E

n un país con un índice de impunidad de 87% para los homicidios, los siete fallos condenatorios presentados en el caso de Berta Cáceres el 29 de noviembre de 2018 son motivo de celebrar. Un tribunal de jueces encontraron que los cuatro autores materiales y los tres intelectuales, que incluyen un ingeniero biológico de Desarrollos Energéticos (DESA) y un mayor militar activo, fueron igualmente culpables de orquestar el crimen.

Cáceres era una activista Hondureño que fue asesinado en 2016. Su asesinato ocurrió después de años de oposición tensa contra represas hidroeléctricas que, según Cáceres, habían infringido el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de tales proyectos de construcción. El derecho está garantizado explícitamente en el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo, a la que Honduras es signataria.

Como un caso emblemático bajo la atención de los medios, se esperaría que el juicio por el asesinato fuera un ejemplo del mejor trabajo del sistema de justicia. En realidad, el caso del asesinato es un retrato del bueno y malo de cómo funcionan el Ministerio Público y el sistema de justicia.

Como tal, vale la pena examinar que funcionó bien en la investigación y en el juicio (análisis que Revistazo ya hizo en esta nota), y qué no funcionó bien.

Aun con siete condenas y una investigación sólida, la falta de organización y transparencia en el juicio dejó espacio para mejorar en el Ministerio Público junto con el sistema de justicia. A continuación Revistazo presenta seis oportunidades que quedaron expuestos en el transcurso del juicio contra los asesinos de Berta Caceres, para que el Ministerio Publico y el sistema judicial mejoren.

1: Capacitar a los Peritos

La investigación por parte de la Agencia Técnica para la Investigación Criminal del Ministerio Público (ATIC), proveyó evidencia fuerte contra los asesinos condenados. Sin embargo, evidencia clave estaba en riesgo de ser confusa al momento de las presentaciones por parte de los peritos debido a la mala articulación.

En Honduras, los peritos de la ATIC y de otras direcciones del Ministerio Público colectan y analizan evidencia durante la investigación de un crimen, después redactan un reportaje sobre el trabajo que después se convierte en evidencia en el caso. Los peritos presentan la evidencia en el juicio.

Con tal vez una excepción, los peritos carecen de la capacitación y practica necesaria para claramente explicar la evidencia a una sala de jueces, abogados y observantes que estan menos familiarizados con esta información. Los abogados de la defensa, durante muchos de los contrainterrogatorios, tuvieron que solicitar permiso para repetir preguntas porque no entendieron las respuestas. Los jueces, quienes no están obligados a conocer bien todos los aspectos técnicos de un crimen, plantearon más preguntas una vez que terminaron los abogados porque las piezas claves de la información todavía no quedaban claras.

Durante la presentación de pruebas balísticas del arma de fuego, por ejemplo, los jueces tuvieron que pedir al perito explicar frases que había estado usando durante toda la presentación. El perito retrocedió para explicar los números que usó para describir el calibre y la cámara del arma, que quiere decir que la jueza había escuchada toda la presentación y el interrogatorio sin entender estos términos básicos.

Después en el juicio, un analista financiero presentó las participaciones financieras de los ocho imputados. La presentación tenía tablas de mucho detalle de las operaciones financieras pero no explicó integralmente o destacó la información clave, es decir: las actividades injustificables (o sin explicación clara) en las cuentas de los imputados. 

Casi todos los testigos lucharon con hablar claramente por el micrófono. Los jueces pidieron, con frecuencia, que los peritos repitieran sus respuestas simplemente porque era difícil escucharles.

Kenneth Madrid, Coordinador de la Unidad de Reforma Sector Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justica (ASJ), explica que los peritos actúan como corrientes de información, y es su trabajo asegurar que la información fluye a todos en la corte.

Una vez al decir [el testimonio], [los peritos] tienen que traducirlo entonces para que tanto los jueces como las personas que están asistiendo a la sala - porque es un juicio oral y público también que tiene el control ciudadano - puede comprender las características de la pericia que  se desarrolla,” dice Madrid.

Se fortalecerían juicios en el futuro si el Ministerio Público trabajara con sus peritos para prepararlos para el juicio. Capacitación básica en oratoria, comunicación de evidencia técnica y complicada en términos laicos y el desarrollo de presentaciones efectivas podría marcar la diferencia entre la aclaración o la pérdida total de prueba crucial.

Aparte de la capacitación, sería bien para los fiscales revisar bien las presentaciones de los peritos y hacer sugerencias si ocupan aclaración.

