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na Hasemann Lara se reclina en su silla, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo y sus brazos cruzados contra su pecho como si desafiara a cualquiera que la desafiara. Luego le cuenta a Revistazo todo acerca de sus experiencias con DESA, y los esfuerzos de la compañía por retratar a la gente Lenca como no indígena.
Hasemann es un antropólogo con un Ph.D. de la Universidad de Kentucky. Ella pasó buena parte de su carrera trabajando con el Instituto Hondureño de Antropología (IHAH). Trabajando en la conflictiva escena de la antropología hondureña, Hasemann ha tenido que desempeñar muchos otros papeles que la mayoría no podría asociar con un científico, incluidos los de detective, defensor y rebelde.
En 2010, Hasemann recibió una llamada de Sergio Rodríguez, uno de los hombres que más tarde sería arrestado por el asesinato de la activista Berta Cáceres. En ese momento, Rodríguez estaba trabajando para una compañía llamada Ecoservise. Según Hasemann, la empresa había sido contratada indirectamente por Energy Developments, Inc. (DESA) para realizar un informe ambiental sobre el terreno donde planeaba construir la presa hidroeléctrica de Agua Zarca.
Hasemann había regresado recientemente a Honduras de la escuela de posgrado y estaba trabajando como consultora con su madre, una arqueóloga.
DESA estaba en medio de un proceso extenuante para obtener la licencia ambiental para la represa. Para hacerlo, la compañía tenía que documentar los posibles daños y beneficios que la represa podría tener en el entorno y sus residentes, particularmente porque el proyecto se iba a construir en una región poblada principalmente por indígenas lencas.
Como parte del informe ambiental, Ecoservise le pidió a Hasemann que diera una opinión experta sobre si las comunidades circundantes eran verdaderamente indígenas o no. Su decisión sería una de las primeras de muchas controversias relacionadas con la presa de Agua Zarca que daría lugar a acusaciones de corrupción contra 10 funcionarios públicos.
"Porque son 'indios' "
En el corazón de la controversia que rodea a la represa de Agua Zarca está el Convenio 169 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, que garantiza que las comunidades indígenas deben ser consultadas antes de que una empresa o gobierno inicie un proyecto que utilizaría los recursos naturales de las tierras que la gente tradicionalmente ocupa.
La convención estipula que se aplica a aquellos que descienden de personas que habitaron la nación antes de la colonización, que están separados cultural, social y económicamente del resto de la nación y que continúan siendo gobernados por sus propias costumbres. Establece que la "auto identificación como indígena" es fundamental para cumplir los criterios de la convención y, por lo tanto, obtener la protección que ofrece.
Hasemann viajó a las comunidades rurales que rodean el proyecto de Agua Zarca para entrevistar y observar a las personas que se verían afectadas por la represa.
Cada persona con la que habló se identificó a sí misma como Lenca. Estaba claro, dice Hasemann, que su identidad indígena era importante para ellos.
También descubrió que ninguna de las personas entrevistadas conocía los planes de DESA para construir la presa hidroeléctrica en sus comunidades.
Hasemann redactó su informe y afirmó que las personas en las comunidades que rodeaban el proyecto eran claramente indígenas, y según el Convenio de la OIT, su tierra estaba protegida. Deben ser consultados antes de que el proyecto comience.
Rodríguez leyó sus resultados y estaba furiosa. Él presionó a Hasemann para que cambiara sus hallazgos.
"¿Por qué dices que son indios?", Le preguntó.
Hasemann respondió: "Porque son indios".
"Necesito saber con quién [hablaste] porque esto es un problema", dijo Rodríguez.
Al negarse a cambiar sus hallazgos o revelar sus fuentes, Hasemann abandonó el proyecto sin recibir pago. Ella dice que después Ecoservise contrató a otro equipo de antropólogos que condujeron su propio estudio y descubrieron que la comunidad no era indígena. También recomendaron que DESA trasladara las instalaciones y las tuberías del proyecto al otro lado del río, donde la tierra pertenecía a las comunidades más pobres de un municipio diferente.
Tierra en disputa
El informe de Hasemann no era la primera vez en el proceso de concesión de licencias que se cuestionaba el estado de protección de la tierra. En marzo de 2011, el Instituto de Conservación de Bosques (ICF), un departamento de SERNA, agregó un solo apéndice a su aprobación del proyecto de Agua Zarca.
