gastarlo en propaganda es exponerse a un gesto o un ademán que denota molestia y en algunos casos hasta ira. Por primera vez, después de 25 años de regreso al orden constitucional, una organización no gubernamental y sin fines de lucro, como ser la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) tocó las puertas de las oficinas de los candidatos para pedirles que informasen a la sociedad sobre como financian sus costosas campañas electorales.
El hablar directamente con cada candidato monitoreado permitió conocer que ellos conocen la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pero sólo hablan del cumplimiento de los artículos que les conviene económica y políticamente, no así de aquellos que les exigen transparencia y rendición de cuentas.
A pesar que la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas obliga a los partidos a rendir cuentas y al Tribunal Supremo Electoral a auditar los sistemas financieros de los partidos, esto no se cumple en la actualidad. La falta de transparencia de los políticos en los procesos electorales es una debilidad que tiene la democracia hondureña y que amenaza con la deslegitimar a gobiernos que llegan al poder comprometidos únicamente con sus patrocinadores, olvidándose de las mayorías.
A pesar que este año, gracias a la presión de ASJ, todos los partidos enviaron sus informes contables al TSE, estos no reflejan la realidad. El informe del Partido Nacional, así como el del Partido Unificación Democrática y el Partido Democracia Cristiana solamente hicieron referencia a los egresos e ingresos del año 2004 y no incluyeron los gastos, ni quiénes les financiaron la reciente campaña electoral.
Los informes más actualizados fueron los del Partido Innovación y Unidad (PINU) y el del Partido Liberal, este último abarcó hasta el 15 de octubre del 2005 y estipula como financió su campaña, pero no se sabe con certeza si los datos proporcionados son reales pues el TSE no los ha auditado. Como entre lo presentado por los partidos y la realidad existe una brecha muy grande, el siguiente paso es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral el cual tiene la facultad y obligación de auditar los sistemas financieros de estos institutos políticos.
El auditaje de las instituciones políticas se vuelve urgente cuando la dinerocracia comienza a poner en peligro no sólo al sistema tradicional de los partidos, sino la propia existencia del régimen democrático, erosionando su legitimidad, como lo plantea Jorge Mario García, en un estudio denominado La Financiación Política en América Latina.