Madrid menciona que parte del problema es que a veces los fiscales que trabajan en la investigación son diferentes a los fiscales que aparecen en el juicio, y que, en general, los litigantes llegan al juicio mal preparados. Él subraya que sin la sincronización entre todos los partes involucrados, los juicios seguirán enfrentando grandes reveses.

2: Revisar errores básicos

Tanto los informes como las presentaciones de los peritos contenían varios errores pequeños que retrasaron el proceso y debilitaron los argumentos. Durante el juicio, los abogados, generalmente los defensores, señalaron errores como fechas y horas incorrectas e información faltante o poco clara.

En un ejemplo, un agente de la ATIC declaró que le había olvidado enumerar uno de los agentes presentes a la captura de Mariano Díaz, uno de los autores intelectuales del crimen. El agente cuyo nombre faltaba en la lista resultó ser la única persona presente cuando Díaz hizo una confesión que implicó por lo menos uno de los otros imputados.

El error emitió una sombra de dudas sobre la credibilidad de una confesión que ya estaba cuestionado por el hecho que solo una persona la presenció aunque otros agentes y militares deberían haber estado cerca.

Para evitar errores similares, el Ministerio Público debe requerir que otros agentes revisan los informes y buscan errores. También podría desarrollar una lista de verificación de la información que debe estar incluida en un informe antes de firmarlo. Los fiscales también deben revisar la información con cuidado para que los agentes, con permiso de los jueces, pueden corregir los errores antes del juicio.

3: Realizar Investigaciones más Sustanciosas

La evidencia telefónica presentada en el caso fue bien desarrollada. Sin embargo, eso aspecto y mucho del resto del caso contenía hoyos que fácilmente podrían haberse llenado.

Por ejemplo, el número telefónico de uno de los imputados fue verificado por un solo testigo. Los defensores notaron que sería fácil corroborar la información con más testigos.

La falta de triangulación de la información fue un tema recurrente. Parte de la evidencia que involucró la ubicación de los celulares de los imputados tampoco fue triangulado, aunque hubiera sencillo pedir más información de los proveedores de servicio telefónico. 

En el análisis financiero, la perita señaló que las transacciones de los imputados eran injustificables – lo que significa que no tenían pruebas acerca de la razón de la transacción. Cuando se le preguntó si la perita había investigado la transacción con más profundidad para verificar si estaba relacionado con el asesinato o no, ella declaró que no era su trabajo verificarlo. Ella solo analizó la información a la mano. Las transacciones injustificables no fueron investigadas más a fondo.

Como lo mencionaron unos testigos durante los interrogatorios, realmente no les tocó a ellos solicitar información o seguir pistas. Los fiscales debían tomar la iniciativa de buscar las brechas en la investigación y solicitar un seguimiento para fortalecer y hacer más conciso su argumento.

Al final el fiscal no se apropió de la investigación y el fiscal es el dueño de la investigación,” dice Madrid. “Simplemente el fiscal delegó la investigación a los investigadores.”

Madrid explica que los fiscales, especialmente los que litigarán en el juicio, deben ser los más inmersos en la investigación y los más familiarizados con la evidencia. Dice que la separación entre investigadores y fiscales probablemente contribuyo a las demoras del juicio.

4: Manejar un Juicio Organizada

El juicio para el asesinato fue contra un plazo estricto dos veces cuando la prisión preventiva de los imputados casi venció. A pesar de la presión del tiempo, el juicio se enfrentó con retrasos a causa de mal organización.

Casi cada sesión del juicio empezó tarde, con frecuencia uno o dos horas después de la hora asignada. En las mañanas, los retrasos fueron debido a la ausencia de los imputados que fueron traslados en bus de la prisión. Cada día el autobús viaja una hora a Tegucigalpa con otros imputados o delincuentes que también tienen citas o audiencias en la ciudad.

La ruta del autobús no estaba organizada con el inicio del juicio, y los imputados, con frecuencia, llegaron una hora tarde o más.

Los abogados también llegaron tarde con frecuencia. Los jueces metian sus cabezas en el salón y daban un vistazo alrededor para ver si todos los abogados habían llegado. Si no, regresaron a su cámara. Los jueces solo dieron una advertencia por retraso, a pesar de la regularidad de las tardanzas.

El laxo de los jueces a la puntualidad de los defensores y fiscales contrastó a la reacción estricta a los abogados privados de la familia y la organización de Berta Cáceres. Los abogados presentaron una derogación cuestionando la imparcialidad de los jueces en el principio del juicio después de dos apelaciones rechazadas.

