Por primera vez se emprende un proyecto de Monitoreo continuo de la Propaganda Gubernamental y Política con la finalidad de cuantificar un aproximado de los costos económicos en que incurren los políticos en su carrera por hacerse cargo de la administración del Estado. Además del seguimiento de los gastos de la campaña, también se trabaja para invitar a los candidatos a que voluntariamente proporcionen información mensual sobre sus ingresos y egresos, sobre ¿quiénes los financian?, ¿bajo qué compromisos reciben las donaciones? Y ¿cuáles son las consecuencias para el pueblo?
A cada uno de los candidatos se le invitará a formar parte del proyecto y su compromiso quedará estipulado en un acuerdo de transparencia, mediante el cual asumirán la responsabilidad de informar mensualmente sobre los gastos de su campaña. Su decisión de aceptar o no la invitación será dada a conocer públicamente para que el pueblo hondureño sepa quienes están de acuerdo con la transparencia y rendición de cuentas y quienes prefieren manejar sus finanzas bajo la secretividad.
Los resultados del monitoreo serán dados a conocer mensualmente a través de conferencias de prensa, publicaciones en Internet, campos pagados en radio y prensa escrita, foros y debates. Asimismo se informará sobre qué candidatos han decidido compartir información sobre sus gastos de campaña y quienes se resisten a la transparencia y rendición de cuentas, fomentando la desconfianza.
Después de 23 años del regreso al sistema democrático no se ha quebrado el secreto que rodea al financiamiento de los partidos políticos, los cuales siguen funcionando como instituciones de derecho privado, cuando son de derecho público, reciben fondos del Estado, y por ende deben ser auditados y obligados a rendir cuentas.
Además del financiamiento gubernamental, mediante la denominada deuda política, en Honduras los partidos captan fondos privados sin ningún tipo de control, principalmente en las campañas electorales.
Como los partidos políticos y sus candidatos, nunca han informado sobre sus ingresos y egresos, principalmente sobre el dinero que derrochan en la propaganda electoral, la sociedad sospecha que los fondos que utilizan provienen de empresarios, de gobiernos extranjeros, de funcionarios corruptos y hasta de criminales, quienes de esa forma compran influencia y acceso al poder.
La desconfianza se fortalece en cada proceso electoral, cuando se conoce que empresarios y banqueros otorgan donaciones secretas para las campañas y como recompensa, exigen la administración del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Cuentas, del mismo Ministerio Público y de proyectos destinados a la reducción de la pobreza, a través de licitaciones amañadas.
La captura en Nicaragua, en junio del 2003, de César Augusto Díaz, diputado hondureño al Parlamento Centroamericano, en posesión de siete kilos de droga, así como el arresto, un mes después, del diputado nacionalista Armando Avila Panchamé por dirigir, supuestamente, una operación del narcotráfico en Olancho, demostró que crimen organizado ya tiene sus tentáculos en la política.
También es evidente, como algunos funcionarios del gobierno abusan de los recursos del pueblo para financiar sus campañas electorales, o la del partido en el poder, sin que ningún organismo les exija cuentas. Con el financiamiento bajo la mesa se crea así una disparidad, el de una clase dominante que posee el poder político y económico y una clase que a pesar de ser mayoría como electorado tiene que subsistir en la miseria.
La nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en su capítulo IV, que va del artículo 81 al 87 contempla como debe regirse el patrimonio y régimen financiero de los partidos políticos y sobre su obligatoriedad de presentar un informe detallado de sus ingresos y egresos al Tribunal Supremo Electoral, cuyas autoridades posteriormente deben publicarlos en los medios de comunicación .
El problema es que la institución encargada de hacer cumplir esta ley no es independiente, sino que está manejada por representantes y activistas de los mismos Partidos Políticos, de ahí puede deducirse si existe o no la voluntad para hacer cumplir la legislación, en lo referente a la transparencia.
Ante la falta de información sobre los gastos que realizan en las campañas electorales los partidos políticos, los candidatos a la presidencia y los candidatos a las alcaldías, la ASJ ejecuta el proyecto de Monitoreo de la Propaganda Gubernamental y Política, con el fin de establecer un aproximado de los costos reales de la próxima campaña electoral.
La iniciativa cuenta con el respaldo de una red de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el fortalecimiento de la democracia mediante la transparencia, la rendición de cuentas y otras áreas tendientes a generar mayores espacios para la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras.
Con el apoyo de la red se ejercerá una presión sana para exigirle al gobierno y a los candidatos a que informen sobre sus gastos y su forma de financiamiento. Con este primer ejercicio encaminado a fomentar la transparencia, la ASJ , inicia un enorme desafío en la búsqueda de la justicia e igualdad política en una sociedad con fuertes fracturas económicas.
La transparencia es fundamental para fortalece la participación de la ciudadanía en el forjamiento de un destino común para todos los hondureños, y tomando en cuenta que nadie puede excluirse de una realidad, la Asociación para una Sociedad más Justa invita a todos los hondureños a respaldar este proyecto formando parte de una red de ciudadanos y ciudadanas así como de organizaciones de la sociedad civil firmando el acuerdo de respaldo que aparece adjunto a este texto.
