Varios líderes de diferentes colonias expropiadas a finales del año pasado han reaccionado con asombro ante los altos precios que se les ha asignado por sus terrenos, según una denuncia recibida por este medio.

A principios de este mes se publicaron varios decretos donde ya está fijado el valor de las tierras por metro cuadrado, lo que se denomina justiprecio. Estas colonias habían sido expropiadas a finales del año anterior antes de que se llevara a cabo el proceso electoral hondureño.

Con mucho asombro al darse cuenta de cuál es el precio de los terrenos que ha fijado el gobierno del que se dieron cuenta hasta que salió publicado los medios de comunicación , uno de los líderes de una las colonias dijo a Revistazo.com que el valor de éstos es de 69.50 lempiras por metro cuadrado, pero años atrás sólo pagaban 0.85 centavos por vara cuadrada a la Municipalidad de Tegucigalpa.

“Creo que esta ley en vez de favorecernos más bien nos perjudica pues antes de que se diera la Expropiación , nosotros solo le pagábamos a la Alcaldía y es ahora que después de 34 años de fundada la colonia aparecen dueños” expresó muy preocupado uno de los dirigentes.

Otra de las cosas que según ellos los tiene sorprendidos , es que las colonias entraron en el proceso de expropiación y nunca han tenido problemas con respecto al pago de sus lotes, pues ellos cuentan con su escritura extendidada por la municipalidad que los acredita como dueños.

De la misma manera se sienten confundidos pues no saben quién nombró el perito que realizó el avaluó en su colonia, pues la ley dice que los líderes de las comunidades serán los facilitadores para que los funcionarios del Programa de Administración de Tierras en Honduras, PATH, conozca de la realidad socioeconómica de las comunidades y ellos ni se enteraron.

Según el artículo 82 de la Ley de Propiedad la Contaduría General de la República procederá a nombrar una comisión evaluadora compuesta por tres peritos, los cuales serán nombrados: uno por esa institución; otro por los pobladores y el tercero por el o los propietarios del bien expropiado.

El mismo artículo señala que esta acción debe hacer cinco días después de la publicación del Decreto de Expropiación. Esto no coincide con los términos que se han utilizado en hacer público el justiprecio ni tampoco con que no se les consultó a los pobladores para que ellos nombraran a su perito, sobre lo cual ni se enteraron.

Los líderes denunciantes dijeron que se han dado cuenta que en los últimos meses se gastaron por parte del Instituto de la Propiedad IP y el PATH más de 80 millones de lempiras y que ahora no hay presupuesto para continuar con el proceso, hecho que limita para realizar acciones para beneficio de la comunidad.

A la vez aclaró que no van a permitir que en vez de darles seguridad jurídica, lo que les den ahora son problemas pues ellos no están dispuestos a pagar un precio tan alto, por que lucharán en contra de toda injusticia que quieran seguir cometiendo con la gente más pobre.