Claroscuro

Las vivencias de los pacientes en los hospitales son un problema que no solo se refleja en las condiciones del sistema sanitario, sino también en los hogares por la falta de cirugías y medicamentos.

Con respecto a la mora quirúrgica y los centros de especialidad, para enero de 2026 la Secretaría de Salud (SESAL) registró 10,902 cirugías en lista de espera, cifra que posteriormente se elevó a 10,948 pacientes, con un 48% dentro del rango de mora quirúrgica.

Los hospitales de especialidades albergan el 56% de la lista de espera total y el 69% de la mora nacional. Dentro de este grupo, el Instituto Nacional Cardiopulmonar registra un 86% de mora quirúrgica sobre su lista de espera.

La red sí está operando

En cuanto a las acciones institucionales e infraestructura, la autoridad sanitaria reporta que durante los primeros seis meses de gestión se ejecutaron más de 10,000 cirugías en la red pública. Asimismo, se recuperaron y pusieron en funcionamiento 101 quirófanos, mientras que 33 adicionales se encuentran en proceso de rehabilitación.

Para abordar esta problemática, de acuerdo con la SESAL, la reducción de la mora se ha estructurado mediante dos vías complementarias: la red pública y un Plan Piloto con proveedores privados, los cuales registran 360 cirugías completadas.

En cuanto al abastecimiento de medicamentos, en los últimos diez años se ha mantenido una ejecución presupuestaria superior al 70% del presupuesto aprobado. El punto más alto se alcanzó en 2025, cuando se logró una ejecución del 100% de los fondos destinados a este rubro.

Sin embargo, los esfuerzos no son lo suficientemente eficientes y funcionales para responderle a toda la población. Debido a esto, ASJ afirma que urge agilizar los procesos administrativos para brindar una respuesta pronta a los 10,948 pacientes que esperan por una cirugía en la red pública.

Si bien las medidas de emergencia permiten atender la crisis actual, el abordaje resulta insuficiente si no se atiende el problema estructural, por lo que se vuelve prioritario trabajar e implementar una propuesta de transformación integral del sistema de salud pública.

Bajo el mismo temor que se deja en la cancha después de jugar la potra con amigos, muchos hondureños caminan hacia sus trabajos, sus hogares e incluso los jóvenes a sus centros de estudio debido al control de las pandillas tradicionales —MS-13 y Barrio 18—, mismas que subcontratan a bandas locales de acuerdo con la zona.

Los barrios y colonias de Francisco Morazán son controlados principalmente por la MS-13, Barrio 18, El Combo que no se deja y Los M1. En Comayagua, las pandillas con mayor territorio son Los Pérez y Los Castillos. En Cortés, el terror es sembrado por la MS-13, Barrio 18 y Las Pelonas, mientras que en Puerto Cortés operan Los Coleman.

En medio de esta presencia criminal, las estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) contabilizan 1,575 homicidios registrados hasta el 17 de agosto de 2026, frente a 1,647 reportados en el mismo periodo en 2025; es decir, 72 casos menos.

Con esto, el promedio pasó de 7.19 homicidios diarios en 2025 a 6.88 en 2026, lo que representa una reducción del 0.31%.

El país no se comporta igual en todas partes

El promedio diario en 2026, de enero a julio, osciló entre 6.1 y 7.8 homicidios por día, siendo mayo el mes con el promedio diario más alto (7.8) y julio el menor (6.1).

De esa forma, la tasa anual proyectada para el año en curso es de 14.06, a pesar de que los primeros siete meses de 2026 muestran un leve descenso en el conteo total acumulado en comparación con el mismo periodo de 2025.

A pesar de los índices de violencia, un total de 83 municipios reportan cero homicidios entre el 1 de enero y el 16 de agosto de 2026. Los departamentos con más municipios con cero homicidios son La Paz, con 11; El Paraíso, con 10; Santa Bárbara, con 9; Francisco Morazán, con 9; y Lempira, con 7.

Por ello, desde ASJ se señala que el éxito de los operativos policiales no se traduce automáticamente en reducciones de la violencia homicida o en una mejor percepción de seguridad del ciudadano, y ante esto se piden resultados medibles que conformen una estrategia de seguridad integral que ataque la extorsión, los femicidios y el narcotráfico.

