Tegucigalpa. La falta de transparencia en los gastos de la campaña electoral es uno de los factores que actualmente pone en peligro la sostenibilidad de la débil democracia hondureña. El riesgo que corre el sistema no es por la falta de legislación, sino por la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral en hacerla cumplir.
La negligencia del Tribunal Supremo Electoral permite ampliar la brecha para que los partidos y los candidatos políticos financien sus campañas electorales con recursos insanos. Todo esto es posible en un país donde sus instituciones contraloras no controlan, ante prohibiciones que no se acatan y sanciones que no se aplican, y todo queda nada más en una risa burlona.
Una encuesta publicada en revistazo.com muestra una percepción que los políticos usan los recursos del pueblo para financiar sus campañas, también hay un porcentaje que cree que el crimen organizado está aportando dinero, existe otra tendencia a pensar que los funcionarios corruptos son los grandes aportantes a los partidos y a los candidatos, en cuarto lugar está el financiamiento proveniente de empresarios.
Los sectores que invierten su dinero en política por lo general financian a los partidos o candidatos con mayores posibilidades de ganar las elecciones. Entonces aquí cabe la pregunta sobre ¿a quién representan los funcionarios electos?
En Honduras es evidente que los políticos convertidos en funcionarios públicos toman decisiones apurados más por la necesidad de pagar los favores a sus donantes que por representar a sus electores, en el país uno de esos casos son los favores en los contratos a los dueños de plantas térmicas.
Por otro lado están los legisladores que recomponen o desvían las normas para permanecer en el poder y proteger a sus financistas, de ahí que muchos proyectos de ley, como el de la minería, el del ambiente y el de acceso a la información pública no fueron aprobados en este Congreso Nacional.
Legislación. Al reformarse la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que entró en vigencia a mediados del año pasado, se contempló un capítulo donde se establece cuales deben ser las formas legales de financiamiento de los partidos y sus candidatos, así como la obligación que tiene el Tribunal Supremo Electoral de vigilar por el cumplimiento de esta disposición.
El artículo 81 de la Ley Electoral y de la Organizaciones Política establece que forman parte del p atrimonio de los partidos políticos el financiamiento público otorgado por el Estado, la deuda política, las contribuciones, donaciones, herencias y legados a su favor y cualquier otro ingreso lícito.
El a rtículo 83 prohíbe aceptar fondos no autorizados y estipula que queda terminantemente prohibido a los Partidos Políticos, Movimientos Internos y sus candidatos a cargo de elección popular, aceptar en forma directa o indirecta: contribuciones o donaciones anónimas, salvo las obtenidas en colectas populares; c ontribuciones o donaciones de los funcionarios y empleados que se desempeñen en la administración pública centralizada y descentralizada, sin previa autorización de éstos, contribuciones de ejecutivos, directivos o socios de las empresas mercantiles que tengan concesiones con el Estado y las que explotan los juegos de azar o vinculadas con actividades mercantiles ilícitas, prohibición que es extensiva a empresas matrices subsidiarias, sucursales y personas particulares, subvenciones o subsidios del gobierno, organizaciones o instituciones extranjeras, contribuciones o donaciones de Personas Naturales o Jurídicas extranjeras, cualquiera que sea la forma en que actúen.
Asimismo el artículo 84 establece el r egistro y notificación de t odas las aportaciones privadas en dinero o especies, éstas deben ser registradas en los libros contables de los partidos. Las contribuciones y donaciones superiores a ciento veinte (120) salarios mínimos serán notificadas al Tribunal Supremo Electoral. La contravención a lo estipulado en este artículo se sancionará con multa doble del valor registrado la primera vez y el triple del monto de lo no registrado la segunda vez
El artículo 87 estipula que l os partidos Políticos deberán establecer sistemas contables que permitan un control eficiente de sus operaciones financieras y presentarán al Tribunal Supremo Electoral los informes de ingresos y egresos con el detalle del origen y destino de los mismos. Los informes deberán contener el balance general y el estado de resultados debidamente auditados de cada ejercicio fiscal anual y por separado de cada proceso electoral. Los partidos políticos deberán conservar toda la documentación de respaldo durante cinco (5) años.
La misma determinación ordena al Tribunal Supremo Electoral publicar con carácter obligatorio los estados financieros anuales en medios escritos de circulación nacional.