Eligieron no asistir al juicio mientras que todos esperaban el resultado de su apelación. Fue rechazado y el tribunal, el 19 de octubre, les prohibió entrar en el juicio a partir de entonces. Aunque fue dentro de lo legal prohibirles, parecía desincronizado con el precedente de clemencia.

En cambio, la corte agenda demasiados testigos cuya comparecencia coincidieron para tener varios testigos en la cubierta para dar su testimonio en cualquier momento. Aunque fue hecho por eficiencia, no fue bien organizada con el largo de los testimonios, y algunos testigos tuvieron que esperar días en la corte antes que dieron sus testimonios.

Sesiones también se retrasaron en unas ocasiones cuando la secretaria de la corte no pudo ubicar la prueba o el informe que corroboró el testimonio del perito o testigo.

Esta falta de organización fue sorprendente cuando uno considera que es un caso de alto perfil con mucha presión nacional e internacional y miles de páginas de evidencia.

Juicios serían más eficiente y confiable si la evidencia, los testigos, y los calendarios fueron bien organizados antes.

5: La Transparencia

Para terminar, el juicio, que fue marcado por controversia en los últimos dos años, ha luchado para mantenerse transparente.

La audiencia inicial y el juicio oral y público fueron retrasados varias veces cuando los abogados privados y los defensores apelaron porque la fiscalía retenía evidencia. Las fiscales son obligadas a poner las pruebas en conocimiento de los defensores y los otros abogados antes de evacuar a las pruebas.

Sin embargo, las fiscales declararon que alguna evidencia no fue disponible o relevante al caso – aunque debe ser el trabajo del tribunal decidir que es relevante y que no.

La batalla de ida y vuelta continuó en varias etapas del juicio por más de un año y medio hasta que el tribunal en el juicio oral y público pasó por cada pieza de evidencia retenida con todos los abogados, exigió una explicación de porque no estaban entregados, y mandó a los fiscales ubicar y entregar la evidencia que se debería haber compartido.

Se resolvió la cuestión. No obstante, los dos años de reticencia de compartir información los demás abogados puso en duda la transparencia del Ministerio Público en relación al caso.

Otra sombra de dudas se avecinó por el sistema judicial cuando los jueces celebraron una sesión del juicio sin informar al público.

El tribunal terminó una sesión en la noche un jueves y agendó volver a reunirse en la mañana del martes siguiente cuando un perito supuestamente iba a presentar el análisis de mensajes de Whatsapp que involucraron a los imputados.

Sin embargo, el tribunal agendó un juicio adicional el lunes 12 de noviembre de 2018 y solo informó a los fiscales y los abogados. Los únicos miembros del público que asistieron eran las familias de los imputados y los periodistas que cubren los eventos de la corte a diario.

La corte no fue obligado a divulgar la agenda al público. No obstante, el juicio prácticamente cerrado durante la presentación de evidencia clave estaba lejos de ser transparente.

Al final, aunque el tribunal llegó a siete condenas con la evidencia en la mano, la sesión secreta arrojó sospechas sobre los proveimientos.

6: Necesidad de Modernizar

Según Madrid, la importancia del caso de Cáceres y la cobertura mediático que resultó, magnificaron los problemas que ya son frecuentes en el Ministerio Público y el sistema judicial en Honduras. Para él, los más significantes de los problemas son la falta de gerencia y la falta de sincronización entre los actores diferentes.

La gestión que hay ahora en el tribunal de sentencia es mala; es pésima,” dice Madrid. “Allí trabajan como trabajaban en los años 70, arcaico todo, y creo que esta falta de coordinación también con los demás entidades fue lo que ocasionó efectivamente que habían estos atrasos.”

Él dice que para mejorar la Corte de Sentencia, el sistema judicial debe implementar un modelo nuevo para la gerencia de los juicios.

Un modelo de gerencia reformado ya está en proceso de implementación en la Corte de Letras. El Modelo para La Gerencia Judicial de Audiencias, propuestos por ASJ, consisten de más practicas eficientes para la operación de juicios.

Algunos de los cambios incluyen separar claramente los roles judiciales, administrativos y auxiliares en la corte, facilitar la organización y el orden del proceso judicial para disminuir el riesgo de demoras, y grabar video y audio del juicio digitalmente para que los equipos legales y los jueces involucrados en el caso puedan acceder a una copia del procedimiento.

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto piloto en Tegucigalpa.

Después de la implementación completa del modelo en la Corte de Letras al fin de 2019, Madrid dice que la idea es entonces introducir la reforma a la Corte de Sentencia en 2020, la necesidad para cual es fuertemente evidente en la gerencia del caso de Berta Cáceres.