La adenda abordó el sexto punto del informe, que establecía que el sitio del proyecto estaba ubicado en un terreno protegido. Afirmó que se produjo un error al completar el informe y que debería haberse marcado "no" en lugar de "sí". El apéndice continuó para confirmar que la tierra no presentó ningún conflicto.
Otros departamentos de SERNA confirmaron que la región no estaba protegida durante todo el proceso de aprobación.
Déjà vu
Unos años más tarde después del primer enfrentamiento de Hasemann con Agua Zarca, la Fiscalía de Etnias recibió una queja de organizaciones activistas que alegaban que los empleados de la presa estaban maltratando a las comunidades indígenas y que su presencia era una violación del Convenio 169 de la OIT. La Fiscalía solicitó al Instituto Hondureño de Antropología (IHAH) que envíe un antropólogo a las comunidades para investigar las denuncias. IHAH envió a Hasemann.
Una vez más, Hasemann condujo por las carreteras serpenteantes desde Tegucigalpa hasta las remotas comunidades en el río Gualcarque. Entrevistó a 14 miembros de la comunidad, así como a representantes de organizaciones y funcionarios públicos en el área. Esta vez la gente sabía sobre una presa hidroeléctrica en el río, pero había mucha preocupación y confusión en torno al proyecto.
Muchos de los miembros de la comunidad expresaron su temor de que si hablaban en contra de la represa, los gobiernos locales y nacionales podrían eliminar los programas de asistencia social, como un programa de alimentos subsidiados en el que las familias confiaban.
Vieron el proyecto como politizado y creyeron que los políticos locales habían llegado a acuerdos con DESA a cambio de beneficios personales, como la electricidad para las casas de familiares y amigos. Algunas personas afirmaron que el alcalde de Intibucá había "vendido" tres de las comunidades a la empresa a cambio de tales beneficios.
La comunidad también expresó su frustración con el poder limitado que tenían para negociar. Dijeron que el gobierno no intervino para negociar en su nombre y proteger sus derechos. En cambio, los representantes del gobierno, como el alcalde de Intibucá, instaron a las comunidades a aceptar los beneficios que la compañía estaba ofreciendo, tan pequeños como lo eran en realidad.
Los miembros de la comunidad desconfiaban de las promesas de empleo, becas y mejores carreteras de la compañía. Además, estaban principalmente preocupados por la fertilidad de sus tierras. Si la represa alquilara sus tierras para sus tuberías y túneles, podrían perder su capacidad de plantar cultivos, lo que para la mayoría de la comunidad era su sustento.
Hasemann descubrió que las personas estaban confundidas sobre el proceso del proyecto de compartir información con el público. Esto se debió en parte a que había varias compañías hidroeléctricas y mineras en el área, y cada una tenía un nombre de proyecto, nombre de empresa y empresa de construcción diferentes. Cuando llegaron los representantes de las compañías, no siempre tenían claro exactamente qué compañía y qué proyecto debían discutir allí.
Hasemann dejó a las comunidades con una creciente preocupación por la lucha que los proyectos estaban provocando. Las comunidades se dividieron entre los que apoyaban los proyectos hidroeléctricos y los que se oponían a ellos. Hubo incluso divisiones entre las diferentes organizaciones activistas que se oponían a los proyectos hidroeléctricos. Los objetantes también informaron haber experimentado abuso y persecución en manos de los empleados de los proyectos.
Hasemann escribió sus hallazgos y entregó su informe a su jefe en IHAH, pero su jefe se negó a pasarlo a la Oficina del Fiscal para los Grupos Étnicos. Hasemann nuevamente fue perseguida por sus conclusiones sobre la presa de Agua Zarca. La Fiscalía finalmente obtuvo una copia del informe y se incluyó en los archivos de Agua Zarca en investigaciones posteriores.
Un Ambiente de Corrupción
A pesar de la controversia en torno a si los Lenca tenían un reclamo legítimo de la tierra, y si habían sido consultados adecuadamente sobre el proyecto, el proyecto de la presa de Agua Zarca navegó a través de todas las fases del proceso de licenciamiento ambiental.
El vicepresidente de SERNA, Marcos Jonathan Laínez Ordoñez, aprobó la licencia el 24 de marzo de 2011. En el documento, Laínez detalló tres condiciones que DESA debería cumplir antes de recibir la licencia oficial: 1) Pagar una tarifa de 87,817.63 lempiras (alrededor de $ 3,725) dólares al Tesoro Nacional, 2) Presentar "un Registro de difusión del proyecto, con la participación de las comunidades ubicadas en el área de influencia directa...", y 3) Cumplir con una lista estándar de medidas de mitigación.