Teoría nada más. La exigencia de divulgar las fuentes de financiamiento de los partidos políticos, así como de sus candidatos existe nada más en teoría. Hasta el momento no se percibe la voluntad de ejecución por parte del organismo responsable de vigilar a los partidos y a los políticos.
Como consecuencia de ello, en los últimos días los candidatos de los dos partidos tradicionales se acusaron mutuamente de estar recibiendo dinero de funcionarios y empresarios corruptos, ligados a la quiebra de banco, así como de escandalosos actos de corrupción. En la arenga, el comisionado nacional de los derechos humanos Ramón Custodio externó su preocupación de que fondos provenientes del narcotráfico se estén invirtiendo en la campaña política electoral.
Ante tales acusaciones, los dirigentes de ambos partidos, así como el mismo Comisionado, pidieron al Tribunal Supremo Electoral investigar y exigir cuentas sobre el financiamiento, sin embargo esta entidad contralora, dirigida por activistas de los mismos partidos, continúa mostrándose inoperante.
La falta de auditaje y vigilancia deja abierta la posibilidad de que fuentes ilegales financien, sin ningún control, la campaña electoral. Debido a que estas campañas electorales son muy costosas, despierta en los políticos una desmesurada necesidad de dinero, que los conduce a una desesperada búsqueda de recursos provenientes de fuentes ilegales.
En las elecciones internas del Partido Nacional se llego a decir que hasta drogas pudieron haber pasado con el “gasolinaza” ( La Tribuna , 2005-01-29, pagina 14) y se dejó entrever que dirigentes oficialistas de los departamentos de Colón y Olancho se dedicaban a este tipo de ilícitos.
Financiamiento ilegal. Aparte de esto, existen en el país, muchas formas ilegales acerca de cómo los partidos captan fondos, un ejemplo de ello es cuando arbitrariamente se le quita a los empleados públicos una cuota de sus salario que supuestamente va destinado al partido de su filiación, lo cual no es cierto, porque la mayoría de estos recursos va a las arcas del partido en el poder.
La disputa de estos fondos ha causado problemas al interior de los partidos, un caso que salió a la luz pública sucedió en las elecciones internas del Partido Nacional, cuando el secretario de esta institución David Matamoros Bastón, acusó al alcalde y precandidato, en ese entonces, Miguel Pastor de quedarse con 20 millones de lempiras que les había quitado, por concepto de cuotas, a los empleados de la municipalidad capitalina.
Pastor no negó tal aseveración, sosteniendo que esos recursos estaban en un banco y que serían entregados para que se gastaran en las elecciones generales.
Otra forma de financiamiento detectado en los partidos y candidatos hondureños, es la venta de nombramientos, donde los aportantes pueden tener recompensas en forma de selección de empleos, nombramientos como embajadores o como ministros con cartera o sin cartera, o se le propone la posibilidad de una diputación en el Congreso Nacional o de manejar una institución contralora, incluyendo el Poder Judicial. Un caso conocido en Honduras era cuando un banquero liberal siempre terminaba manejando el Tribunal Superior de Cuentas o la Corte Suprema de Justicia.
También está el abuso de los recursos del Estado, como dinero e infraestructura que está a disposición de los funcionarios públicos y que se ponen a disposición del partido en el poder o el candidato a fin.
Asimismo están las contribuciones políticas a cambio de favores o contratos, aquí esta involucrado el sector privado que financia candidaturas con el fin de obtener licitaciones y contratos del gobierno, entre estos casos se mencionan los beneficios que han recibido, en los últimos años, las empresas de telefonía móvil y algunas compañías constructoras.
Una forma muy conocida, es la comisión de actos de corrupción de funcionarios públicos, cuyos recursos son destinados a favorecer las candidaturas del partido en el poder. Entre los casos conocidos recientemente están: “el gasolinazo” y “el pasaportazo”, cuyos autores, según las denuncias de Miguel Pastor, también del Partido Nacional, fueron activistas del movimiento del candidato Porfirio Lobo Sosa.
Juan Ferrera, uno de los mas respetables empresarios del país y Secretario Ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), dijo que no descartaba que dinero de la defraudación fiscal pudiera utilizarse en las campañas políticas (El Heraldo, 2004-11-26).
“Así como Don Juan, son muchos los que dudamos respecto a que dinero sucio haya financiado la campaña de Pepe Lobo”, sostuvo el crítico Omar Edgardo Rivera.