La preocupación de muchos docentes sobre el tipo de educación que reciben los niños y sobre la calidad de las instalaciones está respaldada por una tendencia de deterioro que se extiende más allá de la infraestructura escolar.

En los últimos diez años, la cobertura educativa disminuyó siete puntos porcentuales, pasando de 70% en 2014 a 63% en 2025. La tendencia de deterioro comenzó en 2017 y se agudizó en 2020 con la pandemia de COVID-19.

En 2025 se contabilizó que más de un millón de niños, niñas y adolescentes estaban fuera del sistema educativo, lo que equivale a que cuatro de cada diez están excluidos en Honduras.

La exclusión educativa es un problema nacional, pero cinco municipios concentran aproximadamente 300 mil jóvenes y niños fuera del sistema. El Distrito Central encabeza la lista con cerca de 114 mil casos, seguido por San Pedro Sula con 81 mil, Choloma con 47 mil, La Ceiba con 33 mil y Danlí con 25 mil.

Cobertura escolar

De acuerdo con datos elaborados por ASJ, la cobertura en educación básica alcanza el 80%, pero la cobertura en prebásica y media está por debajo del 40%.

En prebásica, para edades entre tres y seis años, la exclusión es del 64% y la inclusión del 36%. En básica, entre siete y catorce años, la exclusión es del 20% y la inclusión del 80%. En media, entre quince y diecisiete años, la exclusión es del 61% y la inclusión del 39%.

Ante esto, Honduras enfrenta un “efecto embudo”: muchos ingresan a la educación básica, pero pocos logran graduarse de la educación media. Estudios internacionales citados en las fuentes consultadas muestran que solo el 44% de quienes ingresan a la educación básica logran graduarse de la educación media.

Presupuesto para infraestructura escolar

Desde 2021, el presupuesto aprobado para infraestructura supera los L700 millones anuales, pero gran parte de esos recursos no se ejecutan. En 2021 y 2022 se gastó menos de la mitad de lo aprobado.

En términos de ejecución real, el gasto pasó de L99 millones en 2015 a L593 millones en 2025. Sin embargo, se notó una desactualización en los datos desde 2021.

Por ello, Anajansi Alvarado, experta en el área de educación de ASJ, explica que la baja ejecución presupuestaria responde a la falta de planificación, capacidad técnica y priorización de la gestión pública. El fondo que no se ejecuta puede ser destinado por la Secretaría de Finanzas a otra entidad que tenga déficit.

Asimismo, de acuerdo con Alvarado, la Secretaría de Educación —como ninguna entidad pública— recibe el presupuesto total en un solo desembolso, sino que va realizando solicitudes de fondo a la Secretaría de Finanzas para ejecutar el presupuesto asignado.

Los costos de una merienda y, de ser posible, de los tres tiempos alimenticios en la mesa con el salario de un hondureño son casi el malabarismo de la economía.

Para 2026, el salario mínimo promedio general en Honduras, calculado para una jornada laboral ordinaria de ocho horas y sin distinción de rubro específico o tamaño de empresa, se ubica en 14,917.20 lempiras mensuales.

Esto equivale a un ingreso promedio de 497.24 lempiras por jornada diaria y a 62.16 lempiras por hora trabajada.

Al contrastar este ingreso con el costo de los productos de primera necesidad, la brecha varía según el punto de compra.

Con esa misma selección de productos, adquirir la compra en la Feria del Agricultor y el Artesano representa un desembolso de 289.20 lempiras, mientras que en Feria El Lempirita el costo asciende a 292.50 lempiras.

El costo de esta misma compra se eleva considerablemente al acudir a las cadenas de supermercados. En Tegucigalpa, la suma de estos mismos productos alcanza los 381.90 lempiras, mientras que en los supermercados de San Pedro Sula el valor llega a 389.62 lempiras.

La diferencia refleja cómo un mismo conjunto de productos básicos puede consumir una fracción muy distinta del ingreso diario dependiendo del lugar donde la familia tenga acceso para comprar.