Laínez firmó la licencia ambiental el 25 de marzo de 2011, un día después de la aprobación de la licencia. Esto sugiere que, o bien el Registro de divulgación (un informe sobre cómo se informó y consultó a la comunidad sobre el proyecto) nunca se entregó, y la licencia se extendió de todos modos, o que DESA completó el registro y lo entregó en un día.
Hubiera sido difícil completar el registro en solo un día, tanto por el corto tiempo como porque las comunidades no estaban dispuestas a aprobar el proyecto. El primer informe de Haseman muestra que las personas encuestadas en las comunidades ni siquiera estaban al tanto del proyecto. Las reuniones entre la comunidad y la empresa no se registraron hasta principios de 2011, según las actas de la organización COPINH de Cáceres. Incluso entonces, la comunidad estaba dividida en el proyecto. Esas reuniones continuaron mucho después de la aprobación de la licencia, sin llegar a un consenso.
De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, es responsabilidad del gobierno ver que las comunidades indígenas estén informadas sobre los posibles beneficios y daños de cualquier proyecto que utilice los recursos naturales en las tierras que tradicionalmente ocupaban. Aunque no se requiere la aprobación final de las comunidades, el acuerdo es de buena fe, que idealmente confía en el gobierno para mediar el conflicto entre las comunidades y las empresas y llegar a un compromiso que funcione para ambos.
Laínez firmó la licencia ambiental para Agua Zarca a pesar de la falta de una consulta previa. En mayo de 2012, Laínez fue acusada de abuso de autoridad por infringir el Convenio 169 de la OIT.
En 2012, DESA decidió aumentar el suministro de energía de la presa de Agua Zarca. Debido a que crearía más energía que la especificada en la licencia original, la empresa tuvo que buscar una segunda licencia ambiental. Incluso después de que Laínez había sido acusado de abuso de autoridad para el mismo proyecto, el nuevo viceministro de SERNA, Roberto Cardona Valle, aprobó y firmó la licencia ambiental para la adenda el 24 de enero de 2013.
Aún no se había llevado a cabo una consulta previa, y Cardona también fue acusada de abuso de autoridad en octubre de 2016.
En diciembre de 2011, nueve meses después de que Laínez firmara la licencia ambiental, se produjo otro acto de corrupción. El alcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez Meza, firmó el permiso de construcción para Agua Zarca. Con el permiso, DESA podría construir el proyecto en el sitio que había elegido, que estaba bajo la jurisdicción del Municipio de Intibucá.
Según los registros de las reuniones mantenidas por COPINH, Domínguez había sido un firme defensor del proyecto de Agua Zarca. Habló en reuniones con la comunidad como representante del proyecto para promover los beneficios que DESA prometió a la comunidad, como mejoras en las escuelas y suministros escolares gratuitos.
Las reuniones fueron un respaldo del proyecto, no una diseminación de sus beneficios y posibles daños o un intento de llegar a un acuerdo justo. Por lo tanto, no estaban comprendidos en el Convenio 169 de la OIT.
El 14 de abril de 2013, Domínguez fue acusado de abuso de autoridad por poner su firma en el permiso a expensas de los derechos de la comunidad indígena.
Más tarde, DESA tomó la decisión de mover el sitio de Agua Zarca al otro lado del río. Aunque la represa continuaría utilizando el mismo tramo de agua, sus tuberías, túneles y vertederos atravesarían la tierra del otro lado, colocándolo dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de San Francisco de Ojuera.
La Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, al igual que su vecina al otro lado del río, aprobó el permiso de construcción para la presa en su tierra. En diciembre de 2017, el Alcalde de la Municipalidad y otros tres miembros de la Corporación Municipal también fueron acusados de abuso de autoridad.
A pesar de las acusaciones de corrupción y la clara violación de los derechos indígenas en el proceso de concesión de licencias de Agua Zarca, el gobierno nunca revocó las licencias o los contratos de la represa. DESA continuó la construcción hasta julio de 2017, cuando suspendió la construcción debido a la tensión que rodeaba el proyecto. A menos que intervenga el Estado, DESA podría comenzar la construcción nuevamente legalmente en cualquier momento.
Funcionarios acusados
Información actualizada de los supuestos funcionarios que aprobaron con muchas irregularidades el proceso de conceción de licencias para la represa Agua Zarca.