Otro tipo de financiamiento detectado en el país es el chantaje, mediante la cual se forza a determinados sectores o personas a donar dinero por protección ante una determinada eventualidad. Entre estos casos se menciona la protección de quiebrabancos.
Por último aparecen las recolectas en cenas y otros eventos, los donantes voluntarios, que muchos de ellos no tienen nada de bondadosos pues lo que hacen es comprar la consciencia de aquellos a quienes financian, luego los tienen en el poder como peones de ajedrez a quienes pueden recurrir ante cualquier jugada , según críticos nacionales .
El único financiamiento que se puede saber es el de la deuda política. Como la ley exige que a los partidos se les debe pagar antes de las elecciones el 60 por ciento de la deuda política partiendo de los votos obtenidos en la elección anterior, entonces fácilmente se puede calcular y establecer que el Estado ha tenido que erogar, en esta campaña electoral, un total de 26 millones de lempiras para los cinco partidos políticos legalmente constituidos.
Partiendo de que a cada institución política se le debe adelantar el 60 por ciento de la deuda política, tomando en cuenta el número de votos obtenidos en la elección general anterior, al Partido Liberal el Estado le adelanto 11.5 millones de lempiras, al Partido Demócrata Cristiano le entregaron 252 mil 672 lempiras, al Partido Innovación y Unidad 378 mil 732 lempiras, al Partido Unificación Democrática 288 mil 900 lempiras y al Partido Nacional 13.6 millones de lempiras.
Luego de la elección general a estas mismas instituciones se les entregará alrededor de 17 millones de lempiras producto del resto de la deuda política. Los otros tipos de financiamiento se ha vuelto difícil cuantificarlo porque se entregan por debajo de la mesa.
Indiferencia. El secretario del Tribunal Supremo Electoral Augusto Aguilar está consiente que los partidos políticos deben presentar sus informes anualmente y luego de una elección general. El Tribunal Supremo Electoral ya tiene más de un año de estar funcionando, pero a pesar de ello, no tiene ningún informe contable.
Ante la pregunta de por qué el Tribunal Nacional de Elecciones no ha exigido esos informes, el secretario no supo que contestar y su respuesta fue de que es posible que los partidos envíen sus informes en enero del próximo año.
Como no hay ningún documento, Aguilar dijo no tener conocimiento de que los políticos estén recurriendo a fuentes ilegales para financiar sus campañas. Sobre la costumbre que a los empleados públicos se les quite una cuota de su salario para el partido, sostuvo que esas deducciones son ilegales, pues nadie le puede obligar o quitarle dinero a un empleado público, ese acto constituye delito.
La ley establece que se prohíbe ese tipo de contribuciones, pero no prohíbe que voluntariamente los miembros de un partido quieran contribuir con sus autoridades o su institución política. Eso debe ser voluntario y debe contar con una autorización por escrito del aportante, afirmó.
Gene Ward, asesor señor en financiamiento político en la oficina de democracia y gobierno de USAID, sostiene que “la escalada de costos y de corrupción en las democracias debería alertar a todas las naciones sobre la necesidad de una mejor comprensión del papel que juega el dinero en los procesos electorales. El dinero oculto y la corrupción perjudican a la economía y la política de una nación, distorsionando la conducta de los políticos, entorpeciendo el desarrollo y debilitando la confianza de los ciudadanos en la democracia” .
En un esfuerzo por fomentar la transparencia de los gastos en las campañas electorales, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) realiza actualmente un monitoreo de los recursos que están invirtiendo los cinco candidatos a la presidencia y los cinco candidatos a la alcaldía tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula. Además de conocer a cuánto asciende el gasto de cada candidato se pretende dar respuesta a otras interrogantes como ¿quién los financia?, ¿bajo qué compromiso reciben las donaciones? y ¿cuáles son las consecuencias para el pueblo?
La transparencia es fundamental para fortalece la participación de la ciudadanía en el forjamiento de un destino común para todos los hondureños, y tomando en cuenta que nadie puede excluirse de una realidad, la ASJ invita a todos los hondureños a respaldar este proyecto formando parte de una red de ciudadanos y ciudadanas así como de organizaciones de la sociedad civil firmando el acuerdo de respaldo que aparece adjunto a este texto.