En las comunidades donde los apagones se volvieron parte de la rutina, la electricidad dejó de sentirse como un servicio estable y pasó a organizar las decisiones más pequeñas del día. La gente no solo espera que vuelva la luz: aprende a vivir pendiente de cuándo se irá otra vez.

La refrigeradora ya no se llena igual. Muchas familias compran menos alimentos o prefieren adquirir solo lo necesario para el día, porque un corte prolongado puede convertir la compra de la semana en pérdida. La duda aparece cada vez que se abre la puerta del aparato: si no enfría, guardar comida también se vuelve un riesgo.

Para los pequeños negocios, el problema se mide en mercancía. En el negocio de la esquina, los lácteos y las carnes dependen de congeladores encendidos para proteger la inversión. Cuando el suministro falla durante horas, el comerciante no solo pierde ventas; también debe decidir si remata productos, los descarta o asume el golpe económico.

La noche agrava esa sensación de fragilidad. Sin alumbrado suficiente, las calles se vacían antes, los niños intentan terminar tareas mientras todavía hay claridad y las familias cenan con velas, lámparas recargables o la luz del teléfono. Así, el apagón deja de ser un evento aislado y se convierte en una forma de ordenar la vida cotidiana.

Las pérdidas de energía trascienden las cifras oficiales de la ENEE y afectan la vida cotidiana de los usuarios, quienes pierden sus compras y adaptan su rutina a un servicio que continúan pagando. En 2025 se registraron 165 horas sin suministro eléctrico por usuario, cifra distante de las 8.7 horas de El Salvador y las 11 de Guatemala.

A estas interrupciones se suman inconsistencias en el cobro: a 350,000 de los 2,200,000 usuarios, un 15% del total, se les factura mediante un promedio y no por consumo real. Además, 292,000 usuarios permanecen sin medidor, a la espera de instalación o revisión de contador, provocando que la estatal deje de percibir L 4,714 millones.

Pérdidas que alimentan el déficit

En los sectores críticos se registra un promedio de 147 horas sin luz al año, frente a las 29 horas de la media nacional. De acuerdo con datos de ASJ basados en la Secretaría de Finanzas, la falta de inversión y el hurto representan el 33.6% de la energía comprada o producida, con un costo de L 15,109 millones en 2025.

Las pérdidas no técnicas, correspondientes a energía consumida y no facturada por defraudación, conexiones ilegales o manipulación de medidores, equivalen al 23.6%, es decir L 10,612 millones y 2,325 GWh. Las pérdidas técnicas atribuidas a fallas en cables y transformadores abarcan el 10%, equivalente a L 4,496 millones y 997 GWh por desinversión.

Esto genera el 75% del déficit recurrente de la empresa estatal. Entre enero y julio de 2026, las pérdidas representaron L 8,469 millones dentro de un déficit total de L 11,187 millones. Además, las pérdidas interanuales ascendieron desfavorablemente de 2,292 GWh en 2018 a 3,711 GWh para marzo de 2026.

Finanzas de la ENEE

En materia financiera, los ingresos por venta de energía, L 21,650 millones, cubren apenas el 65% de los gastos totales de la entidad, L 32,837 millones. Esta disparidad generó un saldo negativo de L 11,187 millones entre enero y julio de 2026.

La deuda de la ENEE aumentó L 20 mil millones en 28 meses, al pasar de L 104,718 millones en febrero de 2024 a L 124,458 millones en junio de 2026. Adicionalmente, entre mayo y agosto de 2026 se colocaron L 10,242.4 millones en nueva deuda a través de bonos institucionales.

El impacto operativo se focaliza en solo 20 circuitos donde se pierde un total de L 4,807 millones al año, lo que representa el 32% de la pérdida nacional. Ante ello, ASJ recomienda fijar una meta del 15% de reducción en dicha zona para recuperar L 3,401 millones anuales, equivalentes a 755 GWh/año.

Para dar seguimiento a la problemática, la iniciativa Potencia Honduras monitoreará de manera constante la recuperación financiera de la estatal. El objetivo del monitoreo busca evitar que los recursos provengan de impuestos o endeudamiento adicional destinado a saldar el déficit de la ENEE.

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